Luego de que esta mañana se concretara un nuevo
proceso de expulsión de migrantes irregulares en el país y que el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, señalara en un punto de prensa desde el aeropuerto que "hay una veintena de estas personas que están condenadas y van a conmutar sus penas", los obispos de la provincia eclesiástica de Antofagasta
manifestaron su rechazo y preocupación.
A través de un comunicado, contaron que desde febrero han observado "con mucho pesar las situaciones de detención y deportación que han sufrido personas migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana".
Además, puntualizaron que "con especial alarma hemos escuchado el anuncio del Gobierno que se llevarán a cabo 15 vuelos de deportación durante el 2021, el primero de los cuales tristemente se materializó el día 25 de abril del presente en la ciudad de Iquique".
Y es que para el proceso de expulsión de esta mañana, se pretendía trasladar a los detenidos desde Santiago y otras localidades hacia Iquique, para finalmente ser llevados a Venezuela.
"Son personas que estuvieron ligadas a tráfico de menores", sostuvo el secretario de Estado esta mañana y agregó que otros delitos que habrían cometido son tráfico de drogas, robo con violencia, entre otros, por lo que "tenemos que confiar en estos procesos que se han ajustado a derecho y respetan la dignidad de las personas".
Falta de legalidad
Asimismo, los obispos del norte grande acusaron que los procesos de detención y deportación "han adolecido de importantes vicios de legalidad".
Por lo mismo, "pedimos el respeto al imperio de la Ley que debe regir todas las actuaciones de los organismos del Estado". Más aún, esclarecieron, "cuando se trata de medidas que afectan la libertad ambulatoria de las personas que habitan el territorio nacional", dice el texto.
"Un proceder ajustado a derecho no es una opción en un Estado democrático como es la República de Chile, independiente si las personas involucradas son nacionales de otros países", continúa el escrito. En esa línea, explicaron que "así lo ha comprendido la excelentísima Corte Suprema, que ha manifestado reiteradamente la ilegalidad de los actos administrativos que expulsan a las personas migrantes y la forma en que su materialización se ha llevado a cabo".
En cuanto a eso, el ministro de Interior aseguró que "se cumple con todos los protocolos". En tanto el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, recalcó que la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es que no se hagan expulsiones colectivas "y Chile no hace expulsiones colectivas".
Adicionalmente, los obispos expresaron su preocupación, porque "la mayoría de las personas afectadas por estas políticas migratorias son nacionales venezolanos, quienes en su mayoría han salido del país de origen en condiciones prácticamente forzosas, convirtiéndose en personas que requieren especial protección por parte de los organismos internacionales y ciertamente nuestro país".
