"No había audio ni micrófonos para comunicarse, ni pantallas habilitadas para vernos. La deliberación y el funcionamiento resultó imposible y tuvimos que cancelar la sesión", aseguraron en una declaración pública los convencionales del PS, el PC y el FA. Por ellos, dijeron, solicitaron "la renuncia del ministro Ossa por el notable abandono de deberes y repetida falta de disposición hacia la Convención".
"Responsabilizamos al Gobierno de Sebastián Piñera por el permanente desinterés hacia el funcionamiento de la Convención", añadieron. Fueron, de hecho, más lejos: "exigimos al Gobierno la solución inmediata de lo solicitado y la renuncia del equipo completo. Francisco Encina gana un sueldo de 7 millones y medio, no ha hecho su trabajo y es un funcionario que está bajo la responsabilidad del ministro Ossa", añadieron.
Las teorías entre los constituyentes de la oposición comenzaron a aparecer de inmediato. "Hace seis meses que se está planificando esto y este equipo que gana 7 millones de pesos no ha sido capaz de entregar condiciones mínimas", dijo Jorge Baradit (IND-PS). "Incluso llego a pensar en un sabotaje", aseguró.
Figuras como Beatriz Sánchez (RD), Marcos Barraza (PC), Constanza Schönhaut (CS) y Bárbara Sepúlveda (PC) aparecieron en el punto de prensa de la tarde del lunes para condenar los hechos que tuvieron lugar el día de la convocatoria a la primera sesión de trabajo del órgano constitucional. "Que se hagan valer las responsabilidades políticas sobre el ministro Ossa mediante su renuncia inmediata y las responsabilidades administrativas del subsecretario Pavez y del funcionario Encina", dijeron.
La semana anterior, el Gobierno ya había tenido que defender la labor de Encina luego de que todos los convencionales de pueblos originarios pidieran su salida por considerarlo un "interlocutor cultural no válido". A esta petición se sumó el pleno de los más de 80 "constituyentes autoconvocados". Esta serie de hechos confirmaron una noción: que en sus primeras horas de funcionamiento, la Convención no solo le restó protagonismo al Poder Ejecutivo, sino que además están adoptando mutuamente una lógica antagónica.
"Irrelevancia delicada"
"Dos temas han tensionado la relación entre la Constituyente y el Gobierno: la protesta-represión del domingo y los inconvenientes para funcionar que tuvo la convención ayer", dice la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, Mireya Dávila. Lo primero, explica, fue superado, pero lo segundo "no se resolverá mientras la Convención no tenga las condiciones de infraestructura para sesionar".
"El Gobierno no estuvo a la altura de su responsabilidad, por lo que la Convención no es antagonista del Gobierno", puntualiza Dávila. Vislumbra, a partir de hoy, nuevos focos de conflicto: "La posible declaración sobre los presos de la protesta podría generar otros roces, sin embargo el Gobierno ya es 'pato cojo' y no creo que antagonizar a la Convención sea algo que lo saque de esta situación. Por el contrario, lo perjudicaría aún más", opina.
"Creo que la irrelevancia del Gobierno hoy no se puede imputar al tono de la Convención, aunque por supuesto esa irrelevancia sea particularmente delicada por el tono adoptado por la Convención"
Manfred Svensson
Una de las teorías que se manejaban previo a la puesta en marcha del órgano constitucional era que las luces apuntarían a la Convención y sería ella la que tomara las riendas de la agenda política en el país, lo que destinaría al Gobierno a una creciente "irrelevancia", algo que se pone parcialmente en duda con los hechos recientes.
"Yo creo que hay cosas que se cruzan y también cosas que hay que distinguir: la irrelevancia actual del Gobierno es parte de un hecho independiente del tono que adquiera la Convención", explica a Emol el director del Instituto de Filosofía de la U. de Los Andes e investigador del IES, Manfred Svensson.
"El Gobierno ha dirigido en sucesivos pasos y pese a múltiples advertencias esta situación. Creo que su irrelevancia hoy no se puede imputar al tono de la Convención, aunque por supuesto esa irrelevancia sea particularmente delicada por el tono adoptado por la Convención: tenemos un Gobierno sumido en la irrelevancia, pero sin embargo tiene que desempeñar un papel en esto, porque los intentos por transgredir los límites trazados ponen lo que estamos haciendo en una condición muy delicada", dice.
Una oportunidad "frágil"
"Si me dijeran qué le recomiendas al Gobierno hoy, mi primera reacción sería decir: 'en realidad, hemos llegado a un punto en uno ya no sabría qué recomendarle al Gobierno", dice Svensson. "Uno está pensando en que ha llegado el punto en que más bien le diría 'guarden la mayor reserva posible y no figuren mucho'. Ese sería el tipo de sugerencia que tendería a hacer".
"Salvo por esto: hay un papel fundamental que deben desempeñar y no solo ellos, sino todos los poderes del Estado y fuerzas políticas", continúa. "Es mantener la convención dentro de los límites que le competen", dice. En ese sentido, critica una actitud ciudadana de "puro entusiasmo" sin cuestionamientos ante el organismo. "No en todos hay la conciencia necesaria de lo delicado que es el momento y de lo frágil que es esta oportunidad para encauzar la crisis por vía institucional", advierte.
"Quizás el rol que está teniendo el Gobierno no solamente va de la mano con asuntos administrativos, sino también con temáticas de la contingencia que de alguna forma van traspasándolo a él y a la propia Convención"
Mario Herrera
"Hay que acostumbrar a los convencionales a ser objeto de escrutinio antes que objeto de aplauso fácil", asegura. "Podemos celebrar que los antes excluidos estén mejor representados, pero si eso se traduce en que dejamos pasar su errores —como los intentos por saltarse los límites de la Convención— entonces estamos perdidos", comenta. De lo contrario, asegura, hay "un riesgo muy grande de que ellos pierdan, tal como el Congreso lo perdió, el capital de credibilidad que tienen hoy para conducir cambios".
Es una tensión que también advierte el investigador del Centro de Análisis Político de la U. de Talca, Mario Herrera. "El hecho de que la Convención quiera hacer una declaración sobre los presos políticos también es inmiscuirse en temas que son de otro poder del Estado", observa. "Quizás el rol que está teniendo el Gobierno no solamente va de la mano con asuntos administrativos, sino también con temáticas de la contingencia que de alguna forma van traspasándolo a él y a la propia Convención", apunta.
"En ese sentido, el rol que tiene que tomar el Ejecutivo es uno solamente de asesoría en términos técnicos y administrativos. A la vez, la misma Convención debe tener un rol más bien de escucha activa de sus miembros y tratar de aislarse del resto de las variables que están ocurriendo en este momento. Van a redactar una Constitución para los próximos 40 o 50 años. No se tienen que hacer cargo de los problemas del día a día", opina.
