La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
El Mercurio/ Archivo.
En medio del debate por la liberación de los presos en el marco del estallido social, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, rechazó la idea de que el sistema judicial haya "criminalizado la protesta social", afirmando de paso que un preso político "no es quien destruye o ataque bienes públicos, incendia, saquea o roba" y defendiendo los procesos realizados en la región.
En una columna publicada este sábado en El Mercurio de Valparaíso, Perivancich recordó que en octubre de 2019 fue incendiada la Municipalidad de Quilpué, resultando con múltiples daños. De los cinco autores individualizados, aclaró que "solo dos de los imputados permanecen en prisión preventiva a la espera del juicio oral", cautelar que ha sido revisada en varias oportunidades, acotó.
"La pena que se está pidiendo en la acusación es de 20 años de presidio para cada uno. Estas dos personas son los únicos sujetos en prisión preventiva por hechos acaecidos en el marco del denominado estallido social en la región", añadió.
En relación al proyecto de ley en el Congreso, indicó que "se habla de presos políticos -o presos del estallido- fundado en que el sistema judicial habría criminalizado la protesta social. Nada más ajeno a la realidad. La Fiscalía solo ha cumplido con su obligación legal de investigar denuncias y ejercer la acción legal".
A su juicio, "esta pretensión de impunidad generalizada no tiene sustento. El sistema actual cuenta con todas las garantías para revisar situaciones donde se pudieran ver afectados los derechos de una persona. El fiscal nacional ha señalado que se le indique cuáles serían las personas presas injustamente y nadie ha respondido a esa interpelación, que hacemos nuestra".
"No confundamos conceptos, un preso político es quien está privado de libertad por sus ideas, por expresarse en contra el sistema, las estructuras de poder o la autoridad. No es quien destruye o ataque bienes públicos, incendia, saquea o roba", sostuvo.
Además, la fiscal expresa preocupación porque también se beneficie a otros condenados en la región y advierte que quedarían sin efecto, por ejemplo, "la condena al ciudadano norteamericano que disparó su arma de fuego en Reñaca; igual cosa a la condena por instalar un alambre de púas en el centro de Viña y el condenado por homicidio frustrado a un funcionario de la PDI, y a quien intentó atropellar tras atentar con la Fiscalía y PDI de San Antonio".
