SANTIAGO.- En medio de la instalación de la instancia, el Gobierno ha enviado una serie de oficios a la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, solicitando la autorización de compras de algunos implementos y servicios, así como recomendaciones relacionadas con las medidas sanitarias contra el covid-19.
Estos se suman a otros dos documentos enviados también por el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, donde se le proponen al órgano mecanismos para instalar temas de transparencia, lobby y probidad. A la vez que se le aclara a la Convención que no podrá destinar recursos para asesores ni otros gastos, hasta que no esté aprobado su Reglamento y se designe allí un comité externo que administre dichas asignaciones.
Autorización de compras
En dos oficios -del 7 y 8 de julio- Pavez solicita a Loncon autorización para llevar a cabo una serie de procesos compras, esto se señala "a fin de que la referida Convención cuente con el equipamiento necesario para su instalación y posterior funcionamiento", añadiéndose más adelante que son "necesarios para mantener la continuidad operativa de la instancia".
Aunque se recuerda que, "una vez instalada la Convención Constitucional, los recursos para su funcionamiento serán ejecutados a solicitud del órgano que su Reglamento determine, o su Presidenta, mientras no se dicte dicho Reglamento".
Entre las compras se destacan el arriendo de 2 generadores por 9 meses por $89.856.900; arriendo de 12 impresoras para el ex Congreso y el Palacio Pereira por 9 meses de $36.639.000; mejora del contrato aseo del ex Congreso por 9 meses por $8.056.500; la adquisición de 13 lockers dobles para ser usados por el equipo de trabajo de la empresa de seguridad por $711.465; adquisición de 900 porta credenciales para convencionales y funcionarios por $358.785; 155 tarjetas de identificación para los convencionales por $730.000.
Además, se incluyen insumos covid-19 para el Palacio Pereira y el ex Congreso Nacional por $15.000.000; insumos de operación para las mismas sedes por $25.000.0000 y diez separadores de filas, para la coordinación y distribución de filas y accesos por $400.000.
En otro oficio, luego se pidió autorizar la ampliación de contrato vigente con la finalidad de arrendar 4 impresoras adicionales para las salas de la Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría Técnica y Oficina de Partes de la Convención por nueve meses por un monto de $12.213.000.
Coordinación administrativa
En un tercer oficio con fecha de ayer, el subsecretario Pavez le pide a la presidenta de la Convención, "entablar formalmente instancias de coordinación administrativa, respecto a la ejecución del presupuesto asignado" al órgano.
En ese contexto, se explica que el Presupuesto 2021, "dispone que las contrataciones de personas relativas al "apoyo técnico especializado", serán celebradas a la sola solicitud del órgano que el reglamento de la Convención determine o de su presidenta, mientras no se dicte dicho reglamento, respetando criterios de transparencia, probidad y pluralismo. Es del caso señalar que, de acuerdo a lo referido en dicha ley, las personas que se contraten con cargo a dichos recursos tendrán la calidad de agentes públicos para todos los efectos legales, incluidas la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio de tales funciones".
Y se agrega que "mientras no se dicte el Reglamento referido en el inciso final del artículo 134 de la Constitución Política de la República de Chile y con la finalidad de prestar apoyo técnico para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional, es que se requiere formalizar mecanismos de comunicación y coordinación, con el objeto de dar continuidad operativa, en virtud de los criterios de eficiencia y eficacia que rigen a los órganos de la Administración del Estado".
Así, se solicitó que toda persona que se contrate, se formalice por escrito mediante oficio dirigido a la Unidad de Secretaría Administrativa, así como contrataciones de compras o adquisición de bienes o servicios.
Sobre las necesidades de los convencionales, se insta a darlos a conocer con la "anticipación debida". Mientras que se plantea "formalizar una instancia de coordinación administrativa con el Subsecretario, la Fiscalía Jurídica y la Secretaria Ejecutiva, todos de esta Secretaría de Estado, a efecto de dar seguimiento a todas las temáticas administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la Convención Constitucional y dar garantías respecto a un funcionamiento eficiente de ella".
Recomendaciones sanitarias
Además, el pasado 8 de julio la seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, envió también un oficio a Loncon, donde se abordan las condiciones sanitarias del ex Congreso Nacional donde sesionará la Convención, aclarándose en primer lugar que ésta "se ha de considerar como un espacio de trabajo, y no como un evento que tenga que ajustarse a los aforos que se establecen en el Plan Paso a Paso, ya que, funcionará de manera permanente por a lo menos durante los próximos nueve meses en las dependencias señaladas, se debe dar cumplimiento a las medidas sanitarias indicadas".
Tras la fiscalización hecha en la semana y verificarse la existencia de protocolos covid-19, la seremi entregó algunas recomendaciones que se deben "mantener de manera permanente". En primer lugar, se plantea" reforzar la señalética referida a las medidas de prevención, las que deberán estar visibles en todas las dependencias y pasillos que serán utilizados".
Segundo, está la "medición de temperatura e higienización de manos en los diferentes accesos de las instalaciones"; mantener ventilación natural y realizar sanitización de los espacios comunes entre bloques de sesiones de trabajo. "Para esto se recomendó que las sesiones de trabajo en el Salón de Honor, no se extendieran por más de 2 horas continuas, procediendo al término de éstas, al desalojo total de la sala para proceder a sanitizarlo y ventilarlo", así como no generar aglomeraciones.
También se recomendó que el servicio de café se realice en los patios del ex Congreso, "prohibiendo el consumo de alimentos al interior de los diferentes lugares de trabajo", pero aún en lugares abiertos se recomienda distanciamiento físico de al menos un metro y el uso correcto de mascarillas.
Finalmente, se plantea "implementar un protocolo para la detección de convencionales, funcionarios u otros asistentes", que presenten algún síntoma que pudiese ser asociado al covid-19.
Otro oficio firmado por María Grandón, jefa de División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, expone una serie de comentarios al protocolo sanitario propuesto por el Colegio Médico al Ministerio de Salud.
