"Se autoriza a la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich para que cite a declarar, cuantas veces sea necesario, al presidente de la República en actual ejercicio, don Sebastián Piñera".
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió así una solicitud de la persecutora en la causa donde se investiga una querella por eventuales delitos de lesa humanidad contra la población en medio de la crisis social de 2019.
La fiscalía ya tomó declaración a la mayoría de los querellados en este caso, que incluye a funcionarios del Ministerio del Interior y también del Alto Mando de Carabineros. Pero faltaba esta última diligencia que involucra al Presidente de la República.
Así se explica en la solicitud gestionada por Perivancich ante el juzgado, en la que se señala que "en el marco de la referida investigación los querellantes han solicitado la citación a declarar, entre otras personas, de S.E. el Presidente de la República. El Ministerio Público ha accedido a tal diligencia por estimarse pertinente y necesaria para el esclarecimiento de los hechos, como se comprende de la sola lectura de las querellas, de las normas de la Ley 20.357, demás normas citadas".
Sin perjuicio de ello, la persecutora agrega en el documento que "ya se ha coordinado con la defensa penal privada del Presidente de la República, abogado Samuel Donoso Boassi, día, hora y lugar para la práctica de la diligencia".
Y añade que "resulta necesario indagar si en los hechos se dan o no los supuestos normativos del tipo penal descrito en los artículos 1 y 2 de la Ley 20.357. En particular la existencia de un ‘ataque generalizado o sistemático contra una población civil’ que ‘responda a una política de Estado o sus agentes…’".
Sustenta la solicitud subrayando que "el artículo 24 de la Carta Fundamental establece que el Gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado y que ‘su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público’".
Sobre los involucrados en el caso que se investiga, detalla que el orden público estuvo a cargo del Ejército en el marco de la vigencia del estado de excepción constitucional decretada por el Presidente y que una vez que quedó sin efecto, este "volvió a ser ejercido por Carabineros de Chile", organismo policial que depende del Ministerio del Interior, el que se define como "colaborador director e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior".
"Evidente necesidad de la dirigencia"
Por último la fiscal argumenta que le corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación para determinar "la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado", realizando las diligencias necesarias y pertinentes para ello.
Y que para "materializar la citación del Presidente de la República se requiere cumplir con ciertas exigencias procesales que emanan del análisis conjunto de los artículos 23, 300 y 301 del Código Penal".
"El Presidente de la República en razón de su cargo, se encuentran exceptuado del deber de comparecer en la conformidad a lo dispuesto en el artículo 300 del Código penal pudiendo ser interrogado bajo la modalidad prevista en el artículo 301 del mismo código, esto es ‘en el lugar en el que ejercieren sus funciones o en su domicilio’", dice el escrito.
Añade que en este caso se necesita la validación de un juez por lo que pide "autorizar en razón de la evidente necesidad de la diligencia y cuantas veces sea necesario durante la investigación, la citación a declarar ante la fiscal regional que suscribe, del Presidente de la República don Sebastián Piñera".
