Seis universidades
con presencia en la región de La Araucanía hicieron un llamado a un proceso de diálogo "que permita
reparar y reconstruir las relaciones entre el pueblo Mapuche, la sociedad chilena y sus instituciones".
Se trata de la
Universidad Católica de Chile, Universidad Santo Tomás, Universidad de la Frontera, Universidad Autónoma de Chile, Universidad Arturo Prat y Universidad Mayor (conoce el documento
aquí y al final de la nota).
A través de un comunicado, sus representantes (Aliro Bórquez, Eduardo Hebel, Rosemarie Junge, Teodoro Ribera, Gonzalo Valdivieso, Emilio Guerra, Gonzalo Verdugo, Juan Pablo López y Héctor Vargas) sostuvieron que "tenemos que hacernos cargo de los problemas estructurales e históricos, para lograr una transformación genuina de la situación actual" en la zona.
En ese sentido, hicieron hincapié dos puntos claves: el reconocimiento de los pueblos originarios a nivel global y la situación actual de La Araucanía. "Han ocurrido significativos avances sobre el respeto universal por la identidad nacional y una progresiva valorización de la diversidad cultural como aporte de todos los pueblos originarios y sociedades tradicionales. A través de diferentes mecanismos como la OIT, UNESCO, entre otros, se ha consensuado que se deben respetar los derechos humanos de todos los pueblos, lo que implica asumir sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales".
En Chile, continuaron señalando, "la forma en que el Estado entró en relación con los pueblos originarios afectó severamente su derecho a la vida, territorios, identidad y estilo de vida".
Sin embargo, en el texto se explica que la situación actual en la zona es tanto por "errores y omisiones del pasado, como de la falta de reconocimiento de las realidades y consecuencias de la sociedad fragmentada que hoy Chile sigue viviendo". Por eso, acusan que las soluciones requieren de una "amplia e inclusiva" participación de todos en La Araucanía y el país, "en un diálogo sin exclusiones".
Según estas universidades, habrían problemas estructurales que necesitarían de respuestas políticas, por lo que requieren con "urgencia" un nuevo trato. "Se necesita respeto y reconocimiento hacia las autoridades ancestrales y territoriales", sentenciaron.
En esa línea, el vicerrector de la Universidad Autónoma sede Temuco, doctor Emilio Guerra Bugueño, dijo que "el conflicto en La Araucanía y toda la Macrozona Sur es un tema complejo, porque es un conflicto que no es nuevo, es histórico y tiene muchos actores".
Agregó que "desde las universidades tenemos una obligación ética de hacernos cargo de las situaciones problemáticas que se puedan vivir en la sociedad donde nuestra universidad se desarrolla y de esta forma proponer soluciones o espacios que nos permita llegar a un mejor acuerdo".
¿Cómo hacerlo?
Los firmantes plantearon buscar soluciones a través del diálogo. En ese sentido, reconocieron que "el camino puede ser dificultoso y necesita el compromiso de muchas personas e instituciones", pero de todas maneras recalcaron que "se necesita avanzar en un genuino diálogo intercultural".
Por ejemplo, mencionaron la Convención Constitucional, ya que la ven como una oportunidad para "incorporar en la nueva Carta Magna contenidos como el reconocimiento constitucional".
"Se requiere abrir los canales de participación para revertir la segregación política desde la institucionalidad. La participación de todas y todos es necesaria para prevenir situaciones de violencia", señalaron.
Y, en esa línea, sostuvieron que no se puede pensar que los proyectos políticos serán suficientes para llegar a acuerdos sólidos: "la paz duradera sólo puede lograrse cuando actuamos en post de la justicia a través del diálogo".
Desde la sociedad civil hasta los tres poderes del Estado
"El Estado de Chile tiene la responsabilidad en el origen y la evolución de esta crisis", mencionaron en el texto. Por eso hicieron un llamado a los tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Incluyeron además a los gobernadores regionales, los convencionales constituyentes, el pueblo Mapuche y sus autoridades políticas, espirituales, territoriales y nacionales, a la sociedad civil, las organizaciones sociales y comunitarias, a los sectores empresariales, gremiales, sindicales, a las comunidades universitarias, entre otros.
Para cumplir con los estándares apropiados de inclusión, experiencia, transparencia e imparcialidad, sugirieron que "el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, con sede en Noruega, convoque en forma independiente y neutral, a los distintos actores de la zona".
Todo esto, explicitan, con el fin de que se construya una "hoja de ruta que contenga los temas que sean determinados de acuerdo al desarrollo gradual del proceso".
"Lo que podemos esperar con este llamado al diálogo mediante una metodología que se ha probado en otras partes del mundo -que es la que emplea el Centro Nasen- es que podamos avanzar a la construcción de una sociedad más justa para todos", precisó el vicerrector Guerra.
En tanto, explicó que "la idea es que a través de esta metodología que tiene una serie de pasos, promovamos una mayor escucha, dialogar más, establecer sinceridad en los diálogos, porque conociendo al otro puedo acercarme y tener mayor empatía con ellos".
