SANTIAGO.- El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió al llamado que realizó Human Rights Watch (HRW) al Gobierno de Chile para que ponga fin a las "deportaciones sumarias de venezolanos" y asegure que "todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos".
La organización internacional publicó un documento en que menciona una serie de vulneraciones a los derechos de migrantes venezolanos que han sido expulsados del país, como impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y la separación de familias, entre otros.
Consultado al respecto, el subsecretario Galli manifestó que "yo lamento –con la relación bastante cercana que tenemos con José Miguel Vivanco y con Human Rights Watch– que no se nos haya consultado previamente respecto de las dudas que allí se expresan, porque podríamos haberlas aclarado".
En cuanto al llamado hecho por la entidad, la autoridad sostuvo que "se nos pide terminar con las expulsiones, y la verdad es que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile". "Lo que corresponde es que el Gobierno lleve adelante los procesos administrativos y, si ese proceso administrativo da como resultado la expulsión, lo que corresponde al Gobierno es hacer cumplir la ley y materializar esas expulsiones", afirmó.
Argumentó que "nuestra ley migratoria establece la expulsión como un resultado de graves infracciones migratorias en nuestro país", detallando que "hasta ahora tenemos 33 mil expulsiones decretadas, 13 mil de las cuales corresponden a personas que tienen antecedentes penales en Chile o en su país de origen".
"Si hay situación humanitaria no se materializa" la expulsión
En cuanto a los cuestionamientos de HRW por la forma de proceder al momento de las expulsiones, Galli afirmó que éstas se realizan "con pleno respeto al debido proceso" y que "en caso que hayan situaciones excepcionales, por ejemplo, un ciudadano extranjero que tiene vínculo con niños o adolescentes en Chile, no se materializa esa expulsión; una persona que tiene una situación humanitaria en nuestro país, no se materializa".
Sobre la acusación de que a los expulsados se les niega acceder a abogados o que se realizan esos procedimientos los fines de semana cuando los tribunales están cerrados, el subsecretario respondió: "De las personas que describieron en HRW, había una que había sido notificada con 18 meses de anticipación, el Estado de Chile le había dicho hace 18 meses que si no hacía nada lo iban a expulsar, y no hizo nada, hizo algo el día que lo fue a buscar la policía para materializar esa expulsión. Naturalmente, en un plazo de 24 horas la capacidad de análisis que tiene el Estado respecto de los antecedentes nuevos que pueda exponer esa persona es muy limitada; por eso tuvo 18 meses para poder exponer sus razones".
Pese a ello, la autoridad señaló que están dispuestos a realizar correcciones, de ser necesario. "Pero incluso, yo diría que si es que hay que corregir, lo haremos. Yo no tengo ningún problema", afirmó.
De hecho, señaló que en el caso de los inmigrantes irregulares que se auto denuncian –pensando que así van a poder regularizar su situación–, se agregó en el mismo formulario "un párrafo explícito para explicarles que el hecho de autodenunciarse implicaba reconocer la condición de irregularidad migratoria y, por lo tanto, podía dar lugar a una expulsión". "En el mismo formulario que ellos firman les decimos, desde el minuto uno, que haga todas las gestiones para poder regularizar su situación migratoria", enfatizó.
