Un proyecto de ley que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de los vecinos que se hayan visto afectados en su integridad física o psíquica por la vandalización de su entorno, como las denominadas "zonas cero", en diferentes regiones del país, presentó la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), encabezada por Leopoldo Pérez.
En ese contexto, el diputado RN Sebastián Torrealba, junto a una de las dirigentas de la "zona cero", se reunirán esta mañana con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, para pedirle el patrocinio del Gobierno a la ley y solicitarles ayuda en la implementación de planes para la reparación psicológica a los vecinos afectados por actos vandálicos tras el estallido social.
Al respecto, el diputado Sebastián Torrealba dijo que "el Estado no supo proveer seguridad en sectores de la población que fueron constantemente, y previsiblemente, víctimas del vandalismo y de la violencia que terminó destruyendo su modo de vida, socavando su integridad psíquica y el valor de su propiedad. A ellos debemos reparación. Aquí hay personas víctimas de la violencia, a las cuales el Estado les debe reparación y justicia. Se destruyeron sueños, emprendimientos, trabajos y vidas de muchas personas. A ellas le debemos ayuda".
De ser ley, la medida sería aplicable por situaciones ocurridas entre el 1 de octubre del año 2019 hasta la fecha de su publicación.
La iniciativa también contempla las mismas acciones reparatorias para aquellos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que han sido objetos de persecución penal o destitución de sus cargos con ocasión de denuncias o querellas deducidas por órganos del Estado, incluidos el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) o la Defensoría de la Niñez, que tras ser indagadas, fueron desestimadas por la Justicia.
En este sentido, el diputado Pérez dijo que "ha existido un uso abusivo de la persecución penal, particularmente por órganos del Estado a agentes policiales que se encontraban en labores fundamentales para el control del orden público".
Asimismo, agregó que "organismos del Estado como el Instituto Nacional de Derechos Humanos han deducido querellas con criterios laxos, y por lo mismo muchas están naufragando, con el consecuente derroche de tiempos y recursos públicos".
"Hubo un ensañamiento, particularmente contra Carabineros, con el consecuente perjuicio para la honra de la institución y sus integrantes. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, irónicamente, ha sido un agente vulnerador de derechos humanos, utilizando la persecución penal de manera liviana y sin rigor, arruinando la vida y la carrera de cientos de agentes policiales, a los que el mismo Estado puso en una situación límite", finalizó.
