La Convención es hoy, tras un mes y medio de trabajo, menos valorada en su cometido por la opinión pública. Esto puede deberse al olvido, por algunos, de su deber de proteger a todos los ciudadanos, circunstancia reconocida por el convencional Fernández esta semana al identificar "…sectores que tienen más interés en exaltar sus propias identidades para sus propios públicos que tejer en conjunto".
Quien transgrede el deber de velar por todos y opta por intereses parciales y subjetivos infringe una variable cierta del principio de probidad, que el legislador concibe, precisamente, como el desempeño de cargos públicos "con preeminencia del interés general sobre el particular".
Es que, a fin de cuentas,
el bienestar de una sociedad democrática descansa en el reconocimiento de todas sus agrupaciones. De ahí que la noción griega de polis, surgida de un "todo" territorial, fue complementada con las ideas romanas de
civeso populus, que identifican y reconocen a los grupos humanos que forman parte esencial de ese todo. Entonces, no deja de pertenecer a la polis quien integra alguna de sus colectividades. La idea misma de comunidad, enseña san Agustín, refiere a la concorde unión de lo diverso en torno a las cosas amadas, aquellas de interés compartido.
La unión esencial e indisoluble del bien de todos con el de cada uno, conocida como bien común, determina que el representante de todos lesiona el bienestar general cada vez que desconoce el bien legítimo de un grupo. A ello aspiraba Rousseau: "Importa, pues, para tener una buena exposición de la voluntad general que no existan sociedades particulares en el Estado…".
De otro lado, cuando un grupo instrumentaliza su posición institucional para alcanzar objetivos de hegemonía, separación o exclusión de otros, negando la pluralidad que dice enarbolar, se produce una lesión al bien común tan grave como la anterior: el interés del todo es abrogado por el de una de sus partes.
El interés por reconocer a los pueblos originarios ha llevado a algunos al extremo de sacrificar emblemas y tradiciones que honran a la polis de todos (república, himno patrio, bandera), como si la ciudadanía chilena fuera incompatible con el linaje indígena. Una postura tal llevaría a que el Estado de Chile, que se separó de la Iglesia, retroceda al punto de identificarse con culturas dignas de protección, pero no representativas de la mayoría mestiza del país, integrada también por estamentos postergados como los obreros y asalariados que bien visibiliza Gabriel Salazar.
El reconocimiento a la pluralidad de etnias es positivo cuando resguarda sus costumbres, idiomas, tradiciones o propiedades, pero es perjudicial cuando diluye la patria o nación común y traspasa poderes que solo corresponden al titular soberano del interés público. Los fueros especiales para pueblos deberían reconocer sus derechos ancestrales ante la comunidad y no concederles nuevos poderes sobre esta. Ya Aristóteles criticaba la ciudad que niega su generalidad cuando se convierte, primero, en una casa, luego, en una familia, y finalmente en un hombre… "aunque alguien fuera capaz de hacer esto, no debería hacerlo, porque destruiría la ciudad".
Asimismo, la propuesta de aprobar lineamientos generales propios de un preámbulo con menos de dos tercios de los votos, desconociendo su carácter normativo, revela un abuso de la forma constitucional. Atria define este vicio como la aprobación de normas sin la validación popular requerida por "alguien que tiene el poder en ese momento y que quiere asegurarse de su vigencia cuando haya perdido ese poder". Escudarse en que estas orientaciones no son normas jurídicas, con el propósito de forzar quorum inferiores sobre temas fundamentales, denota mala fe constitucional.
Los representantes del pueblo en ninguna instancia pueden descuidar ni traicionar el interés general. Como alertaba Silva Bascuñán, "centrar la organización y la marcha política en los cuerpos intermedios sería desnaturalizar la razón y objetivos de estos e introducir el combate cívico en el interior de ellos".
En suma, legítimamente cabe pedir a los integrantes de la Convención Constitucional ser, antes de nada, estadistas.
