El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, se refirió esta mañana a la crisis migratoria que se vive en el norte del país, principalmente en la comuna de Colchane, Región de Tarapacá, donde personas de distintas nacionalidades ingresan por pasos no habilitados. "Al Gobierno no le cabe sino hacer cumplir la ley, y el ingreso clandestino o por paso no habilitado hasta hace poco tiempo era delito en Chile y, hoy día, es una grave infracción migratoria", acusó.
"Esto tampoco es nuevo", aseguró. "Nosotros tomamos medidas a fines de febrero, inicios de marzo de este año, a raíz de un ingreso importante de ciudadanos extranjeros a través de la frontera, sin respetar nuestra legislación".
Según explicó, están trabajando a través de la Cancillería con los gobiernos de los países de Latinoamérica, "porque esto tiene una causa, una fuente". En ese sentido, aseveró que "el 90% de los extranjeros que ingresan a nuestro país son venezolanos. Entonces claramente, hay una causa que
está en la crisis social, económica y de derechos humanos que existe en Venezuela y, por lo tanto, mientras eso no se solucione obviamente ellos salen de su país en busca de oportunidades, pero también con lo que están haciendo nuestros países vecinos en materia de control de sus fronteras".
Con todo, sostuvo que lo que corresponde al Gobierno es tomar medidas antes de la frontera, pero también durante y después. "Eso es lo que hicimos junto con las Fuerzas Armadas para establecer puertos de control estrictos tanto en la frontera de Arica y Parinacota como en la frontera de Tarapacá, pero además, hay que tomar medidas una vez dentro", enfatizó.
Según explicó el subsecretario, "lo primero fue priorizar las razones sanitarias, entonces todas esas personas pasan por un control estricto y que esas personas no sean un factor de riesgo para efectos del contagio de covid-19; pero en segundo lugar, una vez dentro, esas personas deben someterse a la legislación chilena que establece el ingreso clandestino a nuestro país como una infracción grave que da lugar a la expulsión".
Y reiteró por qué consideran pernicioso el ingreso por pasos no habilitados, señalando en primer lugar el riesgo para la vida e integridad física. "Han fallecido, lamentablemente, personas intentando ingresar en nuestro país, porque esos ciudadanos extranjeros probablemente no conocen las condiciones extremas que se viven en la frontera del norte de nuestro país en la cordillera", aseveró.
En segundo lugar, dijo que son víctimas de redes de tráfico de migrantes: "Tienen que pagar dinero a inescrupulosos extranjeros, pero también nacionales, que les cobran para ingresarlos a nuestro país ilegalmente".
Asimismo, señaló que una vez dentro, se exponen a una expulsión, "porque al Estado de Chile no le cabe más que hacer cumplir la ley y aquellas personas que infringen gravemente nuestra legislación migratoria se someten a un proceso que puede terminar en su expulsión".
Y, por último, que "estas personas quedan en la peor situación de precariedad en nuestro país. Son víctimas de abuso laboral muchas veces que puede llegar incluso a la trata, son víctimas de cobros extraordinarios tanto en medios de transporte, como también en arriendos y, por eso mismo, nosotros somos tan enfáticos en desincentivar el ingreso clandestino a nuestro país".
