A las 17:40 horas de este jueves, el convencional Rodrigo Rojas Vade abandonó el Cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones (PDI) tras declarar por más de tres horas en el marco de la indagatoria abierta en su contra por perjurio, luego de que mintiera sobre su estado de salud.
Tal como ocurrió cuando llegó al recinto policial, el representante del distrito 13, que reconoció que no padece cáncer, se retiró sin realizar comentarios a la prensa apostada en el lugar, que buscaba una reacción en medio de su primera reaparición pública tras casi dos semanas.
Quien sí se refirió al proceso fue su abogado,
Tomás Ramírez, quien señaló que "se trató de una declaración bastante larga, dónde se tocaron todos los temas, tanto del perjurio como de las circunstancias de su llegada a la Convención, de su historia personal y también de las actividades solidarias con las que fue apoyado".
"Los diagnósticos, las hospitalizaciones, los costos, fue una declaración bastante completa y por lo tanto bastante larga. Se entregaron los antecedentes que nos solicitaron y lo que corresponde ahora es que la policía haga más diligencias", añadió.
En cuanto a si cree que Rojas pueda ser formalizado, sostuvo que "nuestra posición es que no debiera ser formalizado una vez que la fiscalía tenga todos los antecedentes. La formalización es un acto donde la fiscalía no señala que tiene absolutamente todos los antecedentes".
Consultado sobre si hubo delito o no, Ramírez indicó que "aquí hay un tema jurídico importante que es el siguiente: Rodrigo Rojas efectivamente no entregó información real respecto de su diagnóstico y su tratamiento, son distintos a los que él informó. Sin prejuicio de eso, esta conducta de entregar la información que él entregó en la declaración jurada, a nuestro juicio, ni siquiera es una falta administrativa si se le aplicarán las normas de cualquier funcionario público".
"Desde ese punto de vista no tiene ningún sentido que sea perseguido penalmente, por una conducta que no es relevante del punto de vista administrativo, ni siquiera para iniciar un procedimiento. Hay dos cosas ahí, primero es que la obligación legal tiene que ver con declarar el pasivo, eso fue lo que él realizó, y en relación a rectificación, a partir de un documento que emana la CMF, pero eso es por un lado, no existe esa obligación", agregó.
En esa línea, recalcó que "cualquier funcionario público puede rectificar en la Contraloría, ni siquiera puede iniciar un procedimiento en su contra. Solamente en aquellos casos que se exige al funcionario rectificar y no lo haga, recién ahí se puede iniciar un procedimiento en su contra y aplicar sanciones".
"Aquí hay una confusión, evidentemente por un tema jurídico específico que trata de lo siguiente: hay infracciones que son relevantes penalmente y otras administrativas. Y unas muy distintas en donde tienen una relevancia superior. Este caso ni siquiera tiene relevancia administrativa", concluyó.
