Debate está generando en el Biobío la intención de la Universidad de Concepción (UdeC) de llegar a un acuerdo reparatorio con doce personas que fueron detenidas, entre febrero y marzo del año pasado, tras protagonizar destrozos al interior del campus penquista, incluyendo daños a zonas patrimoniales que son monumento nacional.
Los imputados –seis de los cuales son menores de edad– cumplieron prisión preventiva durante el último trimestre de 2020 y hoy se encuentran con medidas cautelares.
Actualmente, el Juzgado de Garantía de Concepción lleva adelante un juicio oral en contra de los doce imputados, y ya se fijó la audiencia de preparación para el 23 de noviembre.
No obstante, en los últimos días se conoció que la rectoría de la Universidad de Concepción inició conversaciones con los involucrados con el fin de lograr un acuerdo reparatorio para dar por terminado el juicio, informa diario "El Sur" de Concepción.
El rector Carlos Saavedra explicó que buscan mantener el diálogo abierto, lo cual es respaldado por gremios cercanos a su gestión. El presidente del Sindicato N°1 de Trabajadores de la UdeC, Espedio Ibáñez, si bien condenó los hechos de violencia, recordó que "fuimos los primeros en firmar, a principios del año pasado, una carta donde pedíamos levantar las demandas y buscar soluciones al tema de los presos en el marco del estallido social dentro de la universidad". "Es necesario conversarlo porque es un problema humano", sostuvo.
Mientras que la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Académicos Enrique Molina Garmendia emitió un comunicado en que señala que "nos parece que el camino del diálogo por el cual ha optado la rectoría de la UdeC es una muestra de consistencia con los principios de humanismo, democracia y equidad que sustenta a esta institución".
Además, seis convencionales constituyentes –Hugo Gutiérrez, Bastián Labbé, Tania Madariaga, Manuel Woldarsky, Giovanna Grandon y Alejandra Pérez– firmaron una carta donde solicitaron al plantel ratificar el acuerdo y levantar las medidas cautelares contra los imputados. "Reconocemos que este proceso histórico ha evidenciado en su forma de manifestación también el nivel de desigualdades de todo tipo que hasta hace poco no podíamos ver", argumentan.
En tanto, la semana pasada se conocieron varias críticas de distintos sectores de la UdeC ante el posible acuerdo reparatorio. El candidato de Comunidad Atenea de la rectoría, Jorge Fuentealba, manifestó que "no entendemos el fundamento tras el cambio de actitud que terminará en un acuerdo con una cláusula de confidencialidad".
Tras el rechazo de algunos sectores dentro y fuera de la comunidad universitaria, el directorio corporativo de la casa de estudios realizó durante la tarde de ayer una sesión extraordinaria para abordar la situación, y pedir al rector Saavedra explicaciones sobre el posible acuerdo con los involucrados.
Delegación Presidencial se mantiene como querellante en la causa
Ayer se realizó una audiencia en el marco del juicio, en que el Juzgado de Garantía de Concepción permitió a la Delegación Presidencial Regional mantenerse como querellante en la causa. Esto estuvo en duda debido a la presentación tardía de cargos por parte de la Delegación, pero ayer el tribunal determinó que los argumentos para justificar dicho retraso eran válidos.
El delegado presidencial, Patricio Kuhn, indicó que "estábamos convencidos de la favorable acogida del tribunal para ser parte de una querella, en un juicio por hechos muy graves. No solo se dañó el patrimonio de la UdeC, sino de todos los penquistas y reconocido a nivel nacional, acusados de delitos graves como el porte de bombas molotov, armas y destrucción de monumentos nacionales".
Ante la decisión del tribunal, Esteban Arévalo, abogado que representa a parte de los imputados, dijo que la permanencia de la Delegación Presidencial en la causa "confirma lo que sostenemos, que éste es un juicio de carácter político, porque la Delegación representa al Presidente de la República. Además, confirma que estos imputados que están con medidas cautelares que restringen su libertad son precios políticos".
