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Contraloría General de la República (CGR) salió a explicar esta jornada su rechazo al Decreto 249 que el Ejecutivo envió ayer para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur, ante los hechos de violencia y el término del estado de excepción constitucional decretado por la pandemia del covid-19 y que se extendió por 18 meses.
Ayer, el órgano de control que dirige el abogado Jorge Bermúdez no tomó razón del documento presidencial -fechado el 29 de septiembre- por "inconstitucional", debido a que autorizaba la presencia militar para operaciones de orden público, para lo cual existen otras vías administrativas, según explicó.
Fue así que la CGR señaló, a través de una declaración pública, que "está preocupada por la situación que se vive en la Macrozona Sur del país, y por lo mismo, empatiza con las personas que viven, trabajan y transitan por dicho territorio".
"El último día de vigencia del estado de excepción constitucional, que permitía la acción de las Fuerzas Armadas en sectores de La Araucanía, el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, la Contraloría al realizar el control de legalidad, no tuvo otro camino que representar dicho acto administrativo", añadió.
En este sentido, sostuvo que respecto del rol de las Fuerzas Armadas en la zona norte, el Decreto 265 -tomado razón con alcance el 6 de agosto de 2019- y que el Gobierno recuerda como una medida que la Contraloría ya autorizo, a diferencia de la que busca para el sur, "establece la colaboración militar única y exclusivamente en la frontera frente a amenazas externas".
"Por el contrario, el Decreto 249 buscaba autorizar la acción de las Fuerzas Armadas explícitamente en labores de prevención de delitos y control del orden público en provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía", subrayó.
Finalmente, indicó: "Es importante recalcar que el rol de la Contraloría es verificar el apego de los órganos de la Administración del Estado a la legalidad vigente, mientras que la responsabilidad de garantizar el orden público en el país corresponde al Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco legal".
Gobierno podría recurrir al TC
En respuesta, el coordinador de seguridad para la macrozona sur, Pablo Urquízar, reiteró que el Gobierno está analizando todas las vías para revertir el fallo, y que incluso se estudia recurrir al Tribunal Constitucional.
"Como Gobierno estamos analizando y evaluando todas y cada una de las acciones posibles, incluidos los medios de impugnación, donde está también disponible el Tribunal Constitucional, como lo contempla el artículo 93 N°3 de la Constitución, para impugnar la decisión de Contraloría", señaló la autoridad.
En ese sentido, explicó que "necesitamos el actuar del Estado en conjunto, necesitamos que el Estado deje dar señales equívocas a las víctimas. El enemigo común es el terrorismo, es el crimen organizado, es el narcotráfico, dejemos de dar señales equívocas".
"Hay terrorismo, crimen organizado y narcotráfico que afecta diariamente (a los habitantes de la zona). Por lo tanto, el actuar de las FF.AA. resulta fundamental para poder cooperar en ese combate", profundizó el coordinador.
