Escribo esta columna mientras la Convención Constitucional sigue votando el articulado de su reglamento, después de una pequeña interrupción la semana pasada debido a la aparición de unos casos de covid-19 entre los convencionales. Han pasado ya tres meses desde su instalación y, si no hay novedades, el 18 de octubre el órgano podrá comenzar a escribir, finalmente, la propuesta de nueva Constitución.
El sábado pasado tuve la oportunidad de participar en un foro de Radio Sombras, radio comunitaria de Melipilla que forma parte de la campaña Chile Constituyente: Nuestro Futuro, Nuestra Constitución, que transmite la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile.
En la ocasión conocí a Pedro Ulloa, dirigente del movimiento Juntos por el Agua, que desde el año 2003 ha levantado la causa del derecho al agua desde la provincia de Melipilla. Hoy son parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, que agrupa a decenas de movimientos y organizaciones sociales de todo Chile.
Cuando Víctor Berríos, el locutor, nos preguntó cuál era nuestra evaluación de lo avanzado hasta ahora por la Convención Constitucional, Pedro fue enfático en decir que a él y a sus compañeros este proceso los llena de esperanza, que es el resultado de la organización social; que ellos como movimiento ya habían organizado más de 80 cabildos antes del estallido social; que tenía claro que esto era solo el comienzo, pues una vez aprobada la nueva Constitución, vendría la otra parte del camino; que sabía que la Constitución no resolvería todos los problemas, pero que para iniciar los cambios por los que llevaban tantos años luchando, sí era necesario cambiarla; y que él esperaba que este proceso constituyente le permitiera legarles a las futuras generaciones un país mejor.
No había ni candidez ni enojo en sus palabras, pero sí la firmeza de quienes se sienten responsables de la historia y que saben que han sido parte de su construcción.
Traigo esto a colación porque a veces me da la impresión de que se nos olvidara qué fue lo que detonó este proceso constituyente. Parece que la farandulización de la política, que tanto criticamos, nos hubiera hecho concentrarnos en los problemas o miniescándalos que han ocurrido en estos tres meses, y que se nos nublara la vista para ver los avances, el trabajo incansable de los y las convencionales, cómo se ha comenzado a tejer la trenza que debiera darnos como resultado la primera Constitución Política de la República de nuestro país construida de manera democrática, participativa e institucional.
Parece que de pronto olvidáramos la larga crisis política que dio paso al estallido social de octubre de 2019: el movimiento pingüino el año 2006; los distintos movimientos sociales que irrumpieron en 2011, entre los que se encontraban movimientos ambientalistas, el masivo movimiento estudiantil y movimientos por la diversidad sexual; cómo en 2013 la discusión constitucional se tomó la campaña presidencial; el fallido proceso constituyente de la Presidenta Bachelet; los quince años de discusión sobre nuestro sistema de pensiones; la dificultad que han enfrentado los últimos cuatro gobiernos para gobernar el país y a sus mismas coaliciones, debido al choque constante entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.
En definitiva, una larga crisis que fue minando la confianza y legitimidad en las instituciones políticas y en la capacidad transformadora de la democracia. No son todas, pero sí son algunas de las causas que nos llevaron al 18-O, la más grave crisis social y política que ha enfrentado Chile desde el término de la dictadura.
Entonces, me pregunto: ¿no debiéramos estar todos como Pedro, esperanzados con el proceso? Porque ¿cuál era la alternativa que teníamos como país para reconstruir un pacto social quebrado? ¿Cómo reconstruimos las confianzas como comunidad política, si no es a través de este proceso? ¿Significa eso que debemos ser acríticos de todo lo que ocurre en él? Por supuesto que no; es más, tenemos la responsabilidad histórica de cuidarlo y huir de los maximalismos que de tanto en tanto aparecen, de contener la sensación de revancha que a veces se cuela en algunas discusiones y propuestas, de contribuir para que el resultado sea una Constitución que abra las posibilidades a la política, en vez de cercenarlas, como lo hace la actual, y de colaborar para que no sea el resultado de la suma de diversos intereses, sino ese espacio común de lo que compartimos.
Para eso es importante que todos entendamos que estamos en un proceso que no es solo jurídico, sino también político. Las normas por sí solas no tendrán ninguna importancia, nuevamente, si no logramos que estén validadas por mayorías contundentes, construidas no por la fuerza o el miedo, sino por la voluntad soberana de la construcción colectiva, por la porfía de que —pese a los dolores, los silencios y las injusticias vividas— seremos capaces de construir un nuevo “nosotros” del cual sentirnos orgullosos, no basado en las categorías del pasado ni que reniegue, por cierto, de nuestra historia, pero anclado en
esa voluntad poderosa y generosa de construir un futuro juntos y juntas.
