La Convención Constitucional asumió hace unos días un llamativo compromiso: aprobó declarar al organismo en Estado de Emergencia Climática y Ecológica, lo que implica redactar la nueva Carta Fundamental en un contexto de crisis climática.
Así,
se deberán tener presentes en los debates de cada comisión las garantías de educación ambiental, prevención, precaución, no regresión, mitigación, adaptación y transformación para enfrentar la crisis climática y de los ecosistemas.
En este escenario, la discusión en torno a la gestión del agua en el país promete ser uno de los debates más intensos.
Panorama hídrico
Según la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, la agricultura es el principal usuario del agua en Chile, con un 72% de todo lo que se consume al año. La industria sanitaria, en cambio, usa el 11% para abastecer a casi 5,7 millones de hogares en las zonas urbanas de todo el país.
Los datos de la industria sanitaria muestran que el país mantiene una gestión del recurso bien posicionada a nivel internacional. Así, por ejemplo, el 99,9% de la población urbana tiene cobertura de agua potable y el 97,3% tiene cobertura de alcantarillado.
De hecho, Chile encabeza el ranking de saneamiento en la región, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. En tanto, quienes habitan fuera de las zonas urbanas son abastecidos por sistemas de Agua Potable Rural, cuya instalación está a cargo del Ministerio de Obras Públicas.
Probablemente el mayor desafío para el país en materia hídrica es la sequía, que cada año rompe un nuevo récord. Chile ya acumula los diez años más secos desde que se tiene registro de precipitaciones: 1915. Así lo confirma René Garreaud, el subdirector del Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia (CR2) de Chile.
Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la UDD, explica que la megasequía afecta principalmente al valle central, donde se encuentra el 70% de la población nacional y las principales actividades industriales agrícolas. Si no hay cambios, "podríamos vernos obligados a tener racionamiento", advierte.
Para Ulrike Broschek, líder EH2030, "en Chile se podrían hacer muchas más cosas para abordar la crisis hídrica, principalmente porque solo el 12% de las causas de los problemas de brecha y riesgo hídricos se deben a la situación climática y el 44% están asociadas a una inadecuada gobernanza del agua, una institucionalidad débil y falta de coordinación entre los distintos sectores implicados en la gestión de los recursos hídricos", afirma.
Entre lo que se puede mejorar, comenta Broschek, "está el desacoplar la demanda de agua del desarrollo económico. Es indispensable transformar los procesos productivos para que funcionen con menos agua y menos suelo", dice.
En Chile la eficiencia en riego en la agricultura llega al 50%, es decir, se pierde la mitad del agua, mientras que el estándar internacional es de 90% de eficiencia. "Si en el país esa cifra mejorara y alcanzara el 70%, permitiría dejar disponibles 162 m3/s de agua para abordar la brecha hídrica actual y futura", precisa.
Derecho humano y propiedad
Un aspecto que suele surgir en los debates en torno al agua es la necesidad de que en la nueva Constitución se priorice el consumo humano por sobre cualquier otra actividad.
Para el abogado y ex director general de aguas Matías Desmadryl, esto, en la práctica, ya ocurre. "Chile suscribió el derecho humano al agua ante la ONU en 2010. Esto ha sido ratificado por la Corte Suprema en varios fallos recientes, al obligar al Estado a proveer-asegurar 100 litros por segundo diarios por persona (caso Petorca). Adicionalmente, el proyecto de ley aprobado en el Senado y Cámara de Diputados y ahora en comisión mixta para discutir algunos cambios menores, introduce otra serie de normas que concretan aún más este deber del Estado".
Desmadryl afirma que "dada esta situación, el Estado está invirtiendo y debe invertir aún más en infraestructura necesaria para asegurar este derecho" y añade que "el deber del Estado ya está. El derecho humano al agua, así como también el carácter público ya están consagrados a nivel legal, y al elevarlos a nivel constitucional lo que se hace es darle un reconocimiento aún mayor, pero en los hechos, nada cambia".
El abogado Arturo Fermandois no es partidario de constitucionalizar los detalles del régimen del agua; sin embargo, comenta que cualquiera sea el régimen que se defina, cree ineludible mantener una adecuada certeza jurídica del derecho que permita su aprovechamiento.
"Hemos asistido a una campaña insistente contra un supuesto derecho de propiedad del agua, cuando en realidad el agua es inapropiable. Muchos ignoran que el agua ha sido bajo la actual Constitución un bien nacional de uso público, no susceptible de derecho de propiedad. Es bueno que esto continúe así. Y lo que se entrega en dominio es el derecho de aprovechamiento, cuyo marco lo define la ley, no la Constitución", explica.
Asimismo, agrega que una nueva Carta Magna que deteriore la certeza, haga frágiles los derechos o estatice de tal forma el sistema, impedirá la mejor asignación del agua para el bien común.
Debate convencional
La discusión está instalada entre los constituyentes. En general, e independiente de su tendencia política, los convencionales concuerdan en dejar estipulado en la Constitución el que se priorice el consumo humano, aunque también hay disensos.
Alfredo Moreno (ind. en cupo UDI) asegura que debe establecerse una forma de distribuir el agua que entregue certezas a los inversionistas. Eso quiere decir, explica, que la figura que hoy rige en Chile respecto de derechos sobre el uso de agua debe continuar.
"Yo mantendría los derechos de propiedad por sobre los derechos de aprovechamiento de agua de manera que quienes deben invertir y trabajan en el mundo agrícola puedan realizar las labores necesarias", dice.
En la misma línea, Jorge Arancibia (UDI) coincide con que el recurso hídrico debe ser priorizado para consumo humano, para luego considerar el apoyo al desarrollo agrícola y minero y "bajo esa lógica, creo que podemos seguir operando con derechos de propiedad".
Una mirada opuesta tiene Juan José Martin (INN), quien afirma que Chile mantiene una gestión insuficiente del agua, "porque el interés de su regulación es económico, poco técnico y científico, y está secuestrado por intereses privados". A su juicio, "el agua debe ser un bien común inapropiable y, en ese sentido, ni privados ni el Estado debieran tener propiedad sobre ella. Sí creo que el Estado debe tener la gestión".
Martin añade que luego de asegurar el consumo humano, el agua sí debe ser usada para actividades productivas. El desafío, plantea, no solo será repensar la gestión de este bien natural, sino también cómo lograr una institucionalidad capaz de hacerse cargo, "por ejemplo, en un nuevo órgano autónomo que se dedique a los distintos aspectos de la naturaleza o a los derechos humanos".
Por su parte, Carolina Videla (PC) enfatiza en que se debe cambiar la concepción actual del agua, "que hoy está considerada como una mercancía con propiedad privada. Sin embargo, debe ser un derecho humano y un bien nacional de uso público garantizado por la nueva Constitución".
Esto, asegura la convencional comunista, va a permitir sintonizar de mejor forma con los tratados y normas internacionales suscritas por el Estado.
Videla destaca del modelo chileno de gestión del agua que es cooperativo y local, pero igualmente plantea que "hoy ella está concentrada en la industria y esto es brutal cuando hay población sin acceso al agua. Es difícil evaluar de manera positiva el modelo de gestión de agua en Chile bajo esa realidad".
