"Yo estoy directamente involucrado, con todas las energías que tengo...".
Se apasiona
Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuando habla del proceso constitucional y enumera las múltiples iniciativas, desde coloquios hasta libros, que ha impulsado al respecto ese centro académico.
El proceso, enfatiza, debe ser "pacífico, abierto a todos... una experiencia política que genere condiciones de patriotismo constitucional, de integridad en un sentido ético y también en el de ser capaz de agregar grupos y posiciones diversas".
Pero precisamente por la importancia que le asigna, es que, cuando habla de dedicarle todas sus energías, incluye "también las energías de la crítica y del análisis y de la reflexión profunda".
Por eso, y aunque pide expresamente que "destaquen lo positivo", el académico no duda en transparentar los aspectos que le generan cuestionamientos, ya cumplida la primera fase de la Convención.
Por ejemplo, "tener un reglamento que tiene más de 20 principios... yo no conozco reglamentos constitucionales así. Tener una autodefinición, para darse un gustito, de que se trata de un poder originario, cuando las acciones de la propia Convención y la mesa muestran que está pensando someterse a las reglas de la Constitución de la cual deriva su poder... Hay muchas señales muy inquietantes, equivocadas, que atribuyo a lo que en esta primera fase podríamos llamar un proceso carismático, donde las personalidades de los constituyentes han expresado todas sus características, extravagancias, hasta el límite de sus capacidades".
Sin embargo, dicho todo eso, "hay cuestiones positivas que reconocer. Se instaló la regla de los dos tercios, después de todos estos excesos retóricos; se instaló la idea de que si vamos a hacer cambios a esa regla, debe resolverlos el Parlamento, esa fue la solución que se dio para la cuestión de los plebiscitos dirimentes".
En definitiva, "la Convención, dentro de sus posibilidades, ha ido moderando el tono. Se está produciendo una condición de sometimiento a la tarea que la ciudadanía chilena le ha confiado y está queriendo hacer un trabajo serio, que a mí me tiene optimista. Un optimismo moderado porque yo no creo que las constituciones nos hagan más felices. Ellas pueden resolver cuestiones de distribución del poder, de los derechos de las personas, de control, de cómo se crean las normas. Entonces, en Chile hay muchas expectativas puestas en la Constitución y hay que irlas moderando para que se produzca apego de la ciudadanía al proceso y a su resultado. Porque aquí han existido discursos equivocados, como el de que sin violencia no hubiésemos tenido cambio constitucional...".
—¿No fue así?
—Yo creo que no. Venía una trayectoria de cambio constitucional muy marcada. El proceso que llevó adelante la Presidenta Bachelet, en el que participé, ya había calado profundamente en la ciudadanía. Quizá hubo un intento equivocado del Presidente Piñera de desconocer eso, lo que produjo una especie de interregno, pero la propuesta estaba. Y yo puedo decir, y se puede revisar en el libro del senador Quintana, que hubo reuniones con el Presidente Piñera para pedirle que llevara adelante una propuesta de cambio constitucional. Y fue esa propuesta, a la que se agregaron otros senadores y parlamentarios, la que sirvió para el acuerdo del 15 de noviembre.
—¿Qué rol jugó entonces el 18 de octubre?
—El 18 de octubre es una acción violenta, de destrucción de bienes públicos y que genera una condición de altísima inseguridad, pero no es una acción de la cual salga ni una sola idea constitucional. La idea que surge es que mediante la violencia podemos lograr el cambio político y social que Chile necesita.
Y como esa idea es equivocada, el 25 de octubre una muchedumbre pacífica sale a la calle y dice queremos que haya cambio político y social, pero queremos que sea en paz. Entonces se manifiestan las dos posiciones, la que quiere cambios por medio de una acción violenta , y la otra, que se funda en las grandes mayorías, en el acuerdo de los partidos políticos, que deriva en el 15 de noviembre y que significa abrir las puertas al plebiscito y la instalación de la Convención.
Por eso yo creo que se equivocó la Convención por lo menos dos veces: en decir que el 18 de octubre era el día en que había que rendir homenaje comenzando la discusión de los contenidos constitucionales porque ese era el origen, y después en decir que sin la violencia habría sido impensable el cambio constitucional. El 18 de octubre, en su lógica de destrucción, de nihilismo, lo veo como el ejercicio del poder destituyente. Y no logró su objetivo, porque no se destituyó ninguna autoridad.
"Ahora, quiero decir una cosa más: pedir el perdón de las personas que han estado involucradas en estos procesos de desobediencia civil y de delito es algo que uno se puede plantear como justo, pero debemos respetar la acción de los tribunales, que cumplan su tarea. Y una vez que estos determinen la responsabilidad, podemos decir: para tal tipo de infracciones o de delitos que no atentaron contra personas, que no significan incendio, podemos establecer un criterio de amnistía o indulto. Hacerlo ex ante es substraer del actuar de la justicia a un grupo determinado de ciudadanos".
—La violencia es eficaz, han dicho algunos a propósito de estos debates.
—¿Pero eficaz para qué? Para imponer por un rato la fuerza. Yo creo en un sistema político que no se construye sobre la base del miedo. Si la idea es que yo debo imponer mis propuestas con miedo, entonces, ¿qué diferencia existe entre Pinochet y todos los que están redactando la nueva Constitución?
—A propósito de ese tipo de discursos, algunos académicos dicen que sigue revoloteando en Chile el espíritu de Schmitt, el constitucionalista del nazismo. ¿Ve algo de eso en la discusión constitucional?
—Yo he estudiado a Carl Schmitt. Lo encuentro nefasto. Justificó las acciones delictuales de Hitler atribuyéndole un poder constituyente originario; justificó entregar un poder supremo al presidente del Reich; justificó cerrar el Parlamento. Paradójicamente, esa justificación la construyó sobre la base de una doctrina que tiene fundamentos teológicos. Y esos fundamentos teológicos distinguen no entre adversarios políticos, sino entre amigos y enemigos, y sostienen además que el que es capaz de controlar la excepción, o sea el recurso de la fuerza, es el que tiene el poder en una determinada sociedad.
—¿Cómo se entiende la influencia que hoy tiene Schmitt en cierta izquierda?
—Cuando salimos de las dictaduras en la década de 1980, la izquierda latinoamericana es muy partidaria de la democracia constitucional. Incluso una buena parte se ha distanciado de las experiencias revolucionarias, pero esto cambia quizá con la instalación del chavismo en Venezuela; en Argentina también se produce un cambio en los gobiernos de Kirchner, en Ecuador... En fin, surge una nueva idea política latinoamericana que además tiene una expresión constitucional.
Y es básicamente una idea de volver a sospechar de la democracia constitucional, porque esta democracia que se ha construido en Latinoamérica no responde a las necesidades económicas y sociales, y además porque la democracia representativa no responde a las condiciones de distribución del poder revolucionario. Entonces, la obra de Schmitt sirve porque Schmitt lo que hace es, siguiendo las críticas de Hobbes y Hegel a los Parlamentos, criticar muy duramente la democracia constitucional y construir un modelo de proyecto político autoritario.
Y basta cambiarle el signo, decir los enemigos de Schmitt, que eran las fuerzas de izquierda o de centro, ahora van a ser las fuerzas de centro o derecha. Los enemigos van a ser el Parlamento, el debate y la negociación política, la representación. Y entonces la estructura argumental de Schmitt, que es una estructura autoritaria, se usa ahora en el plano de la izquierda para desprestigiar la democracia representativa. Esto comienza en las universidades, con la lógica de las tomas, con la justificación de la violencia y de los argumentos fácticos frente a los argumentos de principios.
—¿Qué fuerzas políticas en Chile usted ve que están encarnando ese discurso?
—En Chile, el uso de Schmitt, aunque no fue reconocido directamente, partió en la Universidad Católica con Jaime Guzmán y en los sectores conservadores. Como eran quizá más cuidadosos, no lo citaban, pero lo usaban y hablaban, por ejemplo, de legitimidad de origen y de ejercicio; poder originario y poder derivado; una figura presidencial que sea un garante de la institucionalidad. Pero yo diría que desde que se instala el gobierno chavista empiezan a haber una serie de intelectuales, Chantal Mouffe, Roberto Viziano, que son profesores que empiezan a tratar de explicar los cambios del gobierno chavista en términos de una lógica constitucional. Y a esto se agregaron algunos profesores argentinos y también chilenos.
—Está instalada la discusión del régimen de gobierno. ¿Usted dónde se sitúa?
—Yo, desde el punto de vista doctrinario, soy partidario del parlamentarismo, pero no creo que sea viable pasar de un régimen presidencial a uno parlamentario hoy en Chile. Frente a esa alternativa, la típica solución salomónica sería decir bueno, quedémonos entre medio con un semipresidencialismo... ¡No! Soy profundamente contrario al semipresidencialismo. Sería un grave error. No veo, primero, entre los partidarios del semipresidencialismo, que ellos expliquen por qué sería esa la mejor solución.
Dicen no, es que el Presidente hoy tiene atribuciones muy concentradas como jefe de Estado y jefe de gobierno, pero eso se puede solucionar de muchas maneras. Podría instalarse en Chile un Vicepresidente, como lo tuvo la Constitución de 1828. O podría instalarse un ministro coordinador, como lo establece la actual Constitución, para repartir poderes entre el Presidente y una segunda autoridad.
El otro argumento es que hoy tenemos situaciones en que el Presidente pierde la mayoría en el Congreso y sería bueno entrar en una lógica de cohabitación. La misma lógica la podemos tener con un vicepresidente; por lo demás, la cohabitación francesa se ha ejercido muy pocas veces y está totalmente atrofiada como posibilidad política.
El otro argumento es establecer la posibilidad de que el Presidente disuelva las cámaras. Yo estoy de acuerdo y he propuesto que el Presidente tenga esa facultad, pero que sea un régimen presidencial flexibilizado atenuado. En ese sentido, he propuesto atenuar los poderes del Presidente. Y en cuanto a los nombramientos, hay que distribuir mejor los poderes entre el Presidente y el Senado, en el sentido de que el Senado intervenga en el nombramiento de los principales oficiales militares, para que sean generales de la República como lo fueron antes, y en los embajadores y otros funcionarios de alto rango, como sucede en Estados Unidos.
"En cambio, no soy partidario de un sistema unicameral o que disminuyamos sustancialmente las atribuciones del Senado. Entre otras razones, por los argumentos que da Madison en El Federalista: la necesidad de filtrar el poder del faccionalismo político con dos instituciones que tengan estructuras de representación diferenciada, para que ninguna persona se pueda atribuir, como se atribuyen tantos en estos días, la representación del pueblo".
—Pero justamente el Senado está hoy en la mira de muchos. Un argumento es el de para qué dos cámaras, si basta con una. Otro, el de que el Senado es el que tranca el proceso político.
—Son argumentos errados. El Senado tiene un componente moderador. Mejora la legislación, distribuye la representación de una manera más diversa. Los partidos jóvenes generalmente critican y son muy negativos respecto del Senado porque les cuesta mucho más llegar allí. Pero ojo, la mayoría de los presidentes democráticos de Chile han salido del Senado. No salen de cuarto medio. Y es bueno que así sea. Sería una pésima idea eliminar el Senado.
Ahora, es una condición para instalar el semipresidencialismo disminuir sustancialmente las atribuciones del Senado. Y lo que pasa es que los regímenes semipresidenciales derivan al autoritarismo con más facilidad y energía que los regímenes presidenciales y que los parlamentarios.
Putin tiene un régimen semipresidencial. De Gaulle instaló un semipresidencialismo porque él quería tener un régimen autoritario. Claro, la Constitución francesa del 58 no es tan autoritaria como De Gaulle, pero es un poquito menos autoritaria...
