Reuniones con comunidades a lo largo del país, conversatorios web, citas con abogados constitucionalistas y convencionales y elaboración de documentos con propuestas son algunas de las acciones que durante el último año han estado realizando distintos gremios interesados en participar en el debate constitucional.
Conscientes de que en las próximas semanas las comisiones temáticas de la Convención comenzarán el debate de propuestas de normas, ahora los representantes de distintos gremios se alistan para dar a conocer sus ideas en la nueva fase de audiencias públicas y entregar sus propuestas a convencionales y la opinión pública, con el objetivo de incidir en la discusión.
Colmed: 11 lineamientos y una página web
El Colegio Médico conformó en febrero una comisión para elaborar propuestas que contribuyan a enriquecer el desarrollo de aspectos sanitarios en la Constitución.
Fernando Araos, uno de los coordinadores de esa instancia, cuenta que revisaron documentos, se asesoraron por abogados constitucionalistas y sostuvieron reuniones con comunidades, además de tomar insumos de cabildos realizados con anterioridad.
Los resultados de ese trabajo estarán en una página web que el gremio dará a conocer próximamente donde incluyen, por ejemplo, un comparador de constituciones en temas de salud, y en un documento titulado “Once elementos a considerar en la nueva Constitución desde una perspectiva sanitaria”.
Los médicos plantean “una visión de la salud bastante más amplia de la que teníamos en los años 80, 70 o más atrás” teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud, detalla Araos.
En el documento, el gremio propone que la salud debe considerarse un derecho social y universal, y que forma parte integrante de la Seguridad Social, cuya protección es deber del Estado. En ese sentido, promueven el establecimiento de un sistema de salud universal y público basado en atención primaria como modelo para avanzar hacia la mejor consecución del derecho a la salud en el ámbito prestacional. Y para proteger ese derecho a la salud, proponen crear una defensoría de la salud, similar a la figura de un ombudsman.
Los facultativos incluyen también en su propuesta la salud medioambiental, que se debe consagrar el deber general para el Estado y la sociedad toda de protección a los niños, niñas y adolescentes y velar por una perspectiva de género.
Y desde el punto de vista gremial, plantean que "las y los profesionales vinculados al sistema universal y público de salud sean regidos éticamente por sus respectivos Colegios Profesionales, con el fin de lograr un control interpares que salvaguarde el correcto ejercicio de sus funciones".
Profesores: 67 puntos para un nuevo modelo
El Colegio de Profesores participó en la primera etapa de audiencias públicas de la Convención en las comisiones transitorias de Equidad territorial y Participación popular. En paralelo, realizó un proceso de diálogos con comunidades educativas y el fin de semana recién pasado llevó a cabo un congreso nacional en cuyas resoluciones finales plasman sus propuestas para la construcción de un nuevo modelo educativo.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de la RM y uno de los encargados de ese proceso en el gremio, afirma que "el punto que es más propiamente nuestro, que no hay otros sectores que lo vayan a proponer con la misma fuerza que nosotros, es sobre el sentido humanizador de la educación. Que tenga un énfasis social, desde una perspectiva integral, apuntando al desarrollo de las personas y al desarrollo social".
En el documento con 67 puntos que será entregado a todos los constituyentes, el magisterio propone que “la educación constituye un derecho social de todas las personas, es decir, es universal e inalienable, debiendo ser garantizada por el Estado a través de su prestación”, que se materializa por medio de un sistema de educación pública mayoritario que el Estado debe garantizar y proveer.
El mismo documento señala que "el derecho a la educación no implica la negación del derecho de las familias a escoger el tipo de establecimiento educacional para sus hijos e hijas; por el contrario, ello se debe respetar", y que se hace necesario redefinir la libertad de enseñanza, aunque no suprimirla, que "debe estar supeditada al ejercicio del derecho a la educación", enmarcada "en un conjunto de valores compartidos a nivel nacional, como el respeto a los derechos humanos y la libertad de cátedra y expresión del profesorado", y se reconoce que las familias puedan escoger el establecimiento educacional para sus hijos según sus convicciones religiosas y morales.
En cuanto a financiamiento, el documento dice que "el Estado debe financiar solo a los establecimientos públicos" y que "no debe existir lucro en educación". En ese sentido, diferencia entre la educación particular pagada — "esta puede existir como complemento al sistema público, pero debe ser sin fines de lucro y sin financiamiento estatal”, dicen— y la particular subvencionada, que plantean que “no debería existir”, por lo cual promueven su “extinción paulatina (...) pasando gradualmente a formar parte del sistema nacional de educación pública estatal comunitaria".
En cuanto al marco regulatorio, los profesores dicen que se debe "establecer el rol rector del Estado a través del Ministerio de Educación para todo el sistema educativo", que el Estado debe ser el único administrador de las escuelas públicas y, por tanto, debe desaparecer la figura del sostenedor. Asimismo, plantean que se debe terminar con la Superintendencia de Educación, con la Agencia de la Calidad y con la Ley de Aseguramiento de la Calidad.
El cuaderno de la CChC
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, cuenta que desde el gremio "hemos colaborado con distintas iniciativas, como una serie de plataformas digitales, a través de las cuales se entrega información sobre el proceso constituyente", además de diálogos de sus asociados y comunidades a lo largo del país. Una de esas acciones es la creación de un cuaderno titulado "Construyamos un país para todos. Aportes para el Diálogo Constitucional", cuyo contenido "es el resultado de un trabajo colaborativo que desarrollamos con todos los socios que han querido participar a lo largo del país, el que fue aprobado finalmente por nuestro Consejo Nacional", explica Errázuriz.
En el cuaderno, el gremio plantea propuestas para distintos ámbitos. Entre ellas, afirma: "promovemos un Estado democrático, con claros balances, contrapesos y fiscalizaciones cruzadas para impedir la captura del poder político por parte de cualquier grupo".
Entre sus proposiciones para incluir en la Constitución están: reconocer el rol público de organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada, promover la labor conjunta con el Estado; incorporar metas sociales y que sean las políticas públicas las que definan cómo alcanzarlas, impulsando la colaboración entre los distintos actores; incluir el deber estatal de velar por el acceso universal a la vivienda y a la ciudad, y que las leyes establezcan la mejor forma de lograr esta meta; proteger el derecho de propiedad y su función social para resguardar la libertad de las personas para construir sus proyectos de vida; y establecer un mandato explícito para que las leyes contemplen mecanismos que promuevan el desarrollo regional.
Además, desde la CChC proponen que la Carta Magna incluya los principios de responsabilidad, sostenibilidad fiscal, servicialidad del Estado y de probidad de la administración pública, y que consagre el principio de sustentabilidad medioambiental, orientado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU y ratificados por Chile.
