"Estamos completamente conscientes de que esta (la Convención) es la vía que nosotros elegimos y por esta vía estamos buscando solución". Esa fue parte de la respuesta de la presidenta de la Convención y representante en esa instancia del pueblo mapuche, Elisa Loncon, luego de que el convencional Eduardo Cretton (UDI) la interpelara, el jueves 4 de noviembre en la comisión de Principios constitucionales, pidiendo una condena a toda forma de violencia.
La redacción de una nueva Constitución es vista por los representantes de pueblos originarios como una vía para encontrar solución a sus demandas históricas y, por ello, desde antes de que se instalara la Convención, los 17 escaños ya trabajaban de manera coordinada con reuniones semanales que siguen sosteniendo en forma presencial, por Zoom y otras plataformas.
Una de las principales aspiraciones, según sus intervenciones, es el
reconocimiento de los pueblos originarios con medidas como declarar las lenguas de pueblos originarios como lenguas oficiales o el poder explicitar la etnia en la cédula de identidad.
Pero la demanda que más ha resonado en la Convención y que tiene apoyo de constituyentes de centroizquierda es que la Carta Fundamental consagre un Estado plurinacional, tal como lo hacen las constituciones de Bolivia (2009) y Ecuador (2008).
Relación de poder
La convencional coordinadora de la comisión de Sistema político, Rosa Catrileo (mapuche), explica que, a su juicio, plurinacionalidad "implica un cambio en la visión unitaria del Estado (...). Eso trae consecuencias en la institucionalidad: en todos los órganos se debiera contemplar la participación política de estas comunidades, a través de escaños, a través de cuotas, no solo en el Parlamento, sino en toda la estructura orgánica del Estado".
Luis Jiménez (aimara) cree que en esta discusión hay dos conceptos básicos: que son pueblos co-soberanos, preexistentes al Estado chileno, y que "debemos avanzar a tener la capacidad de co-decidir las grandes decisiones del Estado, desde garantizar escaños en el Congreso, en tribunales, en los gobiernos regionales y en los mecanismos de democracia directa".
La experiencia comparada muestra que varios países contemplan esta forma de redistribución del poder. En el documento de 2019 de la Biblioteca del Congreso “Escaños reservados para minorías étnicas”, se explica que en Bolivia, Colombia, Fiyi, India, México y Nueva Zelandia existen cupos para pueblos originarios.
Además de esta interpretación,
Wilfredo Bacián (quechua) asegura que al consagrarse la plurinacionalidad, el Estado deberá "acoger la realidad histórica, económica, política y los sistemas de conocimiento de los pueblos originarios (...) no debe reducirse solo a derechos culturales y lingüísticos". Mientras Isabella Mamani (aimara) apunta a que ello ayudará "a que podamos administrar nuestros derechos, nuestros recursos en nuestro propio territorio, que nosotros podamos decidir cómo queremos organizarnos".
Ligado a lo anterior, Jiménez, Mamani, Catrileo, Bacián y Félix Galleguillos (atacameño) han planteado que debe existir el reconocimiento de jurisprudencia consuetudinaria de cada pueblo originario, es decir, formas de resolver conflictos entre los mismos pueblos.
Salvador Millaleo, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, autor del libro "
Por una vía chilena a la plurinacionalidad", explica que esta “se trata de una reivindicación política de los pueblos originarios, donde el Estado redistribuye el poder”.
Verónica Figueroa, del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile y experta en temas indígenas, expone que esta mirada ha ido en aumento en los últimos años y que lleva a que los Estados "repiensen sus reglas del juego, repiensen sus convivencias".
Demandas de % tierra y mar
Al reconocimiento que demandan los pueblos originarios se suma otra aspiración: la reparación. Durante sus discursos de apertura, las convencionales mapuches Natividad Llanquileo y Francisca Linconao expresaron la importancia de la restitución de las tierras a su pueblo.
Algo que comparte Catrileo: "Debiéramos tener reconocimiento de la territorialidad indígena y eso implica saber cómo esa territorialidad queda representada dentro de la institucionalidad del Estado y cómo el Estado se va a relacionar con estos grupos". Para la constituyente, esto va a implicar "una relación intercultural que no será funcional, sino crítica, de un igual, Estado versus pueblos originarios, lo que traerá consecuencias para las políticas públicas".
Según el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2003), al pueblo mapuche se le entregaron 3.078 títulos de merced, equivalentes a 475.194 hectáreas para 77.751 personas.
Desde el pueblo yagán también aspiran a una reparación, pero marítima. Para Lidia González (yagán), es relevante un "estatuto constitucional del territorio marítimo. El pueblo yagán navega hace 7 mil años y hoy tiene la revocación de navegar producto de las leyes. Navegar es esencial para mi pueblo, es parte de nuestra vida", afirma.
Tanto Mamani como Isabel Godoy (colla) coinciden en que sus pueblos tienen también demandas sobre tierras. Godoy expone que en el norte "se usurparon tierras, cementerios, nuestro pueblo fue casi eliminado".
¿Cuánto puede costar esta reparación? Una experiencia a observar, aunque se trata de realidades y demandas distintas, puede ser la de Nueva Zelandia, donde en 2008 el Estado entregó 176.000 hectáreas de áreas forestales al pueblo maorí, avaluadas en unos US$ 319 millones, según el documento de la Biblioteca del Congreso titulado "Histórica restitución de tierras para los maoríes".
Condena a la violencia
"Es lamentable tantas veces que he condenado la violencia y ese sector no lo quiere escuchar. Hemos llamado muchas veces a nuestras comunidades a no dejarse provocar (...)", afirmaba Loncon el jueves 4 de noviembre. Añadió que "he tomado una opción súper importante aquí de tratar de sacar el conflicto que nos afecta para tratar de encauzar este proceso constitucional".
Pero para un sector de la Convención, es necesario que los representantes de pueblos originarios y, en particular, la presidenta Loncon, condenen de manera explícita toda forma de violencia en la macrozona sur, donde en las últimas semanas murió un joven mapuche en Cañete por impacto de bala —causa que investiga el Ministerio Público— y se conoció un video del grupo Weichan Auka Mapu, en el cual aparecían sus integrantes portando armas. Todo esto bajo un contexto de estado de excepción en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín.
Para convencionales como
Jiménez, Godoy y Catrileo, es la militarización en el sur lo que no ayuda a buscar una solución y aseguran que la violencia la ejerce el Estado. Catrileo expresa que el estado de excepción "es como echarle más leña al fuego, porque el pueblo mapuche se ha caracterizado por ser un pueblo dialogante, de parlamento, parlamentos con la corona española, con el mismo Estado, pero también se ha caracterizado por ser un pueblo guerrero en las circunstancias cuando se siente atacado (...). Si se sigue militarizando, no sabemos si lo que estamos haciendo acá va a tener efecto", remata.
A juicio de Godoy, la pregunta de condenar o no la violencia "es un discurso para el público, es una trampa, y yo no quiero caer en esa trampa. ¿Solucionamos la violencia con más violencia?", cuestiona.
Pero el presidente de la corporación de profesionales mapuche (Enama), Hugo Alcamán, advierte que es relevante que los pueblos originarios tengan una postura clara de condena. "Desde el momento en que la violencia se está ejerciendo hoy sobre nuestra propia gente, cuando un movimiento que dice defender al pueblo lo ataca, se pierde toda legitimidad moral, ética, jurídica", opina.
