"Lograr la liberación cuanto antes de la víctima", como menciona el subprefecto
Juan Pablo Pardo, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Metropolitana, es el principal objetivo en una actuación policial en el marco de un secuestro. Más aún considerando que, si bien se han mantenido las cifras por año, se ha divisado un notable aumento en la violencia.
El miércoles de la semana pasada, la Policía de Investigaciones (PDI), encontró en Tacna, Perú, al menor de un año y 8 meses que había sido sustraído por un tercero desde su casa en la ciudad de Arica el 18 de octubre.
Para dar con su paradero, personal de la institución acudió a su "
equipo negociador" y a la Comunidad Internacional Policial Contra el Secuestro y La Extorsión (CIPSE).
El equipo negociador, según relata Pardo, es un grupo de funcionarios (como mínimo 15), que se encarga de guiar el proceso para lograr la liberación de la víctima, a través de la técnica "negociación indirecta".
¿Qué significa eso? Que la persona que tiene retenida a la víctima, no dialoga con el policía directamente, sino que lo hace a través de la persona que recibe los mensajes "extorsivos", que puede ser un familiar o contacto cercano.
"Nosotros automáticamente trasladamos al familiar a una unidad policial y ocupamos elementos de tecnología con el fin de ir monitoreando las grabaciones y los textos que se van enviando, porque a veces pueden ser mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto", explica el subprefecto. Luego, lo guardan en un sistema para que sirva como medio de prueba en un posterior juicio si se producen detenciones.
El equipo, de acuerdo a la institución, está compuesto por un negociador primario; uno secundario, quien está a cargo de apoyar la labor en caso de que al principal le ocurra algún suceso; el planillero, quien lleva los registros; el encargado de la contención emocional de la persona que recibe los mensajes, que puede ser un familiar o contacto con el que se contacta el secuestrador; y otros funcionarios que hacen el trabajo operativo.
Todos, según detalla Pardo trabajan solamente en secuestros, "tanto en hechos que están ocurriendo, como en otros que sucedieron y después se denunciaron", y están en Santiago (se desplazan a regiones a medida que se les solicita por la Fiscalía).
30 países con un objetivo: Mantener e incrementar canales de cooperación internacional
La CIPSE fue fundada por Chile en 2016 y agrupa a cuerpos policiales de 30 países con el propósito de mantener e incrementar canales de cooperación internacional, lo que permite conocer y detectar nuevas modalidades de este delito.
Aunque si bien fue establecida hace cinco años, desde antes se realizaban reuniones anuales para abordar ciertos temas. De hecho entre el pasado 23 y 25 de noviembre se desarrolló en Toledo, España, el X congreso internacional de la lucha contra el secuestro y la extorsión de la CIPSE y la PDI salió electa como presidente de la Secretaría Ejecutiva, hasta el 2023.
En esa línea, el subprefecto explica que hay dos tipos de temáticas que se abordan en la CIPSE: Una es la reunión de los congresos que son anuales, y otra, son las capacitaciones que se realizan de forma online durante el año (las que preparan, por ejemplo, al negociador policial).
25 casos reales de secuestro se reportan anualmente
"El año pasado tuvimos una capacitación con Colombia. Ellos exponen sus temas, sus dinámicas de delito de secuestro y se produce una interacción por los participantes", dice Pardo.
"Todos los países tienen en el tratante prácticamente la obligación de participar. La participación es interactuar con las realidades propias de cada país y dar el conocimiento para poder interactuar cuando ocurran casos de secuestro donde hayan bandas organizadas y sean internacionales, donde el delito pueda ocurrir en un país, pero la negociación se lleve en otro", puntualiza el funcionario de la PDI.
En ese sentido, afirma que un ejemplo es el caso del menor en Arica, "donde por intermedio de esta comunidad nosotros estuvimos interactuando con el grupo de antisecuestro de la policía de Perú y ellos sin traspasar la norma de su país y nosotros sin traspasar la norma de nuestro país, con respecto a los datos o información. Se solicita diligencias policiales, como establecer un domicilio o ver si efectivamente los antecedentes que nos están entregando corresponden en ese país".
En total, los países por los que está compuesta la comunidad son: Colombia, Chile, Argentina, México, Honduras, Nigeria, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Líbano, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Bélgica, Israel, Camerún, Paraguay, España, Holanda, Jordania, Canadá, Francia, Ghana, Perú y República Checa.
Importancia de contar con una herramienta
"Migración". Con ese concepto, Pardo sostiene que cobra más relevancia la CIPSE.
"Somos un país que estamos recibiendo mucha migración y ¿Qué pasa que estas organizaciones criminales extranjeras? pasan al país y vienen con modos de actuar que son propios de esos países y que nosotros no tenemos conocimientos", dice.
Agrega que lo imperativo de mantener este diálogo es que "nosotros vamos aprendiendo de esas dinámicas conforme a la comunicación que tenemos con estas policías, y así podemos dinamizar la investigación que tenemos. Conversamos con ellos, adquirimos la experiencia y la traspasamos a la investigación que tenemos", comenta.
Conflicto del secuestro: la violencia
De acuerdo con lo que señala el subprefecto, a lo largo de los años "los secuestros se han mantenido en la misma cantidad" -anualmente entre 20 y 25 casos reales, y alrededor de 100 y 110 concurrencias por ese motivo (la Fiscalía los llama para establecer si corresponde al delito o no), "el problema", según estima, "es que se han vuelto más violentos".
"Los secuestros se han mantenido en la misma cantidad, el problema es que se han vuelto más violentos"
Subprefecto Juan Pablo Pardo
En esa línea, explica que antes los secuestradores pedían dinero con imágenes demostrando que la persona estaban sana. Ahora, "lo que estamos recibiendo son imágenes donde la persona está siendo violentada e incluso algunas que son violentadas de forma física extrema, entonces hacemos esa distinción".
De manera adicional, advierte que "también sabemos que existe una cifra negra de no denuncia con respecto al "narcosecuestro" que es por razones obvias. O sea, al traficante lo secuestran, piden que paguen con drogas los familiares, se produce el pago y es liberada la persona. Pero como es una transacción de droga no se denuncia", relata.
Detalles de la sustracción del menor en Arica
En primer lugar, Pardo hizo la diferencia del delito entre adultos y menores de edad por tipificación. "En Chile está dividida entre secuestros para adultos y la sustracción de menor", acota.
En ese sentido, explica que lo que hubo en Arica, fue una "sustracción de menor por un tercero", que ahí se dio por un contexto "entre personas que estaba relacionadas con problema de tráfico de drogas y una de las partes sustrae al menor y se lo lleva".
"Cuando la Fiscalía instruye que adoptemos procedimiento, nosotros trasladamos personal operativo junto con los negociadores hacia Arica y empezamos a hacer una negociación indirecta, donde la persona que mantenía al menor pensaba que estaba hablando con la mamá. Ahí se produce una negociación que ha sido una de las más largas que hemos tenido", dice.
Según manifiesta, fueron más de 20 días los que trataron de negociar para lograr la liberación del menor. "Empezamos a dialogar con ellos, todo mediante mensajería. Fue muy difícil porque la persona ocupaba chip de teléfonos de Perú, por ende no eran localizables, entonces no teníamos un lugar geográfico para poder ubicarla, no sabíamos si estaba en Chile u otro país".
Tras ello, relata que siguieron conversando con la persona mediante el chat y hubo varios intentos de entrega que no se concretaron. "No obstante, cuando se le piden pruebas de vida para saber si el menor estaba bien o no, mandaba fotografías y nos fijábamos en pequeños detalles. Ampliábamos la fotografía y buscábamos el detalle, por ejemplo, que enchufe ocupaba. Había un cargador de celular y era típico de Perú. Entonces eso nos daba indicios de que el menor estaba en Perú", acusa.
En medio de todo el trabajo, Pardo reconoce que hicieron un "pequeño pago que pedía la persona": 50 mil pesos. "¿Qué logramos con esto? que ese pago nos diera un nombre de un receptador de dinero en Perú y así fuimos viendo para llegar a la identidad de los que estaban participando, inclusive la mujer que ya la teníamos identificada, era una cercana a la familia", agrega.
Posterior a eso, conversaron con la policía de Perú. Le señalaron que tal "persona recibió el dinero, y estos serían los familiares que viven en Tacna". Tras lo anterior, en sus diligencias establecieron que en el lugar de los parientes de la captora, traficaban droga. "Ellos ingresan al domicilio y efectivamente descubren 3 kilos de cocaína", manifiesta.
Todo lo anterior, dice que está relacionado con la comunicación que han tenido con la CIPSE. "A su vez la Fiscalía, mediante su unidad de coordinadora que tiene la relación de coordinar con sus pares en Perú, también en forma paralela iba suscitando diligencias por esa vía. Eran diligencias que tenían que tener aprobación de ambos países", acota.
Por lo mismo, señala que "todo lo que no requería orden lo hacíamos con la policía, y todo lo que requería orden lo hacíamos por el Ministerio Público en forma paralela, con el fin de darle dinámica a esta situación y poder lograr la liberación de la menor".
