Ocho meses suma la causa contra el funcionario Juan Pirce, quien se desempeñaba en el Juzgado de Garantía de Traiguén, cuando en abril fue detenido, incautándose desde su domicilio un fusil de guerra, calibre 7.62, con cargador, un centenar de municiones para esta y otras armas de diverso calibre, y explosivos.
Pirce fue formalizado por tenencia ilegal de armas de fuego, arma de fuego prohibida, artefactos explosivos, municiones, entre otros ilícitos.
Una de las dudas en la indagatoria había sido la operatividad de estos pertrechos, en particular del fusil. Sin embargo, la fiscalía de La Araucanía recibió un peritaje del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), que determina la funcionalidad del arma.
Entre otras conclusiones, el análisis establece que, "si bien es cierto su presentación es descuidada y mal conservada respecto al metal que lo compone y sus guarniciones (culata y guardamanos), esta se encuentra mecánicamente operativa, apta para el disparo".
También arrojó el peritaje que la procedencia de las municiones calibre 12 era argentina, lo que cobra relevancia para los investigadores.
La semana pasada el Ministerio Público detuvo a una banda que mantenía oculta una granada peruana para su venta y esta indagatoria tiene como contexto las coordinaciones entre la fiscalía local y sus pares de Argentina.
Con el peritaje de Labocar, los persecutores alistan el cierre de la investigación y la posterior acusación. Se espera que esta última se materialice en los próximos días, según conocedores del caso.
Las conclusiones del informe
Entre sus observaciones, la policía consigna que "esta arma por naturaleza es de uso bélico" y que el fusil "fue utilizado en la mayoría de los países latinoamericanos, entre los cuales se encuentra Chile, en todas las ramas militares y de orden y seguridad, como Carabineros y los pares de los demás países".
Menciona además que fue "adoptado por las FF.AA. de argentinas a partir del año 1960 y hasta mediados de los años 1990 siendo fabricado con licencia de la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, ubicado en la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, teniendo un gran desempeño y uso en la guerra de Las Malvinas".
Junto con ello, el peritaje —elaborado por un armero artificiero del Labocar— indica que efectivamente el fusil "es apto para el disparo ya que con su accionar logra dar inicio-término al proceso del disparo, utilizando para ello cartuchos del calibre 7.62x51mm, por diseño de fabricación original".
Admite, no obstante, el análisis que "no se puede saber con exactitud la propiedad o procedencia del arma peritada, dado a que fue intervenida de tal manera que lo impide", finaliza el documento.
Distinta es la situación de los cartuchos peritados calibre 12, afirma el informe policial, respecto de los cuales sí se determinó el origen. “Tiene la particularidad que fue diseñado y fabricado para el uso de las fuerzas armada y fuerzas policiales del país de origen (Argentina), indicado en el cuerpo del cartucho, con la sigla ‘PG’(Propósito General), por lo cual no es de uso o venta para el libre comercio”, puntualiza el texto.
Reunión con policía trasandina
Esta semana la fiscalía se reunió con la policía argentina para coordinar intercambio de información en casos de interés, por ejemplo, vinculados con el tráfico de armas.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó que, “efectivamente, se llevó a cabo esta reunión donde participó el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y el fiscal de Curacautín”.
Y calificó el encuentro como "provechoso", dado que "se establecieron vínculos de comunicación y se acordó un intercambio de información que nos permita a ambos ministerios públicos avanzar en el establecimiento de alguna línea de investigación que podría ser común, todo esto a través de los canales que corresponden y la unidad de cooperación del Ministerio Público".
Con todo, el fiscal Garrido expresó que es "necesario no solo las coordinaciones a nivel del Ministerio Público, sino también de otras agencias y organismos del Estado".
