El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, abordaron esta mañana la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de no iniciar una investigación preliminar por los hechos ocurridos en el contexto del estallido social de 2019.
La solicitud la solicitud de investigación fue presentada en abril pasado por la ONG Comisión Chilena de DD.HH., el ex juez Baltasar Garzón y la organización italiana CRED, en contra del Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades.
A través de un comunicado, Cancillería destacó que "con esta decisión la Oficina del Fiscal, después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las misma".
Agregan que "sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la Oficina Fiscal y la Corte Penal Internacional, y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido".
Bellolio dijo esta mañana que la decisión confirma la postura que ha tenido el Ejecutivo en la materia, "que aquí no hay una política sistemática de violación a los derechos humanos, que es ratificado por la corte más importante en esta materia, que es la Corte Penal Internacional". En ese sentido, agregó que "más que ser una buena noticia, nos deja con la tranquilidad que es algo que nosotros dijimos siempre".
"Con esto queda descartada esa tesis de la izquierda radical que quería decir que aquí había violaciones sistemáticas (a los derechos humanos); no, no la hay", remarcó.
En la misma línea, el subsecretario Galli explicó que la decisión de la CPI dice esencialmente que no hay competencia para investigar conductas que pudieron haber ocurrido en Chile en el contexto señalado, "porque esas conductas no son de aquellas constitutivas de delitos de lesa humanidad".
"Lo que da cuenta la comunicación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que en Chile no ocurrieron delitos, no había una política de Estado dedicada a cometer delitos en contra de la ciudadanía, ni por parte de las instituciones policiales ni por parte del Estado de Chile".
Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior
Galli subrayó que a la CPI realizó un trabajo exhaustivo en la materia, sin embargo, se termina por descartar esta primera fase de indagatoria preliminar, pues "si hubiera tenido antecedentes que pudieran haber dado a lugar a una investigación, ésta se hubiera realizado".
Consultado por si esta decisión de la Corte Penal Internacional representaría una "señal de impunidad" hacia el mandatario, Galli afirmó que "es todo lo contrario, lo que da cuenta la comunicación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es que en Chile no ocurrieron delitos, no había una política de Estado dedicada a cometer delitos en contra de la ciudadanía, ni por parte de las instituciones policiales ni por parte del Estado de Chile".
Agregó que la CPI también apunta con su decisión a que "Chile tomó las medidas adecuadas en su momento", como permitir que organismos internacionales vinieran a observar lo que estaba ocurriendo, además del desarrollo de comisiones investigadoras en el Congreso y las posteriores acciones penales.
En ese sentido, recordó que Carabineros también "llevó adelante investigaciones propias respecto a su personal", donde más de 190 funcionarios han sido sancionados como consecuencia de haber cometido infracciones durante los meses siguientes del 18 de octubre.
Con todo, el subsecretario destacó que la decisión de la CPI "confirma que las instituciones en nuestro país funcionan, los tribunales de justicia están funcionando y por eso mismo, como Gobierno y el Estado de Chile va a seguir llevando adelante las investigaciones que correspondan para denuncias en nuestro país y serán los tribunales de justicia los que tengan que resolver la responsabilidad por esos hechos".
