Juan Andrés Fontaine: "Le atribuyo a la Constitución actual menos importancia que la que le confieren tanto sus partidarios como sus detractores"

"¿Estás seguro de que llamaste al hermano correcto?", pregunta Juan Andrés Fontaine cuando se le contacta para esta entrevista. Es que los hermanos Fontaine han participado activamente de la discusión constitucional. Bernardo es convencional y Arturo ha participado de múltiples instancias, al punto que el propio Gabriel Boric dijo que le interesaba conocer esa opinión.

Cuando se le ratifica que el tema es la economía, Juan Andrés Fontaine accede. Mal que mal, ha sido un testigo privilegiado y un actor de múltiples frentes en los últimos 30 años.

—¿Qué describe más tu estado de ánimo respecto de la Convención Constitucional: optimismo, escepticismo, pesimismo?

—Preocupación, sobre todo. Ahora bien, de entre los tres "estados de ánimo" mencionados tal vez el escepticismo es el que me representa mejor. Ninguna de las carencias sociales que hoy nos afligen es en realidad atribuible a la Constitución vigente. Y el nuevo texto, aunque se redacte con el mayor esmero, por sí solo, nada podrá para resolverlas. Pero los riesgos son asimétricos: si queda mal hecho, habremos hipotecado nuestro desarrollo económico, social y cultural por décadas.

—Si el tiempo pudiera volver atrás, ¿habría sido preferible una corrección a lo que teníamos más que un texto refundacional?

—Sin dudas habría sido un camino menos riesgoso. Entiendo que el proyecto de reforma constitucional de la expresidenta Bachelet —y enviado al Congreso en las postrimerías de su mandato— era un buen punto de partida. Hay quienes piensan que esa fórmula podría intentarse como una suerte de plan B, a plebiscitarse junto al que proponga la Convención Constituyente.

—¿Cuánto del "éxito de los 30 años" se debe a la Constitución actual?

—Le atribuyo a la Constitución actual menos importancia que la que le confieren tanto sus partidarios como sus detractores. Su texto, que recoge mucho de los anteriores, en absoluto define un modelo de desarrollo específico. Es compatible, por ejemplo, con el modelo de "Estado de bienestar" que favorece la socialdemocracia europea. Y es así como creo debe ser.

"Pero la Constitución vigente, más allá de sus defectos, contiene un conjunto de reglas básicas que favorecen la libertad y el progreso. Al menos desde Adam Smith sabemos que las buenas instituciones son cruciales para generar el enriquecimiento material y espiritual de las naciones".

—¿Perdió la derecha ciertas batallas culturales; por ejemplo, la aceptación del rol privado en la solución de temas públicos?

—¡La participación del sector privado en la provisión de bienes públicos no es una idea de derechas! Ha sido aquí y en muchas partes ampliamente utilizada para compatibilizar el rol del Estado en garantizar la satisfacción de ciertas necesidades básicas con la capacidad empresarial del sector privado. Pero es cierto que ciertas fallas de diseño o de ejecución de las soluciones específicas aquí adoptadas han contribuido a su descrédito. Ahí creo que fallamos los partidarios de una economía libre en detectar a tiempo esas fallas y propiciar su pronta corrección. Esa tardanza ha favorecido últimamente a quienes desconfían de las soluciones de mercado, que son descentralizadas e impersonales, y prefieren concentrar el poder en unas cuantas autoridades supuestamente visionarias y bien intencionadas, y que coincidentemente esperan sean sus correligionarios. Pero no me preocupa mucho: esa fórmula, probadamente ineficiente, se desacreditará apenas sea puesta en práctica.

—¿Fue muy dogmática la derecha al excluir al Estado de ciertos ámbitos desde la Constitución?

—No creo que haya sido dogmatismo: ¡la derecha es bien pragmática! Más bien pienso que hubo genuino convencimiento, y también en la centroizquierda, de que atender eficazmente las carencias sociales no requería de un cambio constitucional. Pero visto hoy, en ello hubo un error político: se desconoció la capacidad de aglutinar demandas y motivar sueños que podía tener el proyecto de una nueva Constitución. Y ese es el problema que tendremos en 2022: cómo aterrizar esas ensoñaciones a nuestra realidad concreta, plagada de limitaciones y escasez.

—¿Es compatible el "Estado subsidiario" con el "Estado solidario"?

—Claro que sí. El principio es que el Estado actúe cuando la acción de los particulares, ya sea individualmente o en organizaciones voluntarias, esté reñida con el interés general. La solidaridad con los más pobres, por ejemplo, es ejercida por entidades de beneficencia y está muy bien que así sea. Pero no basta, porque muchos podemos confiar en que otro dé de lo suyo. Por eso es necesario cobrar impuestos y redistribuir hacia los más necesitados.

—Se ha centrado la discusión económica en la autonomía del Banco Central. ¿Te parece que es el aspecto más importante en lo económico?

—Para mí el aspecto más importante es la defensa de la libertad económica y la propiedad privada. Creo que haría muy bien la Convención Constituyente en despejar la grave incertidumbre que hoy reina y que impide, pienso, que la inversión retome el dinamismo que venía exhibiendo en 2018-19. El derecho de propiedad, que nadie puede ser privado arbitrariamente de acceder a ella y que en caso del interés nacional pueda el Estado expropiarla con indemnización “previa y justa” ha sido piedra angular del desarrollo de Occidente al menos desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789.

"Y nótese que el derecho de propiedad en nada impide hacer buenas políticas públicas, por ejemplo, de racionalización del uso del agua, aplicando las facultades de racionamiento que posee la DGA en caso de escasez o, como hicimos en 2018 desde el MOP, comprando o eventualmente expropiando derechos de agua para abastecer a los sistemas de agua potable rural de la provincia de Petorca".

—Cuando algunos plantean "decrecer", ¿es utopía, ignorancia o convicción?

—Lo entiendo como un modo sensacionalista de hacer ver la importancia de cuidar la naturaleza y combatir el cambio climático. Pero para mí que el crecer económicamente, además de ser un impulso natural en individuos libres, es un imperativo ético del país, exige un esfuerzo de ahorro y eficiencia hoy para mejorar la vida de las generaciones futuras, especialmente entre los más vulnerables y la clase media. La preocupación medioambiental correctamente apunta a no perjudicar a las generaciones futuras depredando hoy el medio ambiente, pero conseguir ese efecto legándoles una economía empobrecida no parece sensato ni justo.

—¿Es una Constitución una "palanca de desarrollo" o simplemente establece normas básicas y es la política la que se encarga de aquello?

—Definitivamente no es una "palanca de desarrollo". Establece las condiciones que son necesarias: libertad, propiedad, etc., pero no suficientes, como diría un matemático. Esas condiciones suficientes dependen de las instituciones y regulaciones específicas que surgen del proceso político.

"Ahora bien, las condiciones necesarias son en verdad muy necesarias. Si se diseñan mal, sepultan el potencial de desarrollo de los países. Un ejemplo: Brasil era el ‘milagro’ de América Latina en los 60 y 70. En 1980 tenía un PIB per cápita mayor que el nuestro; hoy es muy inferior. Su estancamiento en parte se debe a su Constitución de 1988, saliendo de la dictadura, la cual, según dice Fernando Henrique Cardoso en sus Memorias, 'garantizó extravagantes derechos que Brasil simplemente no podía cumplir, creando leyes y expectativas que perseguirían a los sucesivos políticos del país por años'".

—Se ha instalado que los "derechos sociales" deben estar garantizados. La experiencia muestra que muchos países (mayoría de latinoamericanos) que tienen aquello no los logran satisfacer adecuadamente. En cambio, otros (mayoría de europeos) no los tienen, pero los satisfacen muy adecuadamente. ¿Debiéramos hablar mejor de "aspiraciones sociales"?

—Sin duda hay que entenderlo como un conjunto de propósitos. La Constitución, además de establecer las reglas del juego político, les establece ciertos objetivos, tales como cautelar determinados "derechos sociales". Me parece que ese es un ejercicio válido, pero debe quedar claramente estipulado que su satisfacción no puede sino ser progresiva y sujeta a los recursos disponibles. Intentar ir más allá, como ilustra el caso de Brasil, comprometería la solvencia fiscal, el control de la inflación o conllevaría a una carga tributaria que paralizaría a la economía. La escasez de recursos obliga a priorizar y graduar la satisfacción de los distintos derechos. No hay nadie más indicado para tomar esas decisiones que las autoridades democráticamente elegidas. No tengo problemas en que la lista de derechos sea larga y ambiciosa, pero su cumplimiento debe ser sometido a la racionalidad económica y la decisión política.

—¿Debe una Constitución establecer un modelo económico?

—No. Ninguna lo ha hecho en nuestra historia. La actual tampoco.

—Aristóteles, para escribir La Política, estudió más de 100 constituciones. ¿Cuáles constituciones de las que existen te parecen luminosas para Chile en materia económica?

—No soy experto en la materia, pero si "por sus frutos los conoceréis", me quedo con la de los Estados Unidos y más de 200 años de éxito.

—En el siglo XXI, ¿existen distintos modelos económicos o estamos hablando del mismo modelo con más o menos Estado, y más o menos mercado?

—Yo hablaría de un sistema capitalista, con propiedad privada y mercados competitivos, como el único imperante, pero que puede adquirir modalidades diferentes, por ejemplo, según más o menos propiedad privada versus estatal, más o menos tamaño del gasto público y correspondiente carga tributaria, más o menos libertad económica versus regulación, más o menos defensa de la libre competencia y de los derechos de los consumidores, etc.

—Veo como riesgos, primero, una inflación de derechos sociales no debidamente matizados por las exigencias del realismo económico y que conduzca a un descalabro fiscal. Al respecto hay que recordar que buena parte de nuestra fortaleza fiscal se nos fue con la pandemia. Y segundo, que las nuevas reglas del juego reemplacen el sistema de poder disperso y de toma descentralizada de decisiones que es el mercado, por uno en que las decisiones se concentran en el Estado y sus autoridades políticas. Ello sería reiniciar lo que vivimos en los 60 y que hoy sufre por ejemplo Argentina: políticas que en vez de hacer crecer la riqueza nacional se limitan a redistribuirla, normalmente hacia quienes tienen mayor capacidad de influencia y presión política.

—¿Cuánto se juega Chile en la discusión constitucional y cuánto se juega en la elección presidencial?

—Ambas son de importancia crucial. Ojalá el domingo el país elija un gobierno que sepa inyectarle realismo al debate constitucional. Más que elucubraciones y ensoñaciones, necesitamos un texto sensato y práctico para organizar el funcionamiento del Estado. El nuevo gobierno deberá ayudar a que la Convención trabaje bien y presente a tiempo el mejor proyecto posible. Y, en medio del complejo ajuste económico que se nos viene, contener la marea de expectativas que desgraciadamente el proceso constituyente ha alentado.