En las 19 sesiones realizadas por la comisión de Forma de Estado, el tema que más ha acaparado el debate es la descentralización. En virtud de ello, la delegación ha sesionado en siete regiones del país (Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins, Ñuble y Biobío) y la próxima semana, los 25 convencionales de la instancia se trasladarán hasta Aysén para continuar con audiencias públicas.
Mientras, los colectivos están trabajando en sus propuestas de normas y las convencionales del Frente Amplio que integran la comisión ya definieron sus principales planteamientos y los plasmaron en un documento al que accedió "El Mercurio".
"En el aspecto político destaca primordialmente la cr
eación de un parlamento regional, cuyas facultades estarán determinadas en forma residual en la Constitución, es decir, todo lo que no sea facultad del Congreso podrá ser atribución del parlamento regional, mientras que paralelamente se otorgan competencias efectivas de administración y gobierno a los gobernadores, eliminando las delegaciones provinciales de la Presidencia", dice el texto.
Al respecto, la convencional Amaya Alvez (Frente Amplio) detalla que la propuesta es que existan normas estatales "en materias importantes como seguridad o defensa de fronteras, migración, Fuerzas Armadas", pero que estos congresos, parlamentos o asambleas regionales —aún no se inclinan por un nombre en particular— podrían tomar decisiones como "la distribución del borde costero, concesiones mineras u otras concesiones sobre recursos naturales. En algunos casos, como el agua, tiene que ver con las cuencas ideográficas, el riego, el derecho humano (al agua) y al saneamiento".
A lo anterior, Alvez añade que en caso de que sea una región con presencia de pueblos originarios, se deberá buscar el modo para que "se armonice con el resto de las actividades".
Pero la implementación de estos parlamentos no es inmediata. La propuesta del Frente Amplio es que la Constitución establezca su creación y luego, el Congreso, a través de leyes, reglamente la duración de cada período y su conformación.
La propuesta podría relacionarse con la forma que podría adoptar el Congreso Nacional —unicameral o bicameral—, pues hay quienes dicen que el Senado debiese convertirse en una cámara de representación regional.
En ese sentido, Amaya Alvez precisa que si la Cámara Alta está planteada como la representación de las regiones, "podría perfectamente haber un Congreso unicameral a nivel central además de estas asambleas, parlamentos o congresos regionales, que también están planteados como unicamerales".
Consejo de gobernadores
El colectivo también propone institucionalizar lo que hoy es el Encuentro Nacional de Gobernadores Regionales, el que ya se ha reunido tres veces y que en su última sesión a comienzos de diciembre en Humberstone (Tarapacá) participaron miembros de la comisión de Forma de Estado.
En el documento exponen la creación de un consejo de gobernadores que tendría por finalidad "coordinar las relaciones entre el Estado central y las regiones para la debida ejecución de sus misiones institucionales".
La coordinadora de la comisión de Forma de Estado, Jeniffer Mella (Frente Amplio), precisa que la propuesta considera que el consejo esté presidido por “alguien con una envergadura de ministro o ministra, o incluso por el Presidente”.
A eso se suma que las regiones puedan recaudar tributos, además de administrar los fondos que les sean asignados por glosa presupuestaria. "La carga tributaria hoy llega a nivel central y desde allí se distribuye a través de los distintos fondos", plantea Mella. Añade que hay "impuestos que llegan a destiempo y están muchas veces relacionados con lo que ocurre en Santiago".
El tercer eje es la creación de territorios especiales "para garantizar los derechos de sus habitantes", dice el texto.
Actualmente, la Constitución establece en su artículo 126 bis como "territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández". La
propuesta incluye extender este estatus a zonas de difícil acceso, insulares, zonas extremas o incluso zonas de sacrificio, cuya determinación se realizaría a través del Congreso con consulta al consejo de gobernadores.
Estas zonas "tendrían una planificación, un ordenamiento territorial que garantice la conservación, la protección, la restauración de los ecosistemas y de sus patrimonios culturales", explica Yarela Gómez (Frente Amplio). Para ello, se establecerían fondos fiduciarios, es decir, dineros destinados de manera exclusiva, permanentes o transitorios, según la categoría del territorio especial, sin la necesidad de ser renovados como con el Programa de desarrollo de zonas extremas, por ejemplo.
Análisis de académicos
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, advierte que no sería aconsejable ser tan imprecisos con las funciones de los órganos que se pretenden crear, ya que la propuesta del Frente Amplio deja abierta la definición de las facultades de los parlamentos regionales a aquello que no sea atribución del Congreso Nacional.
"Revisaría en detalle las atribuciones normativas que se le darían al Parlamento nacional versus los órganos regionales, como el consejo regional ya existente, sobre qué aspectos van a legislar los órganos nacionales versus los regionales, más que dejar esta competencia residual, porque es una atribución muy abierta", afirma.
A su juicio, este modelo "tiene sentido en países como Estados Unidos o Suiza, donde los estados o cantones tenían su estructura legal constitucional preexistente a la conformación de una federación o una confederación".
Rodrigo Correa, académico de la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez y director de Razones Constituyentes, considera que esta propuesta depende de cuántos órganos terminen siendo. "Si uno pensara en tres o quizás cuatro macrorregiones, y cada una de ellas tuviera un parlamento regional. Eso yo sí creo que podría tener sentido", dice.
Respecto a los territorios especiales, Correa afirma que "es una idea digna de ser considerada", y que "algunas definiciones muy básicas pueden quedar establecidas en la Constitución y se puede dejar su desarrollo posterior al legislador".
