Durante la tarde de este lunes y en medio de tensiones por el proceso de consulta indígena que busca desarrollar la Convención Constitucional, el convencional Victorino Antilef renunció a la coordinación de la comisión de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, argumentando su descontento con la forma en que se está organizando la iniciativa.
En ese sentido, el representante del pueblo Mapuche dio a conocer su decisión argumentando que "al poco andar, me he encontrado con la encrucijada de coordinar una comisión que pretende impulsar un proceso de Consulta que ha adquirido contornos que significan un peligroso precedente para los futuros procesos y un retroceso en la lucha de los pueblos en búsqueda de su dignidad".
Esto, ya que "al transformar la obligación del Estado, de consultar las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, en un mero proceso de participación mediante fichas que, por muy didácticas,
no cumplen con los estándares internacionales, ni en forma, ni en contenido".
En esa línea, Antilef enfatizó en que "la pretensión de consulta mediante el documento base de las fichas didácticas aludidas y que sustituyó completamente el presentado por esta coordinación, incurre además en la vulneración del artículo 19 número 2 del reglamento de consulta y participación indígena, por cuanto las fichas didácticas no contienen la forma en que se concretizan y garantizan en el texto constitucional los derechos de los pueblos indígenas".
"Al menos antes podríamos invocar el argumento de que desde el estado torcidamente se interpretaba nuestra realidad con esquemas ajenos", agregó al respecto.
Igualmente, el convencional cuestionó que a la fecha la Secretaría de la consulta "que ha sido integrada por gente proveniente de nuestros pueblos, no tiene si quiera asegurado los mínimos derechos laborales, como percibir una remuneración por tan importante labor, tiempo y dedicación que exige esta justa causa, ni las condiciones necesarias para llevar a cabo sus funciones".
Ahora bien, por otra parte, también abordó la polémica generada por la supuesta falta de recursos en la materia, manifestando que "por lo demás, ante la pregunta falta de recursos, se ha intentando impulsar por parte de ciertos equipos de constituyentes la entrega absoluta de este proceso a entes privados como fundaciones, soslayando la obligación del Estado de implementar y ejecutar la consulta indígena, dejando tanto el procedimiento, como los resultados y la información propia de las comunidades y territorios, en manos de agentes que no necesariamente cuentan con la pertenencia cultural requerida, ni la confianza de las comunidades o territorios".
