Un grupo de constituyentes presentó este jueves una iniciativa de norma que busca eliminar el Tribunal Constitucional y que su rol lo cumpla una sala de la Corte Suprema. Además, en la propuesta desaparece el control preventivo que actualmente ejerce el TC.
El texto está firmado por los frenteamplistas Fernando Atria, Giovanna Roa, Amaya Alvez, Beatriz Sánchez, Ignacio Achurra, Damaris Abarca, Jaime Bassa, Christian Viera, Constanza Schonhaut, Jeniffer Mella, Yarela Gómez; Mauricio Daza (INN), Hugo Gutiérrez (PC) , Manuela Royo (MSC) y Vanessa Hoppe (MSC).
"No se trata de la eliminación de la justicia o el control constitucional, sino que es su reemplazo y una modificación muy sustantiva. Obedece a múltiples razones, principalmente
el desprestigio de un tribunal que se ha transformado en la práctica en un legislador", aseguró Christian Viera.
Lo que dice la propuesta
El documento establece que "la Corte Suprema, en sala especialmente constituida y formada por nueve jueces y juezas elegidos por sorteo, podrá declarar, a petición del tribunal que conoce de una gestión judicial, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en el asunto que se sigue ante ese tribunal tenga efectos contrarios a la Constitución".
"Las partes intervinientes podrán en cualquier etapa procesal y antes de la dictación de sentencia firme, solicitar al tribunal que se encuentra conociendo de la gestión que plantee la cuestión de inaplicabilidad ante la Corte Suprema", continúa.
"El tribunal examinará si procede y en tal caso presentará dicha cuestión suspendiendo, si el caso lo amerita, el procedimiento en que el precepto legal incide. El rechazo de una solicitud de parte deberá hacerse por resolución fundada", agrega.
Sobre la cuestión de inaplicabilidad, el documento estipula que esta será acogida si el precepto legal cuestionado "resulta decisivo para la resolución del asunto controvertido; o no puede ser interpretado de modo de evitar los efectos inconstitucionales de su aplicación a la gestión respectiva".
También define que el tribunal debe definir la cuestión de inaplicabilidad por mayoría, y que la sentencia que acoja la cuestión solo tendrá las razones que fundamentan el voto de mayoría.
Además, consagra que una vez declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, este no podrá ser aplicado en la gestión judicial en la que se originó la cuestión de constitucionalidad.
"Con el acuerdo de la mayoría, la sentencia que rechaza la cuestión de inaplicabilidad podrá declarar la interpretación del precepto legal en conformidad a esta Constitución. El juez o jueza deberá aplicar dicha interpretación, siendo infracción de ley su inobservancia", se lee en la propuesta.
El último artículo define que, si la inaplicabilidad se debiera a la inconstitucionalidad del precepto legal, el tribunal lo debe declarar así en la sentencia. Y así, la sentencia será enviada a la Cámara de Diputados que podrá modificar o derogar el precepto en cuestión. Pero asegura que la modificación de ese precepto legal no impedirá que se pueda acoger respecto de este otra cuestión de inconstitucionalidad.
En ese sentido, los constituyentes aclararon que se trata de un control "débil" de constitucionalidad, que implica que si se acoge la inconstitucionalidad de la ley, se remite al Congreso, para que pueda hacerse cargo de las observaciones que hace el tribunal.
"Esto transforma nuestro sistema, lo democratiza y evita que el TC, que no tiene una legitimidad democrática, conozca respecto de la constitucionalidad de las leyes y haga un trabajo de legislación negativo, respecto del cual existen muchísimas críticas en nuestro país", complementó Manuela Royo.
Al mismo tiempo, Daza recordó que la Corte Suprema también será probablemente objeto de varias modificaciones, pues "estamos discutiendo al interior de la comisión
que la Corte Suprema esté integrada por ministros, jueces que no estén designados de la forma en que hoy ocurre, que básicamente es una designación en la que interviene la autoridad política. Estamos discutiendo propuestas para crear un órgano autónomo, un Consejo Superior de Justicia, que esté a cargo de esas designaciones", dijo Daza.
Las críticas a la propuesta
A pesar de que la propuesta unió a varios sectores políticos, no consiguió los apoyos de la centroderecha, cuyos representantes criticaron duramente el hecho de que se termine con el TC y alegaron por las señales que la coalición del Presidente electo Gabriel Boric estaría dando en la Convención.
"Es bastante contraproducente con lo que ha tratado de mostrar la coalición de Gabriel Boric en la conformación del gobierno. Él gana la presidencia en segunda vuelta con un tono de moderación, demostrando que es posible hacer cambios con estabilidad. Esta propuesta es una involución, un retroceso de 50 años, que no genera estabilidad, sino que nos deja en una situación que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo", criticó Ruggero Cozzi (RN), de la misma comisión de Sistemas de Justicia.
Esa misma línea siguió Carol Bown (UDI), quien cuestionó que "el control de constitucionalidad cierra el círculo de la democracia. 'Desespecializar' el tribunal es algo que ningún país democrático ha hecho. Espero que al menos quede establecida una Corte Especializada y no se retroceda a control difuso de la constitucionalidad".
En tanto, la representante de Chile Libre, Ruth Hurtado, aseveró que a su juicio es primordial contar con un tribunal como el TC y que "darse ese gusto político, de eliminar el TC, obedece a una ideología política sesgada, más que a pensar en lo más conveniente para dar garantías a un nuevo texto. Podemos modificar su composición o incluso cambiar el nombre, pero desde mi perspectiva se debe mantener un órgano de control constitucional".
