Acompañado del titular de Justicia, Hernán Larraín, y de otras autoridades, el Presidente Sebastián Piñera, presentó este jueves un proyecto de ley para tener un nuevo Código Penal. Proponiendo así su más profunda modernización en casi 150 años de historia y buscando garantizar penas efectivas de cárcel para todos los delitos más graves de nuestra legislación.
Al respecto, Piñera destacó que desde hace años ya varias gobiernos han trabajado en esta tarea, agradeciendo el apoyo de expertos y universidades en su redacción.
"Este nuevo Código Penal , que es fruto de todos esos esfuerzos, junto con poner la legislación penal chilena al día, con los más altos estándares jurídicos, también actualiza y moderniza su contenido, codifica buena parte de la legislación penal que hoy está dispersa en múltiples leyes especiales e introduce cinco grandes innovaciones. Todas ellas con un sólo propósito, proteger mejor las libertades, la seguridad y en consecuencia, la calidad de vida de nuestros compatriotas", sostuvo el Mandatario.
Según explicaron, se trata de una reforma necesaria y urgente, ya que el actual texto data de 1874, entrando en vigencia el 1 de marzo de 1875, siendo el más antiguo de Occidente y no contempla las nuevas formas de criminalidad que han surgido en las últimas décadas, como son los delitos informáticos, medioambientales, el ciberacoso, el physhing y el pharming, hostigamiento, extorsión, entre otros.
Entre las principales deficiencias del actual Código Penal, es que impone penas muy altas para varios delitos, pero que -en la práctica- pocas veces se cumplen con cárcel, por el excesivo peso que tienen las atenuantes.
Ante ello, la reforma presentada hoy establece un nuevo sistema de determinación de penas, que evita que las condenas de los delitos más graves se cumplan en libertad, y además, restringe a las atenuantes, por ejemplo, eliminando la "irreprochable conducta anterior".
Además, penalizará duramente el crimen organizado, pues reemplazará el delito de asociación ilícita, por el de "asociaciones delictivas y criminales", abarcando a más grupos organizados.
El nuevo Código establecerá consecuencias adicionales a las penas, como será el denominado "comiso de ganancias", que operará desde el inicio de la investigación penal y permitirá decomisar todo el patrimonio que han obtenido las bandas criminales organizadas, aunque se trate de activos que estén en manos de terceros, como pueden ser sus familiares.
También se creará un catálogo general de prohibiciones para el desempeño de profesiones o empleos, así como cancelación de acceso a ciertos lugares y realización de actividades, para quienes cometan determinados tipos de delitos.
En otras innovaciones, este proyecto de ley endurece sustancialmente las penas en delitos económicos y de corrupción, permitiendo que, aunque sean primerizos quienes los cometan, se les imponga la pena efectiva de cárcel, junto con establecer multas más altas para los hechores.
Y se aumenta la responsabilidad de las personas jurídicas, incorporando a sociedades y universidades del Estado, a entidades religiosas y a partidos políticos, a quienes se les ampliará el catálogo de delitos por los cuales responderán penalmente.
El nuevo Código Penal dejará de expresar las penas en términos confusos para la ciudadanía, como presidio mayor o menor, que se divide mínimo, medio o máximo. Se establecen las siguientes penas: la prisión; la reclusión (que puede cumplirse en cárcel o en el domicilio del condenado); la libertad restringida (que se cumple controlada por un delegado y por monitoreo telemático); la multa; y los servicios a la comunidad.
Estas penas además serán señaladas de manera simple y transparente, con una duración de años concretos, que sólo en casos excepcionales y justificados, se reducirán.
Sobre la iniciativa, el ministro Larraín planteó que "un Código Penal es una obra mayor, tiene alrededor de 600 artículos y es un trabajo que demora años en tramitarse, por tanto, lo que nosotros hemos querido es consolidar el trabajo de preparación con una amplísima participación y con una continuidad de Estado (...) Ese trabajo no se hace en tres meses, ni seis, ni en un año, por eso esperamos que sea el próximo Congreso el que lo priorice y lo pueda despachar en la próxima legislatura, sería una gran contribución al desarrollo jurídico del país".
Piñera además anunció que pronto enviará al Congreso otros proyectos de ley, uno que crea un nuevo sistema de mediación que va a simplificar, acelerar procesos y descongestionar al Poder Judicial y otra iniciativa que modernizará el código orgánico de tribunales.
