En su cuenta pública, la Fiscalía de La Araucanía informó que el año pasado
hubo 165 causas por violencia rural de alta connotación, lo que representa un aumento del 30% en comparación con 2020, en medio del estado de excepción constitucional.
El fiscal regional Roberto Garrido explicó que la medida solicitada por el Gobierno para colaborar logísticamente con las policías en la Macrozona Sur, "no supone ninguna facultad extra" para el Ministerio Público.
"El estado de excepción no supone ninguna facultad extra para La Araucanía, de apoyo distinto al que estamos realizando, el Ministerio Público se sigue vinculando con la PDI y Carabineros.
Por lo tanto, no nos corresponde hacer un análisis respecto de cómo impacta", dijo al ser consultado por un balance de la decisión en medio de este aumento.
Tras ello, añadió: "Hemos presentado cifras globales de todo 2021 que demuestran que los hechos de mayor connotación sí registraron en este período un incremento importante".
El fiscal Garrido entregó el detalle de este "incremento". "Son un total de 165 hechos de gran connotación que se registraron el año 2021, lo que representa un incremento muy relevante de más del 30% del año anterior y de más del 130% en relación con 2019", sostuvo. En 2020, hubo 121 y 71 en 2019.
Ante ello, anunció que se está trabajando en una redistribución de los recursos con los que cuenta la fiscalía que dirige, por lo cual dos persecutores se incorporarán a los siete que actualmente investigan delitos asociados a ese fenómeno. "Lo que implica que el 20% de nuestra dotación de fiscales adjuntos se abocará a la investigación de un fenómeno que en términos estadísticos no supera el 2% del total de ingresos", subrayó.
"Sin perjuicio de estos resultados, en la fiscalía somos autocríticos y estamos revisando de forma permanente nuestros procedimientos y procesos de trabajo. El rol que cumplimos es la dirección jurídica de la investigación penal, los resultados no dependen exclusivamente de nuestro trabajo
Fiscal Roberto Garrido
"Sin perjuicio de estos resultados,
en la fiscalía somos autocríticos y estamos revisando de forma permanente nuestros procedimientos y procesos de trabajo", afirmó el fiscal regional, sin aludir directamete al rabajo policial.
Asimismo explicó que "el rol que cumplimos es la dirección jurídica de la investigación penal, los resultados no dependen exclusivamente de nuestro trabajo, nuestra obligación es de medios, es decir, realizar todos los esfuerzos en el marco de nuestras facultades para lograr reunir antecedentes que permitan el juzgamiento de los hechos".
El persecutor informó que 68 personas se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva por delitos de alta connotación, de las cuales 26 han sido acusadas.
"En relación con atentados incendiarios existen siete personas que están específicamente vinculadas a este tipo de hechos en prisión preventiva, y cinco que han sido acusadas", dijo.
