Durante el proceso constituyente, el futuro y las características de distintos órganos autónomos —entidades con independencia administrativa frente al poder central, con presupuesto y personal propios— ha estado permanentemente en el debate. En la Convención se ha planteado, por ejemplo, eliminar el Tribunal Constitucional y que su rol lo asuma la Corte Suprema; que el Banco Central tenga más atribuciones y fortalecer Contraloría.
Pero en paralelo a esta discusión, los convencionales han propuesto crear nuevas instituciones autónomas que hasta ahora no han existido en la tradición constitucional chilena. En total, de acuerdo a las iniciativas de normas presentadas hasta este miércoles por los constituyentes, son nueve los inéditos órganos autónomos que se proponen instaurar.
Así están, por ejemplo, una defensoría del pueblo, los pueblos, o de los pueblos y naciones indígenas preexistentes; una defensoría de la naturaleza, un defensor del consumidor, un consejo de defensa del ciudadano, un consejo nacional de bioética y una entidad que vele por la seguridad social, entre otros.
Las propuestas llegan desde distintos sectores. Por ejemplo, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, junto a Janis Meneses, Manuela Royo, Elisa Giustinianovich, Alvin Saldaña, Alondra Carrillo y Bastián Labbé (todos de Movimientos Sociales Constituyentes) plantean la creación del defensor de los pueblos y de la naturaleza.
Una idea similar está siendo impulsada por constituyentes que formaron parte de la ex Lista del Pueblo, como Tania Madriaga, Giovanna Grandón, Manuel Woldarsky y Natalia Henríquez.
La creación del consejo de defensa del ciudadano, en tanto, fue propuesta por Harry Jürgensen, Martín Arrau (ambos de Chile Libre), Eduardo Cretton (Unidos por Chile), Arturo Zúñiga y Carol Bown (Un Chile Unido), y la del consejo nacional de bioética es impulsada por la independiente Loreto Vidal con el apoyo de Elisa Loncon (mapuche), Ignacio Achurra (Frente Amplio), Cristina Dorador (Mov. Sociales Constituyentes), Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente), Bernardo de la Maza (Independientes-RN-Evópoli), Malucha Pinto (Colectivo Socialista), Carolina Videla (Chile Digno) y Elsa Labraña (ex Lista del Pueblo).
Los argumentos
¿Por qué establecer en la nueva Carta Fundamental la creación de estas instituciones?
Alvin Saldaña argumenta que "hemos visto que en muchos casos las personas han debido defender intereses sociales y ambientales. Les ha tocado litigar contra los propios servicios públicos que muchas veces son dirigidos por cargos meramente políticos que representan los intereses del gobierno de turno. Por eso la autonomía tiene que ver con el principio de contrapeso que debe existir en el Estado para el adecuado control".
Y agrega: "¿Por qué una defensoría aparte de la naturaleza? Pues, es por el principio de especialidad y por el enfoque ecosistémico. Dado lo frágil que son los ecosistemas del país, se requiere de una institucionalidad especializada que trascienda la mirada antropocéntrica (...). Es algo innovador y necesario".
Janis Meneses afirma que la creación de nuevos órganos autónomos "puede aportar significativamente a que los poderes que han dominado históricamente no logren coaptar estos espacios".
Similar opina Manuela Royo: "La existencia de una defensoría de la naturaleza apunta a que existan organismos especializados que no dependan del gobierno, como sucede actualmente con el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental".
Loreto Vidal, por su parte, dice que la demanda de un consejo nacional de bioética lleva años y que la Convención es la oportunidad para que quede establecido. "Cuando tienes un mandato, que es la norma madre (la Constitución), invariablemente tienes que hacer desde el punto de vista legal la implementación obligatoria de aquella normativa", afirma.
Podrían aislarse de controles
No todos los convencionales ven con buenos ojos esta proliferación de nuevas instituciones. Christian Viera (Frente Amplio) expresó el 29 de diciembre, en la comisión sobre Sistemas de justicia, que no es partidario "de la constitucionalización excesiva de los órganos autónomos. En ese sentido, no hay que confundir la garantía democrática de los órganos con que este reconocimiento sea constitucional. Una carga excesiva de órganos lo que hace es rigidizarlos y no necesariamente es una profundización democrática. El problema de las autonomías pasa por su integración, y eso no se soluciona necesariamente con la Constitución".
Precisamente, la integración de esos órganos —que en varias de las propuestas de normas no está especificada— aparece como un tema relevante a discutir. Jaime Arancibia, director de Derecho Público de la U. de los Andes, postula que si bien "la autonomía evita la captura del Poder Ejecutivo, efectivamente conlleva el riesgo de captura por sujetos regulados u operadores políticos".
Haciendo eco del diagnóstico de Viera, Domingo Lovera, académico de Derecho de la UDP, plantea que hay ocasiones en que los órganos autónomos, en forma justificada o no, "han utilizado esta autonomía constitucional para aislarse de otro tipo de controles, como en materias de transparencia o publicidad". Agrega que algunas instituciones han utilizado su autonomía constitucional "como sistemas de blindaje a la crítica y control democrático y eso lo deberíamos mirar con sospecha en un régimen republicano y democrático".
Arancibia, pone otro punto: "La sobriedad constitucional obliga a que solo los organismos más importantes estén en la Constitución, sean o no autónomos. En otras palabras, más que la autonomía, lo que cuenta es la importancia. Hay entes importantes no autónomos que están en la Constitución, como ministerios, Fuerzas Armadas, delegaciones presidenciales".
Guardianes de la Convención
Varios convencionales reconocen que consagrar estas entidades ayudará a futuro a seguir defendiendo las demandas con las que llegaron a la Convención. De hecho, se observa que los temas que abordarían estos órganos se relacionan estrechamente con banderas de lucha que han enarbolado algunos, por ejemplo, los denominados "ecoconstituyentes".
"En Ecuador se consagraron los derechos de la naturaleza, pero no se resolvió la parte orgánica de la institucionalidad: qué órgano estará a cargo y cómo se nombrarán sus miembros, y se han demorado años en implementarlo", dice Saldaña.
Además, algunos esperan no solo dejar estas instituciones establecidas en la Carta Magna, sino también trabajar posteriormente para asegurar que la intención con la que nacieron no sea alterada en el tiempo. Loreto Vidal lo expresa así: "Si el consejo nacional de bioética se aprueba, desde el momento en que sea una norma haré todo lo necesario para que se haga como lo pensamos en su origen".
