Preocupación y alarma ha generado entre los expertos locales de la industria tecnológica y activistas dedicados a la protección de los derechos digitales la discusión en el Congreso de
un cambio a la actual ley de delitos informáticos, el cual fue aprobado la semana pasada en una comisión mixta y permitiría al Ministerio Público
solicitar datos personales de cualquier ciudadano a todo proveedor de servicios en Chile y sin una orden judicial. En una declaración pública que apareció esta semana en El Mercurio, siete organizaciones dedicadas al tema argumentaron que el texto en discusión es ambiguo y establece como único requisito para el acceso a los datos el que haya "una investigación en curso", lo que "abre un amplio margen para solicitudes genéricas e indefinidas".
