La Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional aprobó en general una norma que nacionaliza las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, "pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional", impulsada por Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente) y otros independientes.
Este punto logró 11 votos a favor y 8 en contra de los INN Jorge Abarca, Carolina Sepúlveda, Juan José Martin; Rodrigo Álvarez (UDI) Trinidad Castillo (CS), Bernardo Fontaine (Ind. RN), Pablo Toloza (UDI) y Roberto Vega.(RN).
"Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes. Las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización", se lee en el documento.
Ese artículo fue aprobado con 11 votos a favor, seis en contra de Juan José Martin (INN), Roberto Vega (RN), Pablo Toloza (UDI), Bernardo Fontaine (Ind. RN), Rodrigo Álvarez (UDI) y Trinidad Castillo (Colectivo Socialista); y dos abstenciones de los INN Carolina Sepúlveda y Jorge Abarca.
La iniciativa establece que los bienes estratégicos son "los bienes naturales como el
cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras y otros minerales".
Según la propuesta, el Presidente de Chile tendrá un plazo máximo de 1 año desde la promulgación de nueva Constitución para implementar dicha disposición.
Además, esta establece que "no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre bienes mineros y de hidrocarburos ya que por mandato Constitucional pertenecen al Estado de Chile".
El detalle de la iniciativa
El texto leído por Olivares también propone que toda explotación de estos bienes estratégicos deberá realizarse "en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes, en particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de decisiones que afecten sus territorios o su supervivencia como pueblos", y que "los pueblos indígenas participarán de los beneficios de tales actividades, y percibirán una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades". (Con 15 votos a favor y cuatro en contra de Rodrigo Álvarez, Pablo Toloza, Roberto Vega y Bernardo Fontaine).
En cuanto a las indemnizaciones, la norma estipula que corresponderá al Contralor General de Chile determinar el monto que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y sus filiales, en 120 días contados desde que la Constitución entre en vigencia.
"Las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será el valor libro al 31 de diciembre de 2021, según las normas del IFRS. Podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentas excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas", se lee en el texto.
Por último, establece que el Presidente fijará el plazo, interés y forma de pago, que no puede ser superior a 30 años ni el interés ser inferior al 3% anual, y tendrá que ser pagada en dinero, "a menos que las empresas nacionalizadas acepten otra forma de pago".
La discusión
"Lo que está haciendo esta norma es nacionalizar las empresas con todos sus activos y eso requiere una expropiación, una indemización que es mucho más alta que la que podríamos pagar como Estado (...) me parece que además deja un flanco abierto gigantesco a la responsabilidad de Chile por los tratados que válidamente ha firmado", criticó Rodrigo Álvarez (UDI).
"No es expropiación, es nacionalización del cobre. Aclararle a la gente que acá no se habló de los pequeños mineros ni los pirquineros, queremos que la labor del pirquinero sea una labor cultural y ojalá siga en el tiempo.
Yo que anduve en las calles, lo que más se hablaba era sobre la nacionalización de nuestros minerales y nuestro cobre", dijo Isabel Godoy (pueblo colla).
"Hay que dejar de hablar del extractivismo con ninguneo", pidió Bernardo Fontaine (Ind. RN).
"Chile necesita más justicia, pero expropiar las empresas, operaciones mineras, es hundir esa posibilidad de más justicia. Las concesiones son solo una forma de financiar la explotación, el desarrollo de la minería, y por supuesto que se puede cambiar la forma de hacer concesiones, se puede cambiar la tributación, pero el Estado chileno no ha tenido nunca los recursos suficientes para explotar la minería", aseguró Fontaine.
En tanto, la coordinadora Camila Zárate (Pueblo Constituyente) pidió votaciones separadas por no estar a favor de todos los puntos planteados. "La minería no es sustentable ni busca el buen vivir, la minería es depredación. No tratemos de hacer creer que la minería va a ser verde, sustentable, porque es lo que es. Entendemos que es importante para el país, pero no la maquillemos. Vemos esta norma preocupante porque se sigue considerando estratégica, prioritaria", sostuvo.
Con la aprobación en general de esta propuesta, se abre un plazo para que los convencionales le ingresen indicaciones y así se vuelva a votar en particular. De ser aprobada nuevamente, pasa al pleno de la Convención, donde necesita del apoyo de 2/3 de los constituyentes para incorporarse al proyecto de nueva Constitución.
