El plazo para ingresar las iniciativas populares indígenas concluyó a las 23:59 de este martes.
Aton
A las 78 iniciativas populares de norma que lograron las 15.000 firmas para ser discutidas en la Convención se sumarán también 201 iniciativas populares indígenas que lograron sus propios requisitos para tramitarse antes del cierre del plazo, que concluyó este martes a las 23:59.
Esta cifra es preliminar, pues se podrían sumar otras más que llegaron vía postal.
Se trata de propuestas que podían ingresar los representantes de pueblos originarios y que para entrar a la plataforma debían cumplir con ciertas características específicas. Primero, el reglamento de Participación y Consulta Indígena establecía que estas iniciativas no tendrían más formalidades que "aquellos aspectos que permitan el total entendimiento del espíritu de la norma constitucional propuesta, que sea presentada dentro del plazo que el reglamento general determine para las iniciativas populares y que cumpla con los patrocinios".
La fórmula para el patrocinio era distinta, pues no requerían 15.000 firmas. En el caso de los pueblos mapuche, aymara y diaguita, las iniciativas debían contar con el respaldo de al menos tres comunidades o cinco asociaciones indígenas registradas ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o un cacicazgo tradicional reconocido en la ley Nº 19.253.
También se permitía el patrocinio de organizaciones representativas de los pueblos indígenas que no estén inscritas, o de "al menos 120 firmas de personas que pertenezcan a los pueblos o naciones preexistentes al Estado".
En el caso de los demás pueblos, alcanzaba con el patrocinio de una sola comunidad, asociación registrada u organización indígena no registrada; o de al menos 60 firmas de personas que tengan acreditada la calidad indígena del mismo pueblo.
Los temas de las propuestas
Entre las propuestas ingresadas hay una mayoría que busca el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la consagración del Estado plurinacional, pero también hay otras que impulsan, por ejemplo, "educación de calidad con enfoque indigenista y antirracista", derechos de la naturaleza y protección del patrimonio cultural de los pueblos.
En materia de justicia, hay normas que establecen el pluralismo jurídico y los tribunales indígenas; también una se centra en "reconocer el genocidio contra la nación mapuche". Esa misma, incluye un artículo transitorio para la creación de un parlamento que tenga como fin establecer las nuevas "relaciones diplomáticas entre la nación chilena y la nación mapuche".
Según plantea la norma, en esta convocatoria debe participar el Gobierno de Argentina y estipula que "en caso de negativa por parte del Gobierno Argentino, el Estado de Chile deberá suspender todo tipo de relaciones políticas, económicas y diplomáticas con el Estado de Argentina, hasta la efectiva y comprometida participación de este último".
Otra de las propuestas que se tramitará por parte de la Convención es una que busca asegurar a las comunidades y sujetos indígenas derechos respecto al uso de la hoja de coca en el ámbito ceremonial, laboral y en la vida cotidiana.
Todas estas deberán ser distribuidas por parte de la mesa directiva a las comisiones temáticas correspondientes, y una vez adentro, deben ser discutidas y votadas en general. Si se aprueban, se abre un plazo para el ingreso de indicaciones y su votación en particular. Y solo si se aprueban en ese momento, pasan al pleno, donde requieren de 2/3 de los constituyentes para incorporarse al proyecto de nueva Constitución.
