La comisión de Medio ambiente y modelo económico ha mantenido atentos a todos los sectores de la economía nacional durante estas dos semanas.
Los convencionales están votando normas en general y salvo las presentadas por los constituyentes elegidos en el pacto Vamos por Chile —por ejemplo, acerca de la libre iniciativa económica, la promoción de la libre competencia y un estatuto de la minería—, la mayoría ha sido aprobada, varias de ellas generando preocupación en el sector productivo, por el impacto económico y social que podrían tener.
"Ha sido evidente la demostración de un medioambientalismo absolutamente radical y extremo. Además de un desconocimiento profundo en la Comisión de los efectos jurídicos y legislación internacional de muchas normas", reflexiona el convencional UDI Rodrigo Álvarez.
Un ejemplo, dice, es la propuesta sobre "derechos de la naturaleza y de los bienes naturales comunes" presentada por los convencionales de pueblos originarios Isabel Godoy, Victorino Antilef y Félix Galleguillos, que establece el "reconocimiento y protección de los derechos de la naturaleza" e incorpora dos nuevas categorías al ordenamiento jurídico: derechos de la naturaleza y de los bienes naturales comunes.
La norma define a los bienes naturales comunes como "aquellos elementos o componentes de la naturaleza que son comunes a todos los pueblos y naciones de Chile, personas y seres vivos, no son susceptibles de propiedad privada y existe un interés general prioritario en su preservación".
El abogado y exsubsecretario de Medio ambiente Rodrigo Benítez sostiene al respecto que "ya existen herramientas en nuestra legislación para proteger la naturaleza y lo que hace falta es aplicarlas". Añade que ideas como consagrar en la Constitución derechos de la naturaleza, como lo ha hecho Ecuador, "no son los que queremos tener como modelo".
Nulidad de concesiones
La norma "Derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales", también aprobada, fue patrocinada por los convencionales de pueblos originarios Natividad Llanquileo, Francisca Linconao, Eric Chinga, entre otros, y señala que "la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeran sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas, cuando estos permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementados sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta".
Esta considera que "dentro de los cinco primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución, el Gobierno de Chile deberá construir y financiar una comisión especial, plurinacional, encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados".
Al respecto, Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), señala que "no existe catastro de cuáles son las concesiones que se verían afectadas ni cómo sería impactado el país con esta decisión, abriendo la puerta a interminables juicios que en nada van a beneficiar al país y su desarrollo".
Bernardo Fontaine (Independientes- RN-Evópoli), por su parte, afirma que "la nueva Constitución debe ayudar a una solución para los pueblos indígenas, pero lo propuesto es descabellado: anular todas las concesiones mineras, de agua y las operaciones forestales, de energía, salmoneras, etcétera, es imposible. El Estado se desangraría pagando indemnizaciones y Chile difícilmente sería un buen destino para invertir. Terminaríamos con un país con menos oportunidades y menos sueldos (...). Pido al pleno sentido común".
Sobre lo aprobado, el convencional Claudio Gómez (Colectivo Socialista) dice que "debemos estar abiertos a discutir sobre la propiedad de nuestros recursos naturales, sin embargo, podemos dar protección al medio ambiente como eje central y permitir la convivencia entre la actividad minera por parte de empresas del Estado y privados a través de concesiones administrativas y temporales, pero bajo estrictos estándares de protección ambiental y un nuevo estatuto de tributación".
Por lo mismo, Gómez cuenta que a través de una iniciativa de su colectivo, INN y el Frente Amplio, buscarán establecer el dominio público de todas las sustancias minerales, reservando para el Estado y sus empresas las sustancias minerales estratégicas como el litio e hidrocarburos líquidos y gaseosos. "Podrán otorgarse concesiones mineras, pero no conferirán dominio. Se otorgarán temporalmente y de forma administrativa por un órgano autónomo de rango legal y los montos recaudados por tributos se distribuirán para el fisco y una parte a territorios donde se desarrolle la actividad", detalla.
Minería en tensión
También esta semana fue aprobada la norma titulada "Nacionalización y nueva gestión social y ambiental de la minería del cobre, litio y otros bienes estratégicos para el buen vivir", la que fue presentada por la convencional Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente), entre otros. Esta norma considera la nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos (cobre, litio, oro, plata, hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, manganeso, entre otros), de los derechos de los que sea titular y a la totalidad de sus bienes.
"Por tanto, las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización", señaló Olivares, y acotó que se les pagará a las empresas el valor libro según IFRS a ese año.
Pablo Toloza, convencional UDI, señala que "esto vulnera las normas y tratados internacionales, y además, toda la jurisdicción chilena en la materia".
A juicio del abogado y asesor de Sonami Alejandro Canut De Bon, si esta norma prospera hay que preguntarse de dónde se sacarán los recursos para seguir haciendo minería. "La minería es una apuesta muy lenta y de muy baja probabilidad. Tú comienzas a explorar hoy, y uno de cada 300 proyectos de exploración llevará a una mina. O sea, ¿cómo sales a buscar capital con una probabilidad de éxito muy baja? Esa es justamente la razón por la cual el Estado no hace minería. El Estado no explora, no arriesga su dinero, no apuesta con millones de dólares", puntualiza.
Tratados en la mira
Otra norma aprobada fue la iniciativa "Resguardo de la soberanía en materia de tratados de libre comercio y otras materias", patrocinada por Isabel Godoy y otros, cuyo objetivo es buscar mecanismos que resguarden la soberanía y el "buen vivir"de los pueblos, e incluye el retiro de Chile del Ciadi (Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones).
La norma considera la denuncia (declaración unilateral por medio de la cual un Estado manifiesta su intención de dejar de ser parte de un tratado) "de los tratados que cumplieron fecha de término, y el inicio de procesos de renegociación o denuncia de los TLC que no cumplen con los principios establecidos en la nueva Constitución".
"Lo anterior busca que el Estado no sea acusado de expropiación y sea demandado en tribunales internacionales si aprueban normas y leyes para recuperar el agua y otros elementos naturales; para fijar royalties, exigir transferencia tecnológica o poner fin a las AFP, o para impulsar la agroecología y defender los territorios", señaló Lucía Sepúlveda, integrante de la Red de Acción en Plaguicidas Chile RAP-Chile y quien expuso la norma.
Macarena Fernández, abogada y decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la U. del Alba, explica que el objetivo del Ciadi es ofrecer un foro neutral para los inversionistas, nacionales y extranjeros, y para el Estado. "Hoy, 155 países son miembros del Ciadi, y el hecho de salirse de este o de los TLC no extingue los compromisos inmediatamente. Todos tienen permanencia que incluso puede llegar a 6 o 7 años, incluso más en algunos casos", agrega.
Andrés Rebolledo, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. SEK y exdirector de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), advierte: "Creo que es un error plantear la denuncia unilateral de los acuerdos, eso generaría un gran costo para Chile en imagen y, sobre todo, por la pérdida de oportunidades que Chile ha logrado aprovechar a lo largo de los años en los mercados de exportación".
Por su parte, Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, lamenta la iniciativa: "Chile ha dejado de ser una isla hace muchos años, se ha insertado en el contexto internacional como un país serio, responsable, con una mirada de largo plazo y con relaciones internacionales basadas en la confianza".
