Marcos Barraza (PC) es visto al interior de la Convención como uno de los articuladores de las fuerzas de izquierda. Sin embargo, el psicólogo, exministro de Desarrollo Social y Familia del segundo mandato de Michelle Bachelet y convencional del colectivo Chile Digno, miembro de la comisión de Sistema político, sostiene que "cada colectivo tiene muchas personas que cumplen roles en diferentes ámbitos".
Barraza afirma que "existe un diálogo franco entre los diferentes colectivos", donde cada sector puede exponer sus posiciones. Aquí, algunas de las suyas.
—¿Cuáles son las normas que para usted tienen que estar en la propuesta de Constitución?
—No hay normas de primera o segunda categoría. La Constitución es un todo y, en consecuencia, cada norma es tan relevante una respecto de otra, entendiéndola desde una perspectiva o una mirada sistémica. Yo podría, tal vez, enfatizar lo que me parece que deben ser elementos centrales.
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¿Cuáles son esos elementos centrales?
—A mí me parece que si lo que moviliza parte importante de las expectativas populares en materia de transformación son derechos sociales, una relación con la política sana, entre la ciudadanía y la política, el fin de los abusos, si se quiere, la vivencia en territorios provistos de calidad de vida; es evidente que se requiere una recaracterización del Estado. Y ahí yo veo como un elemento central terminar con el Estado subsidiario y consolidar un Estado democrático y social de derechos, en términos de garantías civiles y políticas y en términos de garantías sociales culturales económicas.
—¿Qué tipo de modelo ha observado?
—Es claro que eso se expresa en una democracia participativa, no solo representativa, considerando que en representación es clave que se incorporen grupos históricamente invisibilizados al sistema político.
—¿Escaños reservados, por ejemplo?
—Pueblos originarios tienen que tener reconocimiento constitucional en base a la definición de un Estado plurinacional, y eso implica, o connota más bien, que la plurinacionalidad se transversalice en el conjunto de las instituciones del Estado considerando, entre otros, escaños reservados en el sistema político. Del mismo modo, creo que hay que incorporar mecanismos de democracia directa que aseguren, en el marco de un presidencialismo atenuado y un Congreso unicameral, ejercicios de soberanía por parte de la ciudadanía. Y creo que también el Estado tiene que tener prerrogativas con las que hoy día no cuenta. Hablo más bien de un Estado empresario, con iniciativa productiva, un Estado que es soberano de los bienes públicos estratégicos.
—¿Cuáles son las características que, a su juicio, debe tener un Estado plurinacional?
—Implica reconocer que la soberanía recae en pueblos y naciones que conforman el Estado de Chile en el marco de un único Estado. Implica reconocer que existen territorios con gobernanza propia, pero que no es contradictoria con la gobernanza del Estado general. Implica reconocer que existen estatutos propios, que existe pluralismo jurídico, que tampoco es contradictorio, pero sí reconoce la norma propia.
—Desde Chile Digno propusieron un presidencialismo atenuado, que no tuvo el apoyo de sus compañeros de coalición de gobierno. ¿Estarían dispuestos a integrar, a través de indicaciones, alguna de las figuras propuestas por el Frente Amplio?
—Nosotros tenemos, evidentemente, coincidencias y también tenemos perspectivas distintas sobre el régimen político. Así como coincidimos en el Congreso unicameral (…) también hemos tenido, digamos, apreciaciones distintas, por ejemplo, respecto del régimen de gobierno. Nosotros hemos planteado que no nos gusta y creemos que hay que terminar con el hiperpresidencialismo, pero hemos planteado un rebalanceo a partir de un presidencialismo atenuado.
— Respecto del tipo de Congreso, desde algunos colectivos que están por el Congreso bicameral han señalado que con esta propuesta pierden las regiones...
—Creo que ese es un argumento falaz, que se ha esgrimido para cuestionar el Congreso unicameral. El debate de fondo es si tiene que existir Cámara revisora o no, y quienes han sostenido mayoritariamente la existencia de un Congreso bicameral han sido elusivos del debate respecto de la existencia de una Cámara revisora sobre otra. Para nosotros es clave que exista un Congreso con una Cámara que no retarde ni lentifique los procesos legislativos, sino que más bien sea consistente con las expectativas sociales.
—En la comisión de Derechos Fundamentales se expusieron dos iniciativas patrocinadas por Chile Digno, relativas a los límites de la libertad de expresión. ¿Cuál es la finalidad de esas iniciativas?
—Pienso que, en general, la Constitución tiene que resguardar la libertad de expresión, ese es un derecho fundamental. La pregunta es qué se hace con los discursos de odio, qué se hace con el negacionismo. Eso no es libertad de expresión. Yo creo que existe un consenso mayoritario en la Convención Constituyente de que la libertad de expresión es un derecho fundamental que tiene que quedar debidamente resguardado.
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Y en el caso de los discursos de odio y el negacionismo...
—Creo que, y esto bien vale para todo, no puede promoverse la incitación al odio. No puede promoverse la negación de la existencia de otro ser humano. No es legítimo generar discursos que violenten la existencia de otro ser humano o de algún colectivo, producto de ese discurso de odio.
—Distintos sectores del apruebo han dicho que ven con preocupación la aprobación en comisiones de algunas normas, como la nacionalización de recursos naturales, de la minería. ¿Cuál es su opinión de esa iniciativa?
—A nosotros nos parece que, desde el punto de vista de la soberanía, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, desde el punto de vista del erario público y la financiación de los derechos sociales, es clave la nacionalización del cobre y de otros bienes públicos estratégicos.
—¿Y cómo se implementa eso a futuro?
—A nuestro entender, esto implica reconocer que en Chile la explotación racional, con solidaridad intergeneracional y respetuosa de los ecosistemas, en el plano de los bienes públicos estratégicos, supone una responsabilidad primerísima en términos de atribución por parte del Estado.
"Luego, también desde el punto de vista del Estado y la iniciativa económica. Propiedad mixta con privados y también contratos especiales cuando tengan que explotar privados. En el fondo creemos en un Estado de economía mixta, que de alguna manera asegure una explotación, si se quiere racional y respetuosa de los ecosistemas, pero que permita que los frutos de las riquezas queden principalmente para las chilenas y los chilenos".
—¿Qué elementos estaría dispuesto a transar?
—Hay que esperar cómo van los resultados de la discusión de las primeras normas constitucionales (…). Nosotros lo vamos a ver conforme se dé el debate en la perspectiva en el pleno.
