Durante esta jornada, la Comisión de Sistemas de Justicia volvió a votar los artículos que el pleno de la Convención rechazó la semana pasada, entre ellos dos que despertaron varias críticas: la inamovilidad de los jueces y el pluralismo jurídico.
Sobre el primero, la comisión aprobó que "las juezas y jueces son inamovibles. No pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes".
En cuanto al segundo, la instancia ratificó una redacción que dice que "el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia".
"Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales", consagra el texto nuevo.
Sobre lo aprobado, Andrés Cruz (Colectivo Socialista), aseguró que "producto de las negociaciones por los distintos grupos se logró consensuar una fórmula que logró destrabar la problemática que existía en torno a impedir que estas disposiciones hubieran logrado el quórum respectivo en el pleno, por lo que nos damos por satisfechos. No es lo ideal pero es una buena propuesta".
No obstante, en cuanto a la inamovilidad de los jueces hay algunas dudas, pues si bien se rechazó el inciso que buscaba limitar a 70 años la edad de los magistrados y abrir la puerta a una "duración" del cargo, los convencionales de la comisión no descartan que se pueda incorporar después.
"Estamos conformes en el sentido de que se eliminó la referencia a los jueces a plazo. Esa era una idea pésima que afectaba la independencia e imparcialidad de los tribunales, se elimina por ahora, pero es evidente que hay constituyentes que van a retomar la idea, van a insistir y no se rinden en estas malas propuestas", criticó Ruggero Cozzi (RN).
En tanto, Cruz contestó que "se suprimió el inciso respectivo en el que se abría las puertas a la posibilidad a que se estableciera un plazo para que los jueces pudiesen cesar en sus funciones, también la edad, pero eso no significa que no se pueda incorporar más adelante (...) nosotros sustentamos que tiene que eliminarse todo tipo de atisbo que permita relativizar la inamovilidad".
"Lo que hemos hecho es establecer la inamovilidad y sacar de este bloque de discusión de normas la discusión sobre el plazo que pueden durar los jueces, y llevarla a otro bloque, que será presentado en las próximas semanas ante el pleno y desde ya hay un acuerdo para definir una limitación en la duración de los ministros de la Corte Suprema", explicó Mauricio Daza (INN).
"Cuando ahondemos sobre la Corte Suprema vamos a definir la duración de sus ministros. Hay un acuerdo fuerte respecto a su duración, que no exceda los 12 años, y que puedan volver a trabajar como jueces de instancia", complementó Manuela Royo (MSC).
Sin embargo, Royo aclaró que "no hay iniciativa respecto a poner tiempo a los jueces de instancia, solamente en las altas cortes, y mientras dure su plazo de funcionamiento se mantiene el principio de inamovilidad".
Sobre el pluralismo jurídico, Carol Bown (UDI) aseguró que se trataba de una norma "maquillada" para que pase por el filtro del pleno, pero que no había ninguna modificación "sustancial".
"No hay diálogo con la derecha, no hay ninguna conversación genuina para incluir a todos los sectores, no va a ser la casa de todos. Se insistió en el pluralismo jurídico pese a nuestra argumentación y si bien han existido ciertas mejoras, son todos maquillajes para que sean aprobados por el pleno y no hay un cambio sustancial en lo que se había propuesto originalmente y que había sido rechazado por el pleno", dijo Bown.
Daza, por su parte, explicó que "lo que nos queda regular es la forma en que se va a concretar. La regulación no termina, sino recién empieza, y conceptos como el derecho de opción, de elegir el derecho propio indígena o el derecho nacional; la posibilidad de que esto se aplique solo entre miembros de una comunidad y que esto no se aplique en el ámbito penal son materias que se van a desarrollar más adelante".
"Es importante destacar que esto no es vulnerar el principio de igualdad, sino que el reconocimiento de las diferencias supera esta idea del monismo jurídico respecto al cual solo el Estado genera normas", señaló Royo.
Cozzi, al mismo tiempo, aseveró que "la norma que aprueba la comisión me parece muy defectuosa y creo que la ciudadanía está muy preocupada y se está actuando con poco realismo, con el tejo muy pasado por parte de los escaños reservados y siempre con mucha ambigüedad y falta de precisión en estas materias".
