En la sesión que parte a las 15:00 de este jueves, el pleno de la Convención Constitucional someterá a debate y votación en general el informe con las normas que preparó la Comisión de Sistemas de Conocimientos. Se trata de 30 artículos relacionados al derecho a la comunicación, libertad de prensa, derechos culturales, derecho a la conectividad, reconocimiento de la neurodiversidad, y otros más.
Los que se aprueben por más de 103 votos pasarán a la votación en particular del viernes, y los que no, volverán a la comisión para ser modificados.
"El informe da cuenta de un largo trabajo de muchos meses, de escuchar a organizaciones, especialistas, en las diferentes materias, y las propuestas vienen con un amplio consenso dentro de la comisión. Por cierto que esperamos que algunas de ellas sean aprobadas con dos tercios, sin embargo estamos absolutamente llanos a recibir de vuelta (en la comisión) parte de esas propuestas", explica el coordinador de la comisión, Ignacio Achurra (FA) a Emol.
"Ha sido un trabajo bien armónico dentro de esta comisión, es una comisión bastante distinta porque aborda temas que no son temas de, tal vez lo que pudiera pensar el común de la gente, tanto interés, así que nos ha permitido trabajar con bastante armonía", suma Carolina Videla (PC), una de las próximas coordinadoras de la instancia.
El informe parte con ocho artículos referidos a la comunicación y a los medios. Entre esos, están el que consagra que toda persona tiene derecho a participar en la comunicación y reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información.
El mismo incorpora que los pueblos y naciones tienen derecho a acceder en igualdad a todos los medios, en sus propias lenguas, en sus territorios o donde tengan presencia.
También hay una norma que dice que el Estado tiene el deber de respetar la libertad de prensa, mientras que el artículo 3 plantea que se fomenta la existencia de medios de comunicación "libres e independientes". Además, que se prohíbe la concentración de la propiedad de estos, y la censura previa.
El artículo 5 plantea que el Estado "contribuye a que las personas, individual o colectivamente, desarrollen sus propias iniciativas de comunicación", y otro plantea que el Estado garantiza y fomenta la educación mediática "con perspectiva de género, feminista y no sexista, derechos humanos, descentralizada y plurinacional en los medios de comunicación, de acuerdo a la forma que establezca la ley".
El artículo 7 garantiza la protección y seguridad por parte del Estado a las fuentes de información, de quienes ejercen la labor de comunicar, "de periodistas y de sus familias, especialmente las mujeres y diversidades". Finalmente, se incluye el derecho a la aclaración o rectificación para "toda persona ofendida o injustamente aludida" por un medio.
Cultura y arte
El informe también incluye el derecho a participar libremente en la vida artística y cultural; derecho a elegir y construir la propia identidad cultural; derecho a conocer, comprender y educarse en la cultura propia, diversas culturas, conocimientos, saberes y memorias; y consagra que "los pueblos y naciones preexistentes al Estado, el pueblo tribal afrodescendiente chileno y sus integrantes tienen derecho a la identidad e integridad cultural", para lo que el Estado debe "resguardar, proteger e implementar medidas de reparación y restitución de su patrimonio cultural".
Asimismo, el informe contempla un artículo que dice que el Estado "garantiza los recursos para hacer efectiva la actividad artística y cultural desarrollada por personas y comunidades", cuya distribución deberá hacerse con criterios de perspectiva de género, plurinacionalidad, inclusión y otros.
Sobre el arte, el pleno votará una norma que dice que "el Estado reconoce y valora el arte callejero y su aporte a la democratización de la vida cultural, a través de sus saberes, oficios, disciplinas y expresiones".
Conectividad digital
La comisión también abordó los derechos digitales y envió al pleno un artículo que dice que "todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación".
Además, que "el Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras". En ese sentido, un artículo plantea que se garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con condiciones de calidad y velocidad "adecuadas y efectivas" a los servicios básicos de comunicación.
En cuanto a la educación digital, el pleno votará este jueves que "toda persona tiene el derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así como a gozar de sus beneficios" y que el Estado asegurará que todos tengan posibilidad de ejercer ese derecho.
Por otra parte, un artículo dice que "se reconoce el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia en cualquier plataforma o medio digital, con especial énfasis en los grupos históricamente excluidos".
Otros derechos
"Todas las personas tienen derecho al descanso, al ocio y a disfrutar el tiempo libre. La legislación establecerá un límite máximo a la jornada de trabajo y los derechos al descanso semanal y a todos los demás derechos laborales que establezca la Constitución y las leyes". Eso también forma parte del informe que debatirá hoy el pleno.
A aquello se suma el derecho de las personas a "desarrollar, respetar y disfrutar de su corporalidad, emociones y mente, en las distintas etapas de la vida, según las necesidades que se requiera para cada una de ellas". En ese marco, se asegura el "derecho a una muerte, rito y sepultura digna, al conocimiento de las causas de su deceso como la ubicación de sus restos, para permitir la preservación de su memoria, todo de acuerdo a su cosmovisión, cultura y creencias".
Finalmente, uno de los últimos artículos reconoce la neurodiversidad y a las personas neurodivergentes, "su derecho a una vida plena, al buen vivir, autonomía y autodeterminación durante todo su ciclo vital".
El debate
El panorama para este pleno aún es incierto: las normas avanzaron con altos consensos dentro de la comisión, pero muchas veces sin el apoyo de Vamos por Chile, desde donde critican el tenor de algunos artículos aprobados.
"Aunque el informe contiene aspectos positivos como libertad de comunicación y derechos digitales, en su esencia presenta un problema común a los informes que se han votado en el pleno: establece un estatuto jurídico privilegiado para ciertos ciudadanos, como los miembros de los pueblos indígenas. En vez de reconocer que diversas culturas que existen en Chile deben convivir en un plano de igualdad y no discriminación,
hay normas que crean una desigualdad entre unos y otros", argumenta Ricardo Neumann (UDI).
Además, la cantidad de artículos y los temas que estos abordan abrió una discusión en redes sociales y entre los mismos constituyentes, sobre qué se debería incorporar en la nueva Constitución y qué no. Una de las normas cuestionadas fue la del "derecho al ocio", impulsada por la convencional Angélica Tepper (RN), pero hay otras más que, según afirman desde varios colectivos, podrían ser materia de ley.
"Hay cosas que no están bien definidas, entonces creo que hay cosas que ojalá el pleno se pronuncie y vuelvan a la comisión, para dejarlas más claras (...) Creo que hay algunas que no deberían estar en la Constitución, creo que en nuestra comisión no se hizo un filtro, cuando empezamos a votar las normas costaba mucho que se hiciera un filtro. Hay normas que se están duplicando, pero hay otras que son absolutamente materia de ley", opina Tepper, integrante de la comisión.
"Desde mi posición minimalista, yo quisiera que fueran muchos menos, pero también uno tiene que entender las demandas ciudadanas. Por ejemplo, con respecto al ocio, es una norma que en lo personal creo que es necesario que se rechace para que vuelva y se precise. Sobre el arte callejero, sí soy partidario de todas maneras, pero creo que ese artículo debería volver a la comisión porque creo que el inciso segundo es demasiado extenso y con el primero es suficiente", suma Miguel Ángel Botto (Colectivo del Apruebo).
En ese sentido, Carolina Videla (PC) afirma que "el arte callejero, por lejos, tiene que tener un reconocimiento constitucional, porque el arte callejero es la expresión artística en los espacios públicos que han sido invisibilizados, desde que la sociedad tiene esta noción de cultura desde un enfoque bien occidental y muy neoliberalizado".
En tanto, Achurra complementa que "creemos que ciertas materias claves, como los derechos digitales y el derecho a la comunicación, o elementos propios de la bioética, deben tener rango constitucional. Ahora, el pleno también es una buena posibilidad para hacer un escrutinio más colectivo de cuáles de esos elementos pudieran considerarse que son más bien materia de ley".
