La paridad fue uno de los principales aspectos que medios y agencias internacionales destacaron al inicio del proceso constituyente chileno. The Guardian, El País, la NBC o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) resaltaron que la mitad de la Convención sería integrada por mujeres, inédito en un proceso constitucional, lo que podría generar un nuevo estándar sobre igualdad de género en la política.
Previo a la inauguración del proceso, organizaciones y activistas afirmaron que esta sería una "Constitución feminista". Ahora, en vísperas del próximo martes 8 de marzo, las constituyentes feministas planean conmemorar el Día Internacional de la Mujer, también llamado 8-M, con actividades como un encuentro con funcionarias del ex-Congreso, una reunión con organizaciones sociales y, posiblemente, la participación en marchas en Santiago.
En lo concreto, en el proyecto de Carta Magna ya hay algunos aspectos que las constituyentes destacan como parte de esta "Constitución feminista". Constanza Schönhaut (Frente Amplio), exencargada del área de Derechos Humanos y justicia de género en la Corporación Humanas, valora, por ejemplo, la aprobación de la norma "que contempla un mandato al sistema nacional de justicia a configurarse en base al principio de paridad y a la perspectiva de género, tanto en su estructura interna como en la resolución de fallos", dice.
Este último punto trata el artículo 14 del primer informe de la comisión de Sistemas de justicia aprobado en particular en el pleno, donde se establece que "los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género". La norma no ha estado exenta de polémicas: académicos como Carmen Domínguez (U. Católica) o Marcelo Sanfeliú (U. Alberto Hurtado) mostraron sus aprensiones ante eventuales afectaciones a la imparcialidad de un juez o a la igualdad ante la ley. Pero Schönhaut afirma la necesidad de ella, ya que la justicia "históricamente ha reproducido estereotipos de género, que han dificultado el acceso a la justicia de mujeres y de diversidad y disidencias sexogenéricas".
Una de las áreas más relevantes para el feminismo es la igualdad en la distribución del poder. Esta semana la comisión de Sistema político aprobó en particular que "el Estado de Chile se funda en una democracia paritaria, reconociendo y promoviendo una sociedad en la cual mujeres, hombres, y diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva”", que se votaría en el pleno el 11 de marzo. Rosa Catrileo (mapuche), coordinadora de dicha comisión, considera clave la norma, porque "orienta el actuar del Estado en todo el sistema orgánico (...) va a dar voces a las mujeres en el ámbito político".
Julieta Suárez-Cao, académica de Ciencia Política de la U. Católica, dice que uno de los aspectos importantes para el feminismo en este proceso "tiene que ver con los mandatos que queden en la Constitución para una integración paritaria de los puestos electivos (...) el compromiso de la promoción del Estado de impulsar integración paritaria en otros ámbitos de la sociedad, lo que se conoce como 'política de la presencia'".
Prioridades futuras
En las comisiones temáticas aún quedan temas pendientes de debatir antes de someterse a votación en el pleno. Y las convencionales feministas tienen claro en qué quieren avanzar.
Alondra Carrillo (Movimientos Sociales Constituyentes), vocera de la Coordinadora feminista 8M, adelanta que algunos temas cuyo debate será relevante para el feminismo son el derecho a los cuidados, la perspectiva de género en el trabajo, la convivencia civil y el divorcio libre, entre otros.
La relevancia de esto, según Carrillo, "es mandatar al Estado a asumir un compromiso de igualdad sustantiva".
Para Bárbara Sepúlveda (Chile Digno), "aún queda discutir y aprobar artículos relevantes como la reformulación del sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva y paridad”. Además, agrega, falta un artículo “que incorpora un proceso de evaluación del impacto de género de los proyectos de ley a través de una asesoría técnica especializada".
En tanto, Amaya Alvez (Frente Amplio) destaca que es importante debatir sobre las inequidades territoriales, como habitar la ruralidad, "especialmente difícil para las mujeres".
Igualmente, estas normas no generan consenso transversal. Bárbara Rebolledo (Independientes-RN-Evópoli) está en desacuerdo con la forma en que el artículo 20 en la comisión de Derechos Fundamentales señala que "todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho de decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción". "Creo que en general hemos pecado de maximalistas", opina.
