En un documento preliminar presentado esta tarde en la Convención Constitucional se informó que el proceso de consulta indígena que concluyó este fin de semana logró la participación de 7.370 personas en todo el país. La consulta había iniciado el 14 de febrero, según lo que informó el órgano constituyente, y terminaba originalmente el 4 de marzo, pero su plazo se extendió hasta el 6 de este mes.
El encargado de entregar los datos fue Daniel Barrera, uno de los integrantes de la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena, quien mostró ante la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas una presentación hecha con cifras preliminares del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos.
Este instituto será el encargado de sistematizar los resultados del proceso, entre hoy y el 25 de marzo, para luego dar paso a la etapa de construcción de indicaciones o propuestas por parte de los convencionales de la comisión.
Los números preliminares, según informó Barrera, indican que participaron 7.370 personas hasta el 5 de este mes;
pero que desde ese momento hasta la fecha recibieron otras 300 respuestas más, por lo que tienen que hacer el cierre final de la información. Tampoco hay información disponible, todavía, sobre el desglose de ese número por pueblo.
La información preliminar sobre los contenidos
La dinámica permitía generar encuentros autoconvocados o participar de convocatorias de la propia Convención, en las que participaba un moderador, un facilitador y un digitador de la información.
En el proceso se hicieron tres preguntas abiertas. La sistematización preliminar de la primera, que es "Para el pueblo, ¿qué debería estar escrito en la nueva Constitución?", indica que "las palabras más relacionadas dentro de oraciones son aquellas que hacen referencia al derecho propio, al derecho al territorio y derecho al agua".
También aparecieron "con frecuencia" normativas respectivas a la salud, no discriminación, educación y aquellas relacionadas al resguardo de prácticas ancestrales.
En la segunda pregunta, ¿qué se necesitaría para que lo anterior se haga realidad?, aparece "reconocimiento al territorio ancestral indígena y su cosmovisión" y "diálogo y reconocimiento por parte de las instituciones gubernamentales", además de que tanto la cultura como la tierra sean reconocidas formalmente.
En cuanto a la tercera pregunta, ¿Qué normativa propones?, se lee "creación de una ley indígena dentro del sistema de justicia chileno"; "derechos relacionados al territorio y autonomía de los pueblos"; "derechos específicos sobre la vida de las personas, como acceso a la educación pluralista"; "derecho y respeto al ambiente" y "derechos sobre la dignidad de las personas".
Los datos aparecen un par de semanas después de que se diera la discusión sobre cuánto costaría el proceso finalmente y de dónde saldrían los recursos. La mesa de la Convención Constitucional informó que el costo estimado era de $1.400 millones, y que a través de las distintas valorizaciones de los servicios de los gobiernos regionales, estos se harían cargo del 60% de ese monto.
No obstante, en la presentación no se actualizó cuál fue el monto que efectivamente se ocupó ni cuántos trabajadores participaron en el despliegue.
