De qué forma debería quedar el artículo que garantiza el derecho a la propiedad en el borrador de nueva Constitución es parte de lo que está debatiendo hoy el pleno de la Convención Constitucional. Esto en el marco de la discusión del primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, que inició a las 10:00 y está pronosticado que concluya cerca de las 20:00.
Una vez que termine el tiempo de debate (5 horas en total), los convencionales tendrán que votar en general uno a uno los 50 artículos, y solo los que lleguen a los 2/3 avanzarán a la tramitación en particular, que será la próxima semana.
Para el derecho de propiedad, el escenario es complejo: la forma en que quedó escrito
no convence a varios sectores políticos, y, dada su relevancia, los colectivos apuestan a rechazarlo hoy para que la comisión lo revise y haga una nueva propuesta.
El texto que se votará hoy dice que la Constitución asegura "a todas las personas naturales y jurídicas el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, exceptuándose los que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y aquellos que la Constitución o la ley declare inapropiables".
Asimismo, el texto consagra que "corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, sus límites y los deberes que emanan de ella; conforme a su función social y ecológica".
"Los títulos administrativos que habiliten la prestación de servicios públicos o de interés general o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho y se someterán al estatuto que defina la ley, la cual deberá cautelar el interés social y el equilibrio ecológico", sigue.
"La función social y ecológica de la propiedad comprende los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad pública, la conservación del medio ambiente, los derechos de la naturaleza y el mejoramiento de las condiciones de vida del común de los habitantes".
En cuanto a la expropiación, la norma señala que "nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por una causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador".
Pero el punto conflictivo es el inciso que consagra que "la ley determinará también el justo monto del pago, su forma y oportunidad; y deberá considerar tanto el interés público como el del titular".
No obstante, inmediatamente dice que "el pago tendrá lugar de forma previa al acto de toma de posesión material del bien expropiado, salvo acuerdo en contrario. La persona propietaria podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio y del monto ante los tribunales que determine la ley".
El debate
"Reconociendo que este es un derecho esencial que si o si debe estar el la nueva Carta Fundamental, rechazaré en general todo lo relativo al derecho de propiedad. Pero quiero transparentar lo siguiente: el derecho de propiedad es la piedra angular de la Constitución vigente, modelo que fue diseñado para estar en el centro del sistema jurídico y tener más fuerza que casi todos los demás derechos. Yo sí quiero consagrar la propiedad como un derecho fundamental, pero no quiero que sea un supra derecho ni perpetuar una propiedad ilimitada y sagrada sin una función social consagrada expresamente", argumentó Matías Orellana (Colectivo Socialista).
En tanto, la convencional Alondra Carrillo (MSC) reconoció que la redacción de este artículo "es una de las materias más delicadas", pero criticó que en la Carta Magna actual es "uno de los elementos estructurantes del ordenamiento jurídico actualmente vigente".
Así, "una modificación de la redacción del derecho de propiedad que lo reconozca como una garantía fundamental y sea claro en los límites que tiene internamente producto de la función social y ecológica, es una cuestión que debe quedar establecida de la manera más clara y nítida posible, y entendemos que para alcanzar esa redacción probablemente sea necesario que esto sea discutido en mayor profundidad por la comisión".
"El principio que vamos a defender es que toda expropiación que debe ser por interés general (...) vaya acompañada de una indemnización, tiene que ser al valor de mercado y siempre debe pagarse de manera previa a tomar posesión del bien. Eso nos parece que es muy importante porque es darle certezas a la gente", complementó Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo).
En tanto, desde Vamos por Chile aseguraron que rechazarán la propuesta porque, entre otras cosas, no resguarda expresamente que antes de tomar posesión material del bien expropiado, se pague en dinero en efectivo y al contado.
"Algunos dicen ¿pero cuál es el problema, si se habla de justo monto? El problema es que lo dejan determinado a la ley. ¿Y si la ley dice que se paga en 24 cuotas sin interés y sin reajuste? Argumentan que es maximalista incluirlo. Francamente después de ver la guía de teléfonos que estamos armando, no veo el daño en esa línea, pero sí una precarización que desnaturaliza el derecho de propiedad", argumentó Constanza Hube (UDI).
En esa misma línea, Bernardo Fontaine (Ind. RN) alegó que "no se entiende por qué no quieren establecer lo que es de toda justicia y lógica, que es cualquier persona a la que le expropian su vivienda para pasar una autopista, un metro, lo que sea, se le pague el valor de lo expropiado. Espero que el pleno rechace la propiedad privada aguachenta que está planteada, porque es un derecho fundamental".
Entre los artículos sobre la propiedad, hay una serie de normas sobre la propiedad indígena, que establecen el derecho de los pueblos indígenas a la restitución de tierras y el deber del Estado de trabajar en ese sentido, aunque sean tierras que estén en manos de terceros o el fisco.
Estas también fueron cuestionadas durante esta jornada y se pronostica que sean rechazadas por varios sectores. Durante la discusión en la comisión, la norma no convencía a todos los colectivos políticos pero varios, sobre todo en la centroizquierda, prefirieron aprobar para dar una señal de apertura a la discusión y conseguir más tiempo para consensuar una redacción.
Una de las convencionales que defendió estos artículos fue Natividad Llanquileo (pueblo mapuche), que en su intervención explicó que las normas tenían que ver con disposiciones que ya se encuentran en diversos tratados internacionales, y que "para los pueblos indígenas y naciones preexistentes, la tierra y el territorio se extienden mucho más allá de las nociones de propiedad y posesión de los sistemas legales de la mayoría de los países occidentales, y guardan estrecha relación con la preservación y supervivencia de las culturas, pueblos y sus formas de vida".
