podrían sumarse al borrador de nueva Constitución esta jornada, cuando el pleno vote en general y en particular el segundo informe de la Comisión de Sistemas de Justicia.
No obstante, y si bien fue calificado como un "buen informe", es poco probable que se aprueben todas las normas propuestas, dado que hay algunas que generan aún varias dudas. En principio, todo lo relacionado a la regulación de la jurisdicción indígena; y el diseño e integración del Consejo de Justicia.
Sobre el sistema jurídico de los pueblos indígenas, el artículo propuesto establece que "los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a conservar, fortalecer y desarrollar sus sistemas jurídicos, que comprenden sus autoridades, instituciones, derecho propio y funciones jurisdiccionales, con pleno respeto a los derechos humanos y de la naturaleza interpretados con enfoque intercultural" y que "es deber del Estado respetar, garantizar y promover los sistemas jurídicos indígenas".
"Es necesario afinar para determinar los bordes en virtud de los cuales se va a aplicar la justicia de los pueblos originarios. Somos de la idea de que, así como aprobamos el pluralismo jurídico, esto se materialice, pero dejando claramente consignado cuál es la competencia, desde el punto de vista de cuál es la materia, las personas, y el territorio en el que se va a aplicar; o dejar claramente establecido que respecto de ello se va a tener que pronunciar la ley de coordinación", explica el convencional Andrés Cruz (Colectivo Socialista).
Las dudas se presentan en cuanto al llamado "derecho a opción" que permitiría optar entre ser juzgado por el sistema nacional ordinario o el sistema indígena. En el texto, quedó consagrado como "el derecho de las personas para optar por un sistema de justicia indígena propio o por el sistema nacional de justicia se determinará conforme a las reglas que establezca la ley".
Además, hay dudas con los recursos de revisión de los actos de la jurisdicción indígena, pues en la propuesta se establece que las decisiones de esta serán solo revisables por el "tribunal de integración plurinacional que establezca la ley". A juicio de los convencionales de centroizquierda que piensan rechazar en particular la norma, esto debería quedar establecido en una sala especializada de la Corte Suprema.
Las dudas sobre el Consejo de Justicia
Una de las innovaciones más grandes de la propuesta, el Consejo de Justicia, tiene el consenso de buena parte de los colectivos de la Convención, pues de hecho se trató de una propuesta que buscaba atender a una petición que hizo la misma Corte Suprema cuando expuso en la comisión: que les quiten las atribuciones de nombramientos y las funciones más administrativas.
En ese sentido, una de las facultades para este nuevo órgano que explicita el texto que se votará hoy es el "nombramiento de los jueces, juezas, funcionarios y funcionarias del Sistema Nacional de Justicia".
Otra de las tareas que tendrán es "efectuar una revisión integral de todos los tribunales del sistema nacional de justicia, en conformidad a lo establecido en esta Constitución y la ley".
Ese es uno de los puntos en discordia y que de hecho fue criticado por el pleno de la Corte Suprema por la posibilidad de interferir con la independencia de los jueces. El máximo tribunal ofició a la Convención esta semana para manifestar su desacuerdo con algunas normas.
Además,
hay dudas en cuanto a la composición de este órgano, pues como está diseñado hoy, estaría integrado por seis jueces; tres "funcionarios o profesionales" del Sistema Nacional de Justicia; dos integrantes elegidos por los pueblos originarios; y seis elegidos por el Congreso, previa determinación de las ternas correspondientes por concurso público, a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública.
Otras voces plantean que la mayoría de sus integrantes deberían ser jueces, como incluso lo planteó la Comisión de Venecia en sus recomendaciones, pero aquello no es bien recibido por quienes impulsan la norma como está.
"Si los jueces tienen el control de este Consejo van a poder capturarlo gremialmente. Se argumenta que esto sería importante para evitar la politización. Estamos proponiendo una integración equilibrada, donde las personas que representan al mundo judicial tienen más de la mitad de los representantes, pero no son solo jueces, sino también funcionarios", explicó Mauricio Daza (INN).
"El problema de crear un Consejo de la Justicia con una minoría de jueces ha sido alertado por la Asociación de Magistrados, por la Asociación de Profesionales del PJUD, por la Fundación para el Debido Proceso (...) todos coinciden en que un Consejo de la Justicia compuesto por una minoría de jueces corre importante riesgo de politizar los nombramientos, ascensos y labor de nuestros tribunales. Por favor miren la negativa experiencia en España, Argentina y Perú", pidió Ruggero Cozzi (RN).
Justicia feminista y cárceles públicas
En cuanto a las normas sobre justicia feminista, un punto en específico crea una sala especializada para "conocer las causas de acoso, discriminación y otras formas de violencia contra mujeres, disidencias y diversidades sexo genéricas, en coordinación con los organismos e instituciones necesarias para otorgar una respuesta estatal adecuada, oportuna e integral", lo que en algunos colectivos advierten que se podría rechazar.
"Estamos esperanzadas con este avance pero no somos ingenuas. Esta transformación será un camino que no estará exento de dificultades. Proponemos en el camino hacia la necesaria transversalización, la promoción de la especialización de base, recogiendo las recomendaciones del CIDH, las Naciones Unidas, que incluyen en sus recomendaciones la creación de tribunales especializados u otras instancias que garanticen la tramitación adecuada y expedita de asuntos de violencia", comentó Manuela Royo (MSC), una de las impulsoras de la norma.
"Es necesario extender el uso de salas especializadas para que no lleguemos a los juicios con víctimas desistidas y jueces que tratan estos temas como si fueran un hurto", aseguró Royo.
Otros cambio que hace este informe y que fue mencionado en las intervenciones de esta tarde tienen que ver con la norma de los tribunales de ejecución de penas, que en uno de sus incisos dice que "en aquellos casos que se impongan sanciones a personas indígenas, se deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, y dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento".
Además, se propone sobre los establecimientos penitenciarios que "sólo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines". Así, "la función establecida en este artículo no podrá ser ejercida por privados".
Esto fue criticado por convencionales de Vamos por Chile, que afirman que con el fin de las cárceles concesionadas se aumentaría el hacinamiento en este tipo de recintos. Desde otros sectores políticos argumentaron que el rol de los privados no ha garantizado un mejor funcionamiento del sistema.
