En una audiencia reservada, realizada el 21 de marzo pasado y cuyo contenido se desconocía, el Ministerio Público formalizó por robo y tráfico de armas a Juan Osorio, el funcionario civil del Ejército que estaba a cargo de auxiliar a la guardia el día en que se robaron 78 armas desde el Instituto de Investigaciones y Control, IDIC.
Luego que se decretara su prisión preventiva, la fiscal Tania Sirovalle reveló parte de los hechos que rodearon el delito, descartando que se tratara de un engaño, como se había informado en un principio: el imputado había dicho, inicialmente que recibió un llamado telefónico para el retiro de las armas de una persona que se hizo pasar por un coronel.
En un querella que presentó el Consejo del Estado (CDE) por robo en lugar no habitado y tráfico de armas, se entregan detalles sobre la intencionalidad de Osorio en el hecho.
“Para obtener las 78 armas de fuego marca CZ, el imputado Osorio Jofré procedió a romper con un objeto contundente por lo menos dos puertas de acceso del edificio del Banco de Pruebas, ubicado dentro del IDIC, activando incluso la alarma de dicho lugar”, consigna la acción penal.
Y agrega que “para acceder a las otras 4 armas de fuego, ingresó a la oficina del jefe del IDIC, ubicada en un segundo piso, a través de una ventana a la que se accede por una escalera de caracol. Una vez en el interior, tomó la llave que se encontraba en un cajón del escritorio, correspondiente a una caja fuerte, desde donde retiró tales armas de fuego, además de $300.000 de dinero en efectivo de propiedad del coronel S. M”.
Dos vehículos involucrados en retiro
Los actos de Osorio no solo apuntaron a la recolección de los elementos robados, sino que también a su entrega, puntualiza el CDE: “Todas las armas fueron guardadas por el imputado en un bolso de color oscuro y en cajas de cartón, las cuales transportó directamente hasta el exterior de las dependencias del IDIC, donde procedió entregar parte de estas, en dos oportunidades, al chofer del vehículo Chevrolet (...) y, en una oportunidad, al chofer del vehículo marca JAC, modelo S2, de color rojo”.
Añade el consejo en su presentación ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago que “en el presente caso y de acuerdo a la dinámica de hechos descrita en el acápite anterior, existen suficientes indicios de que el imputado Osorio Jofré forma parte de una banda delictual dedicada al tráfico de armas, habiendo hecho las veces —por lo menos en esta ocasión— de proveedor de las personas apostadas en el lugar en vehículos que fueron singularizados, al transportar y distribuir el armamento sustraído entre los indicados móviles”.
Entre otras diligencias, el organismo de defensa estatal pide el registro de las placas patentes de los automóviles involucrados en el retiro de las armas. También que se realice un levantamiento patrimonial a fin de “individualizar los bienes inmuebles o derechos constituidos sobre ellos inscritos a nombre del querellado” Osorio Jofré.
Junto ello, solicita, además, que se despache instrucción particular a través del OS9 de Carabineros o la institución que la fiscal determine para “recabar información sobre los delitos cometidos en las últimas 48 horas en los cuales se haya incautado armamento a fin de determinar si los mismos se corresponden con las armas singularizadas en la presente investigación”.
