Tras extenderse el estado de excepción hasta el 15 de abril en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, la jefatura de Defensa Nacional de Tamarugal informó que desde el pasado 12 de febrero han ingresado a la región alrededor de 5.600 migrantes de manera clandestina.
Según lo informado por La Estrella de Iquique, las autoridades sostuvieron que desde que entró en vigencia la nueva ley de migraciones, se han podido realizar 380 retornos de extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados, y todos son ciudadanos bolivianos.
El ex delegado presidencial de El Tamaragual Natan Olivos, dio a conocer el 9 de marzo que para esta fecha habían ingresado 2.700 reconducciones y eran las mismas 380 personas que habían regresado a su país.
Frente a esta situación y durante las últimas semanas el
alcalde de Colchane, Javier García, ha realizado denuncias y aseguró que
rechaza el estado de excepción, debido a que cree que no es efectivo para solucionar y regular los problemas de seguridad y la migración.
"La reconducción solamente está operando para los bolivianos y no así para los venezolanos, haitianos y colombianos, que son de todas maneras trasladados diariamente al menos con tres buses a la ciudad de Iquique y Alto Hospicio", agregó el edil comunal.
Desde la alcaldía sostienen que podrían implementar otras medidas que no afecte la vida de los vecinos de Colchane, entre estas están: la apertura del paso fronterizo o colaborar logísticamente de militares a Carabineros.
Por su parte, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, se refirió al tema y expresó que "todavía no estamos en condiciones de anunciar cuáles son las estrategias, porque requiere todavía de muchas coordinaciones y definiciones".
La autoridad señaló que la cantidad de personas que ingresan depende del día y que no todos los días entran 300 personas, esto puede variar, y agregó que "lo importante es que estamos con un estado de excepción constitucional en la frontera, que permite el despliegue de las autoridades justamente para regular y ordenar lo que está ocurriendo ahí".
El delegado presidencial afirmó que esta medida ha sido efectiva en materia humanitaria, y explicó que "esto es un problema de envergadura, que es un problema a nivel regional, latinoamericano, no se soluciona vía decretos, estos no resuelven realidades sociales que exceden con mucho o en lo que nosotros podemos hacer como país".
"Para nuestro gobierno es una prioridad poder avanzar en las investigaciones que nos permitan enfrentar de manera decidida a estas bandas que están operando, pero que no es todo el problema. Acá el error del gobierno anterior y del Estado, en general, ha sido fallar en el diagnóstico de cuál es la situación y el problema", concluyó Quinteros.
