Hasta la Contraloría llegaron este viernes el jefe de la bancada de diputados RN, Andrés Longton, acompañado de sus pares, Miguel Mellado y Camila Flores, para pedir un pronunciamiento respecto de la legalidad del accionar del Consejo Técnico de Gendarmería en relación a los beneficios carcelarios otorgados a José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, ambos condenados por el crimen de Werner Luchsinger y Vivian Mackay.
"Hemos venido a representar la ilegalidad de lo que significa la liberación de dos personas que cometieron un grave y terrible homicidio contra dos ancianos, los quemaron vivos, y los cuales cumplieron tres años de 18 de condena. No cumpliendo un requisito legal básico, que hayan tenido buen comportamiento ni la mitad de la pena", afirmó el diputado Longton, agregando que se trató de disfrazar "una decisión política, de una decisión que es técnica y jurídica".
A su juicio, "lamentablemente este Gobierno prefiere tener una agenda a favor de la impunidad, que a favor de la seguridad. Y esto se ha seguido repitiendo a lo largo de los últimos días y hoy seguimos con un hecho que es lamentable y afecta con el sentido de justicia que tienen las familias".
Según consta en el requerimiento, los parlamentarios "solicitamos sirva pronunciarse acerca de la legalidad de la Resolución Exenta N°3925, de 29 de julio de 2020, que aprueba disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la normativa vigente, nacional e internacional, referidas a pertinencia cultural y religiosa en determinadas materias, suscrita por el Sr. Christian Arnaldo Alvear Gutiérrez, director nacional de Gendarmería de Chile".
Y agregan que la resolución se refiere "a las huelgas de hambre como una forma pacífica de protesta social, en circunstancias que la norma reglamentaria vigente para todos los chilenos las califica como falta grave a la disciplina".
El diputado Mellado acusó que hay un decreto firmado por el Presidente Eduardo Frei, "donde dice cuáles son los requisitos para obtener la libertad condicional dominical. Ese decreto no fue cumplido en esta oportunidad y no fue cumplido exclusivamente, porque se firmó algo por parte del director de Gendarmería (...) Yo lamento esta decisión política del Gobierno, que metió manos a través de Gendarmería".
"Hay un requisito que es fundamental que es el arrepentimiento y ese hecho no se ha generado en ningún momento estos asesinos de este matrimonio de adultos mayores ha pedido disculpas o ha dicho que se ha arrepentido de este crimen tan vil y cobarde. Queremos saber si efectivamente existieron presiones para otorgar esta salida a estas personas o efectivamente se cumplió con todos los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico", precisó Flores, esperando que la medida se pueda revertir.
Además, en el escrito de 19 páginas, se indica que esta resolución exenta posee elementos propios de un reglamento, ante lo cual debiera dejarse sin efecto y pretender lo contrario "es jurídicamente impropio y por decirlo menos, engañoso".
Asimismo, se señala que vulnera la igualdad ante la ley "imponiendo diferencias que no se sustentan en un criterio de razonabilidad". En este punto se cuestiona el trato desigual respecto de las medidas disciplinarias ante este tipo de eventos, considerando que 'Nuestra Carta Magna, sin perjuicio de las múltiples convenciones internacionales que imponen igualmente al Estado de Chile observar un trato igualitario y sin discriminaciones'".
Otras acciones
Los parlamentarios también solicitaron que se cite a una sesión especial para el próximo martes 29 de marzo o en otra fecha, para discutir la postura y estrategia del Gobierno ante la persecución penal y la ejecución de condenas por parte de protagonistas de graves hechos de violencia que han afectado a la macrozona sur.
Paralelamente, Longton, junto a los diputados Jorge Rathgeb, Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán, Mellado, Schalper y Francesca Muñoz, oficiaron al director nacional de Gendarmería para que emita un pronunciamiento razonado que permita justificar la medida adoptada por el Consejo Técnico de la institución de otorgar el beneficio carcelario en cuestión.
Los parlamentarios, además, solicitaron el expediente administrativo completo de ambos condenados, donde conste el avance del proceso de reinserción, así como la resolución final que concedió tal beneficio.
