Cuatro normas sobre salud y educación fueron aprobadas este miércoles en general en la Comisión de Derechos Fundamentales, que ya se encuentra discutiendo las propuestas sobre derechos sociales y preparando el envío de un nuevo informe al pleno.
Se trata de una iniciativa popular de norma, dos iniciativas indígenas y una ingresada por convencionales. La primera es sobre salud, y consagra que "el Estado de Chile reconoce el derecho de toda la población al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental, espiritual, sexual y reproductiva de acuerdo a su origen cultural, y en un medioambiente saludable. Esto con el fin de que todas y todos puedan gozar del bienestar necesario para ser igualmente libres".
Además, consagra la existencia de un
sistema universal de salud financiado "a través de un fondo único que mancomune las cotizaciones de la población con impuestos generales. Estos se destinarán íntegramente a este sistema, avanzando hacia un modelo de financiamiento basado en impuestos generales de carácter progresivo y bajo los principios de la seguridad social".
Esta es una propuesta ingresada por la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), que había logrado 15.704 firmas en la plataforma de participación de la Convención. En la comisión, se aprobó con 16 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones.
La propuesta aprobada del Col. Socialista, FA e INN
En esa misma línea se aprobó una iniciativa del Col. Socialista, FA e INN (18-11-4) que asegura a todas las personas el "derecho a la salud integral", y, entre otras cosas, estipula que el Estado deberá hacerse cargo de ese derecho a través de un sistema universal de salud de carácter nacional, público e integrado, regido por los principios de "equidad, universalidad, solidaridad, integralidad, interculturalidad, pertinencia territorial, descentralización, eficacia, calidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación".
También se incluye que le corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud y la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas.
Sobre el financiamiento, se establece que será a través de las "rentas generales de la nación", y adicionalmente la ley podría determinar el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores "con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema".
Finalmente incluyen tres artículos transitorios que estipulan, primero, que los sistemas de salud de las FF.AA, de Orden y Seguridad, y los sistemas de salud contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se deben incorporar al sistema universal en un periodo que no puede superar los 2 años desde la entrada en vigencia de la Constitución. Lo mismo para instituciones privadas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo.
El último punto transitorio especifica que este sistema empezará a regir en máximo 1 año desde la entrada en vigencia de la Constitución y las cotizaciones obligatorias deberán entrar también en el mismo plazo. No obstante, deja a la ley los mecanismos y gradualidad de la entrada en vigencia del nuevo sistema y la forma en que las aseguradoras privadas dejen de percibir las cotizaciones.
Educación y el rechazo al derecho preferente de los padres
Asimismo, esta jornada se rechazaron varias propuestas que establecían diversas definiciones sobre el derecho de educación e incluían el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Entre esas, se rechazaron las propuestas de Acción Educar y la de Educación Libre y Diversa, que habían logrado 28 mil y 27 mil patrocinios, respectivamente.
No obstante, aún resta votar al menos una decena de otras propuestas y más de una aborda de igual forma ese derecho preferente.
"Por ejemplo, la iniciativa que presentamos junto al FA, INN y con el Colectivo Socialista, incorpora el elemento del derecho preferente de los padres. Aclarar que no es que ese elemento haya sido rechazado ,es más, nosotros apostamos a que esa norma va a ser aprobada el día de mañana", explicó César Valenzuela (Col. Socialista), coordinador de la comisión.
Lo que sí se aprobó (19-12-2), en cambio, fue una iniciativa indígena constituyente que establece que "las primeras naciones, a través de sus instituciones autónomas, tienen derecho a establecer, desarrollar, controlar y proyectar sus sistemas de educación ancestral en el marco de su propia comprensión y configuración de mundo".
Por eso, el Estado deberá adoptar "medidas apropiadas para garantizar que las nuevas generaciones sean educadas por las familias e instituciones tradicionales propias del territorio, en el marco de sus saberes, lenguas y conocimientos ancestrales".
También se visó una norma que consagra que "el Estado de Chile reconoce a los educadores ancestrales de los pueblos indígenas y promueve su enseñanza, diferenciándolos por el territorio a cual estos tienen pertinencia", por 17 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.
De cualquier forma, se trata de la votación en general de las propuestas. Esto significa que aún resta una discusión y votación en particular, momento en el que se pueden ingresar indicaciones que modifiquen el texto ya visado, y todavía resta el paso por el pleno de estas normas. Ahí, solo las que alcancen al menos 103 votos pasarán al proyecto de nueva Constitución.
