La Comisión de Derechos Fundamentales terminó de votar en general las iniciativas sobre educación que llegaron a la comisión, y los convencionales aprobaron cuatro textos base que luego someterán a una nueva discusión y proceso de indicaciones.
Entre las normas que recibieron respaldo están las que garantizan el derecho a una "educación integral de calidad", una que agrega que la educación superior pública será gratuita, y tres que consagran, con otra redacción, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, que ya está en la actual Constitución.
En específico, la comisión visó una iniciativa popular de norma (17 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones) que garantiza "a todas las personas el derecho a una educación integral de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género, adecuada a sus necesidades y características, con pertinencia territorial, cultural y lingüística y respeto a los principios de autonomía progresiva e interés superior de niños, niñas y adolescentes".
El artículo establece que las instituciones estatales tendrán que ser "diversas, no confesionales, de alto estándar educativo y de provisión descentralizada", y reconoce la libertad de enseñanza asegurando que "se protege el derecho de las familias de elegir para las personas a su cargo una educación de acuerdo con sus creencias, convicciones y cosmovisiones".
También permite que la comunidad cree y conduzca establecimientos educacionales "pudiendo recibir financiamiento estatal sólo aquéllos que ofrezcan educación gratuita, no persigan fines de lucro y se sujeten a las demás normas que establezca la ley".
"Sistema plurinacional de educación pública"
Asimismo, se aprobó otra iniciativa popular de norma, con 23 votos a favor, 9 en contra y sin abstenciones, que consagra que "la educación es un derecho humano esencial, indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El Estado tiene la función primordial, ineludible e indelegable de garantizar a todas las personas a lo largo de la vida su provisión gratuita y un acceso universal, permanente, inclusivo, democrático e integral".
Esta también crea un "sistema plurinacional articulado de educación pública de carácter democrático y comunitario", administrado por el Estado mediante servicios públicos, con financiamiento permanente, directo y basal. Y un presupuesto asignado de "a lo menos el 6% del PIB"
La norma estipula que educación parvularia, básica y media serán obligatorias y gratuitas; y que la educación superior pública será gratuita; y sobre la libertad de enseñanza y aprendizaje se establece "la posibilidad de toda persona, madres, padres o cuidadores de elegir establecimientos educacionales".
Además, se incluye el "respeto a la libertad de los particulares para fundar proyectos educativos privados, quienes estarán obligados a funcionar de acuerdo a los propósitos de la educación, y estarán al servicio del interés público, no respondiendo a intereses corporativos".
Ahora bien, entre las últimas normas aprobadas está la que plantea que el Estado tiene el deber de garantizar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, la que fue visada con 17 votos a favor.
La norma aprobada del FA, Col. Socialista e INN
Finalmente, se aprobó la iniciativa de los convencionales del FA, Colectivo Socialista e INN, con 21 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, que consagra el derecho a la educación "integral y de calidad, rigiéndose especialmente por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, justicia, con enfoque de género y no sexista, ambiental, y con pertinencia local, cultural y lingüística".
Sobre la libertad de enseñanza, esta plantea que "comprende el derecho preferente de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir la educación de las personas a su cargo". Y que ese derecho se ejercerá "considerando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes", además del derecho de toda persona a crear y gestionar proyectos educativos "que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios y respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación".
Se pidió la votación separada del inciso que dice que esos proyectos educativos podrán recibir financiamiento del Estado, lo que también se aprobó, con 18 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
Con esta aprobación, las normas quedan listas para avanzar al periodo de discusión en particular, donde se les puede ingresar indicaciones y modificar lo que ya se ha visado. Solo después de ese proceso, el informe llegará al pleno, y ahí todo lo que alcance los 2/3 en particular entrará al borrador de nueva Constitución.
