Durante los últimos días, el ex-Congreso ha vuelto a ser un lugar de recurrentes manifestaciones, tal como cuando se instaló allí la Convención Constitucional en julio de 2021.
El motivo es que, luego de ocho meses, la Constituyente inició la discusión sobre derechos sociales. "Por fin estamos dando el debate, el gran debate", decía este lunes el coordinador de la comisión de Derechos Fundamentales, César Valenzuela (Colectivo Socialista), cuando cerraba la jornada. Y fue más allá: "Tenemos la responsabilidad de ser los canalizadores de las demandas del estallido social, de las movilizaciones estudiantiles y de las esperanzas (...) por condiciones materiales de la inmensa mayoría de chilenos y chilenas. Acá nos jugamos el plebiscito de salida".
Es que, según
Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), “típicamente se dice que las constituciones tienen dos partes: la parte más orgánica, de regulación de los distintos órganos del Estado, y la parte vinculada a los derechos fundamentales (...). Pero además pasa algo importante y es que en Chile la discusión constitucional ha estado muy marcada por el afán de proteger de mejor manera ciertos derechos vinculados a temas sociales".
Aunque Julieta Suárez-Cao, doctora en Ciencia Política y académica de la U. Católica, afirma que "el corazón de una Constitución es el sistema político y la distribución de poder", coincide en que estos son temas importantes: "Los derechos sociales, además, si lo pensamos más históricamente, son cuestiones del siglo XX, entonces en eso Chile llega un poco tarde y quizás por eso cobra mucho más relevancia, en especial después del estallido y con el mandato claro que tiene la Convención de incorporar estos derechos sociales".
Dudas sobre la institucionalidad
Según el diseño original de la Convención, los derechos sociales se abordarían en la comisión de Derechos Fundamentales. Pero algunas de las normas fueron redirigidas a otras comisiones.
Por ejemplo, la de Medio ambiente recibió 14 iniciativas sobre derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; la de Forma de Estado deberá deliberar y votar nueve normas sobre igualdad tributaria y cargas públicas, derechos ambientales y recursos mineros; la de Sistemas de justicia hará lo mismo con 11 propuestas sobre derechos de personas privadas de libertad y amnistía; la de Principios constitucionales, con 93 iniciativas de derechos de personas mayores, mujeres, personas con discapacidad, disidencias y diversidades sexuales, migrantes, niñez y juventud, entre otras, y la de Conocimientos, con 29 normas de temas como consumidores, derecho de acceso a información, a ahorrar, a la desobediencia civil, a una muerte digna y deuda histórica de los profesores.
Igualmente, es en la comisión de Derechos Fundamentales donde está radicada la mayoría de las normas sobre vivienda, trabajo, seguridad social y pensiones, salud, educación, deporte y muchos más.
La lista es extensa y, por lo mismo, genera debate la pertinencia de abordar todos estos temas en la Constitución. "Este proceso constituyente, entre otros argumentos, supuestamente nace para permitir un mayor debate político, que las mayorías legislativas tengan más capacidades para elegir las normas y resulta que lo que va a generar una Constitución plagada de derechos, muy larga, muy maximalista, es una mayor judicialización de la política. Esto va a quedar entregado a los tribunales de cómo van a interpretar estas cosas y eso entonces es muy complejo", dice Alvarado.
Advierte también que es probable que "tengamos cláusulas muy ambiguas, muy numerosas y que queden a la discreción de los tribunales. Si antes se reclamaban trampas de la Constitución y que eso le impedía un mayor protagonismo al debate político y al legislador, eso ahora le va a pasar igualmente a esta nueva Constitución, solo que de la mano de los jueces a consecuencia de la cantidad y la ambigüedad de las cláusulas que se van a poner, al parecer".
"Las constituciones del mundo que más derechos sociales consagran son menos eficientes en poder garantizarlos, como por ejemplo de Venezuela o Ecuador. Muy por el contrario, la mayoría de los países europeos, con Estados de bienestar y redes de protección social, no mencionan los derechos sociales en sus Cartas Fundamentales o los mencionan como meros fines estatales o de política pública, pero no como derechos exigibles, por ejemplo, la Constitución alemana (...)", expuso la convencional Rocío Cantuarias (Chile Libre). Y añadió: "Cabe preguntarse entonces si debemos extender la lista y garantizar estos derechos a cualquier costo o debemos limitarlos y restringirlos para
no desatar una ola de expectativas que resultará imposible de satisfacer".
Pero respecto de qué órganos del Estado velarían por el cumplimiento de estos derechos o a qué institución podría recurrir una persona que sienta que estos están siendo vulnerados, es algo que todavía no está claro. La coordinadora de la comisión de Derechos Fundamentales, Janis Meneses (Mov. Sociales Constituyentes), dice que son temas que "se alojan en la comisión de Sistemas de Justicia" y coincide con ella Valenzuela.
Sin embargo, el coordinador de la comisión aludida Christian Viera (Frente Amplio) sostiene que es la comisión de Derechos Fundamentales la que debe proponerlo.
Por ahora, Mauricio Daza (INN), miembro de la comisión de Sistemas de justicia afirma que "(En la comisión) tenemos una acción constitucional de tutela de derechos fundamentales de incidencia colectiva, pero igual es un tema donde la comisión 4 (Derechos Fundamentales) tiene mayor incidencia". El pleno ya aprobó en particular que "Todas las personas tienen derecho a requerir de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, de manera oportuna y eficaz conforme a los principios y estándares reconocidos en la Constitución y las leyes".
Alcances
Esta semana, Derechos Fundamentales votó en general más de 180 normas. Por ejemplo, se aprobó la iniciativa popular de No+AFP que dice que la gestión y administración del sistema de pensiones "será pública y recaerá en entes autónomos sin fines de lucro"; mientras se rechazó la norma popular "Con mi plata no" que pretendía garantizar que los ahorros previsionales son de propiedad de los cotizantes. En materia de salud, se votó a favor de que exista un sistema único y universal y que los prestadores que participen de este “no podrán perseguir fines de lucro".
La comisión debe seguir revisando iniciativas de educación en su próxima sesión. Hasta ahora se han rechazado las primeras normas populares que buscaban garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos y la libertad de enseñanza.
Respecto de estas decisiones, Alvarado es claro: "Pensiones y educación son temas que las izquierdas, las mayorías de la Convención, suelen mirar de un modo muy unilateral y yo creo que no son conscientes de que la ciudadanía aspira a mayor protección social, a mejores pensiones, a mejor educación, eventualmente incluso un mayor protagonismo del Estado, pero al mismo tiempo con propiedad de los fondos y con una posibilidad relevante, significativa, clara, de poder elegir la educación de los hijos". Agrega que "eso lo pierde de vista la izquierda.
Al mismo tiempo que cree que está empatizando con la ciudadanía, puede estar sumando público en contra".
