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Comisión vota hoy más de 100 nuevas iniciativas para crear un catálogo de derechos indígenas

Varias de ellas se refieren a temas sobre los cuales las comisiones y el pleno ya han deliberado, pero van más allá. Por ejemplo, una propone que las decisiones de la justicia indígena "tienen efecto de cosa juzgada y deben ser acatadas por toda persona, órgano o autoridad pública".

08 de Abril de 2022 | 07:41 | Por Maximiliano Vega, Crónica Constitucional
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Para hoy está contemplado que la comisión de Derechos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad vote los artículos con los que esperan dar forma a un catálogo de derechos de pueblos indígenas que buscará ser incluido en la propuesta de Constitución.

El reglamento de Participación y consulta indígena señala que la comisión tiene entre sus deberes "elaborar, en base a las fuentes normativas establecidas en el presente reglamento y los resultados de la participación y consulta indígena, las propuestas de normas que conformarán el catálogo de derechos de los pueblos indígenas que se someterá a votación del pleno de la Convención".

Es así como, después de tener el informe de la consulta indígena, donde participaron 7.549 personas en encuentros territoriales realizados entre 14 de febrero y el 6 de marzo, es decir, el 0,3% de la población indígena del país según el último censo, convencionales redactaron siete nuevas propuestas que en total suman 107 artículos.

Las propusieron: Isabella Mamani (aimara), Rosa Catrileo (mapuche), Fernando Tirado (chango), Eric Chinga (diaguita), Marcos Barraza (Chile Digno), un grupo de 14 constituyentes —Barraza, Tiare Aguilera (rapanuí), Félix Galleguillos (atacameño), Luis Jiménez (aimara), Lidia González (yagán), Margarita Vargas (kawésqar), Ramona Reyes (Colectivo Socialista), Alejandra Flores, Ivanna Olivares (ambas de Mov. Sociales Constituyentes), Francisca Linconao, Natividad Llanquileo, Victorino Antilef, Elisa Loncon, Adolfo Millabur (mapuche)— y otra de Wilfredo Bacián (quechua).

Los matices


Sebastián Donoso, académico de la U. Católica, advierte que "una de las cosas que más llama la atención del documento es que incluye propuestas sobre temas en que ya existen normas aprobadas por el pleno y, por tanto, que ya están incorporadas en el borrador de nueva Constitución" o "propuestas de normas en temas que están siendo discutidos en otras comisiones".

Pero entre ellas hay énfasis distintos. Por ejemplo, la plurinacionalidad ya se votó en la comisión de Principios constitucionales, que propuso que "Chile es un Estado plurinacional que reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones dentro de su territorio en igualdad de derechos, y sin discriminación en la distribución y ejercicio del poder".

Pero la norma que se busca integrar al catálogo ahora señala: "El Estado reconoce de la existencia de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado para lograr la igual participación en la distribución del poder".

Asimismo, otra norma que proponen los escaños reservados trata sobre el "derecho propio a la administración de justicia y pluralismo jurídico" que entre sus incisos destaca: "El Estado respeta, protege y garantiza los sistemas jurídicos indígenas. Sus decisiones tienen efecto de cosa juzgada y deben ser acatadas por toda persona, órgano o autoridad pública". El pleno ya aprobó dos artículos sobre pluralismo jurídico, pero está pendiente votar en el pleno los alcances de este, por ejemplo, sobre quiénes podrá actuar el sistema de justicia indígena.

Entre las propuestas para el catálogo hay otra que establece que "el Estado reconoce los sistemas de educación de los pueblos y naciones indígenas y la educación propia", similar a la visada en general el 30 de marzo por la comisión de Derechos Fundamentales, aunque esta última dice que "es deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla".

Reiteraciones


El proyecto de Constitución ya incluye 20 artículos que recogen demandas de pueblos originarios, esto, sin contar las decenas de normas que están en los informes de los bloques temáticos de las comisiones que todavía se deben someter a votación.

Esto podría hacer que haya normas duplicadas. Por ejemplo, la comisión de Principios constitucionales despachó en uno de sus informes una norma sobre el buen vivir, que aparece dos veces en las proposiciones para el catálogo; en este último se plantea también una iniciativa sobre "control constitucional", tema que esta semana fue votado en la comisión de Sistemas de justicia para proponerlo al pleno, y se han aprobado en el pleno disposiciones que ya están en el borrador de Carta Fundamental sobre derechos de la naturaleza o el carácter oceánico de Chile que ahora se vuelven a proponer.

Al respecto, el convencional Luis Jiménez (aimara) afirma que "si de los bloques aprobados creemos que ya cumplen el estándar que nosotros estamos buscando, no veríamos necesidad de aprobarlas (...) cualquier inconsistencia, cualquier error, bueno, está la instancia de Armonización".

Otra duda que se suscita es cómo este catálogo pasaría a formar parte de la discusión constitucional, ya que el período para proponer normas a la Convención se cerró el 1 de febrero.

Criterios usados


Richard Caifal, presidente del centro de políticas indígenas Rakizuam, tiene reparos, especialmente frente a iniciativas que se proponen ahora sobre "el estatuto de propiedad colectiva indígena", "el derecho al consentimiento previo, libre e informado", "el derecho de los pueblos indígenas a la reparación" y la creación de una "Comisión de Restitución Territorial Indígena".

Para Caifal, las candidatas para el catálogo "contienen imprecisiones jurídicas que traen como consecuencia establecer criterios que van más allá de lo que señalan los instrumentos internacionales".

Por su parte, Manuel Núñez, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, considera que "hay propuestas que insisten en reiterar lo que ya establece el Convenio 169 o las convenciones de la Unesco sobre protección del patrimonio cultural en materia de no asimilación, no discriminación, autodeterminación, etc. La reiteración de estos estándares, acompañada de modificaciones puntuales de las que poco se sabe su origen, solamente deteriora la integridad de la normativa".

Pero una mirada opuesta tiene Nancy Yáñez, académica de la U. de Chile, quien opina que las propuestas “están en línea con los tratados internacionales y el desarrollo internacional de los derechos humanos" y valora que el catálogo pueda eventualmente contener “principios rectores, los derechos y los mecanismos de exigencia de esos derechos".

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