Luego de una serie de ataques incendiarios y armados en la macrozona sur, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve encabezó este miércoles un comité policial de emergencia en la Región del Biobío con el fin de coordinar medidas destinadas a la prevención y al combate de los hechos de violencia que aquejan a la zona.
La visita del subsecretario a la Región del Biobío se coordinó por solicitud de la ministra del Interior, Izkia Siches luego de que anunciara la presentación de una querella criminal por el ataque incendiario que dejó una casa patronal destruida en la comuna de Tirúa, en la provincia de Arauco, durante la noche de este miércoles.
Al ser consultado por la tipificación del delito, Monsalve aclaró que se trata de una "querella criminal por un ataque incendiario y volvemos a reiterar lo que hemos conversado en el comité policial, siempre se genera un debate respecto al estado de excepción versus la ausencia del estado de excepción. Quiero decir que el problema principal detrás de delitos de esta naturaleza es la presencia de crimen organizado".
En esa línea, el subsecretario aclaró que, en estos casos, la labor del Estado es fortalecer las "capacidades para identificar y desarticular a las organizaciones criminales que están detrás del robo de madera, detrás del narcotráfico, detrás del robo de vehículos que es lo que ocurre en esta zona, así como en otros lugares. Aquí el Gobierno puede tomar decisiones en materia de tareas preventivas y de control, puede también tomar control si son en materia de fortalecer las capacidades de las policías".
Sin embargo, la autoridad insistió en que el trabajo de persecución penal una vez presentada la querella "no es una tarea del Gobierno, es una tarea de la fiscalía. Es tan así, que durante el 2021 se presentaron cerca de un millón 200 mil querellas en todo Chile, el Gobierno a través del Ministerio del Interior presentó 37 querellas en 2021".
"La persecución penal, por mandato constitucional, está radicada en el Ministerio Públicos y en las fiscalías. El Gobierno se querella cuando hay hechos que pueden alterar el orden público y la seguridad, entonces aquí hay una tarea de persecución penal que hay que fortalecer. En ese sentido, hemos acordado generar una mesa entre el Gobierno, PDI, Carabineros de Chile y Fiscalía, porque aquí hay que fortalecer las capacidades de persecución penal", anunció.
Indicación
En ese sentido, el subsecretario explicó que para poder perseguir penalmente y poder dar con el paradero de los responsables de estos ataques, es importante la tipificación del delito y las herramientas que tienen las policías a la hora de investigar estos hechos de violencia, pues aseguró que la figura penal vigente y, por ejemplo, la Ley Antiterrorista no son suficientes.
Por ello, Monsalve comentó que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, va a presentar una indicación sustitutiva al proyecto de ley que 'moderniza delitos que sancionan la delincuencia organizada', "para dotar al Estado y, particularmente, al Ministerio Público y a las policías de la facultad de usar técnicas especiales en la investigación para perseguir, identificar y desarticular al crimen organizado".
Pues aseguró que "la persecución de organizaciones criminales se está haciendo en base a una figura penal de 1874, aquí las técnicas especiales que se utilizan, por ejemplo, en la persecución de delitos vinculados al tráfico de drogas, como los agentes encubiertos, reveladores tienen que ser técnicas que puedan aplicarse no a delitos específicos, sino que a la persecución de las organizaciones criminales".
Finalmente, al ser consultado sobre por qué el Ministerio del Interior no se querella en base a la Ley Antiterrorista, Monsalve respondió que ninguna persona ha sido condenada por delitos terroristas en la zona y que "la Ley Antiterrorista como está es absolutamente ineficaz, y por eso las figuras penales que se han utilizado para la persecución son otras, otras que deberían ser perseguidas bajos el concepto de crimen organizado y eso es lo que estamos buscando".
