Los 19 fiscales regionales y las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público nuevamente le manifestaron su opinión a la Convención Constitucional respecto de los cambios que se están proponiendo para la institución.
En una carta que le hicieron llegar ayer al organismo, en la antesala de la votación en el Pleno que se inicia hoy a mediodía, explican que lo hacen "respecto de la discusión de los cambios a la estructura del Ministerio Público en el seno de la comisión de Sistemas de justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional y, en atención a que la materia volverá a ser objeto de discusión, debido al rechazo en general del tercer informe, estimamos necesario ahondar en algunos aspectos que nos parece relevante sean objeto de vuestra consideración, aportados para enriquecer el debate desde una perspectiva práctica, teórica y operativa desde nuestra experiencia al interior de la institución".
Así, los persecutores se manifiestan en contra de la propuesta que contempla la "creación de un Consejo Superior del Ministerio Público y un Fiscal Nacional decorativo".
Dicen que "la sola existencia de un órgano colegiado hace evidente que la responsabilidad de sus miembros se diluye y en este caso en particular incluso desaparece. Lo anterior debido a que las normas propuestas respecto de dicho órgano no contemplan controles sobre las decisiones de sus integrantes y, menos aún, algún mecanismo de remoción", lo cual no ocurre ahora, indican.
Señalan que "la figura del fiscal nacional con facultades reales se torna indispensable frente a una ciudadanía que exige responsabilidad de las autoridades a través de mecanismos de control directo frente a la toma de decisiones, cuestión que no se cumple con la existencia de un órgano colegiado y un fiscal nacional meramente decorativo que funciona como representante del consejo".
Se establecen cargos "inamovibles"
La falta de procesos de remoción también afectará los procesos del Ministerio Público, aseguran los fiscales regionales. Explican que “de aprobarse la propuesta de la comisión, el resultado será que el denominado fiscal nacional y los miembros del Consejo Superior no quedan sujetos a control alguno, siendo en consecuencia inamovibles ante la inexistencia de un mecanismo de remoción”.
Y que “de mediar incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, por parte del fiscal nacional o de los miembros del Consejo Superior, ello no es susceptible de control”. Hacen el contrapunto con que sí están contemplados mecanismos de remoción, en el “mismo informe de la comisión”, de otros organismos, como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, el Banco Central, el Servicio Electoral y el Servicio Civil, entre otros.
Cortos mandatos afectarán la autonomía
La duración de los cargos también es cuestionada por los persecutores. “La propuesta contempla un período de cuatro años de duración de las autoridades encargadas de la dirección superior del Ministerio Público (miembros del Consejo, fiscal nacional y fiscales regionales), lo que en la práctica se hace coincidente con el asignado al mandato presidencial y el período parlamentario, ello atenta naturalmente contra la independencia y autonomía de la institución, por cuanto se pueden dar injerencias de las autoridades políticas de turno al ser coincidentes con sus ciclos de ejercicio”.
Subrayan que "lo anterior cobra especial relevancia si analizamos las propuestas de la misma comisión de Sistemas de justicia respecto de casi la totalidad del resto de organismos autónomos, donde se contemplan periodos más largos, lo que va en sintonía con fortalecer la autonomía de dichas instituciones: nueve años los consejeros del Banco central, ocho años el Contralor General de la República, nueve años los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, ocho años los miembros del Consejo Directivo del Servicio Electoral, entre otros".
Los fiscales regionales también piden evitar la burocratización y que “como órgano de gestión, existen múltiples materias que deben ser resueltas con la mayor premura, tal es el caso de la persecución de los delitos, así como también de la protección de las víctimas y testigos”. Y que “en ese sentido, un órgano colegiado atenta naturalmente en contra de decisiones rápidas, ya que al existir un sistema de votación necesariamente será precedido por debates donde los miembros del Consejo argumentan sus posiciones”.
Agregan que el “ejercicio de funciones administrativas por parte del órgano, tales como nombramientos y evaluaciones, así como también el ejercicio de la potestad disciplinaria, se enfrentan a múltiples actos individuales los cuales en caso de ser debatidos harán insostenible su resolución”.
Vacíos que preocupan y centralismo
Advierten, además, sobre un posible centralismo en el funcionamiento del organismo: “Las normas propuestas importan un deterioro de la participación de las regiones en la toma de diversas decisiones al interior de la institución, puesto que muchas de las resoluciones que actualmente se toman por las fiscalías regionales, tales como evaluaciones y nombramientos, pasarán a ser atribuciones del Consejo Superior”.
Los persecutores agregan que “el texto contiene inconsistencias y vacíos”, relacionados, por ejemplo, con que se “posibilita que el Consejo Superior imparta órdenes o instrucciones a los fiscales que puedan afectar investigaciones o el ejercicio de la acción penal”.
Advierten sobre “mecanismo de designación”
Finalmente, en su carta los fiscales regionales abordan la posible politización del órgano debido a los mecanismos de designación propuestos. “La composición del órgano superior de tres miembros fiscales y un funcionario o funcionaria elegidos democráticamente por sus pares, favorece la existencia de campañas internas en las que pueden influir poderes externos. Si a ello se suma la composición de otros tres miembros designados por el Congreso Plurinacional, existe un riesgo de politización del órgano persecutor que terminaría por afectar la autonomía del Ministerio Público”, señalan.
