Aunque siguen pendientes plenos deliberativos para votar las últimas normas propuestas por las comisiones temáticas, durante esta semana los ojos de los constituyentes estuvieron puestos en gran parte en las tres nuevas —y últimas —comisiones del proceso: Armonización, Normas transitorias y Preámbulo.
La de Armonización, integrada por 40 convencionales, debe revisar la coherencia del texto final de Constitución, pero con un límite, pues no puede "alterar, modificar o reemplazar una norma constitucional aprobada". La de Normas transitorias estará a cargo de fijar la transición de la actual Constitución a la nueva, de llegar a aprobarse en el plebiscito del 4 de septiembre, y estará integrada por 32 constituyentes. Y, por último, con 15 representantes de los colectivos, está la de Preámbulo, que establecerá una introducción o prólogo de la nueva Carta Fundamental.
La semana pasada quedaron establecidos los
representantes de cada comisión que sesionarán por primera vez la semana del 16 de mayo. Los escaños reservados son la mayor fuerza en ellas, con 13 cupos en total, seguidos por el Frente Amplio, con 10, y el Colectivo Socialista, con 9.
Uniformar conceptos
Una de las primeras cosas que se debatirán en Armonización es si debe o no tener más atribuciones, es decir, lápiz, goma o tijera.
Mientras que para constituyentes como Amaya Alvez (Frente Amplio) y Hernán Larraín (Independientes-RN-Evópoli) es claro que no (“La labor de la comisión de Armonización no es reabrir debates de fondo”, dice la primera; "Algo distinto sería saltarse el reglamento”, agrega el segundo), para otros como Guillermo Namor (INN) es un debate abierto: "Desde mi perspectiva, Armonización debiera tener todas las facultades necesarias para resolver las antinomias, incoherencias y vacíos que tenga el texto, y generar propuestas para ello, y el pleno decidirá si las incorpora o no”. El convencional adelanta que propondrá unificar “el contenido sobre paridad y plurinacionalidad". Arguye que en el borrador se han aprobado "distintas normas con distintas expresiones, y no queremos distintos principios de paridad o plurinacionalidad, sino un gran principio armónico de cada uno".
Bárbara Sepúlveda (Chile Digno) señala que "como feminista quiero elevar el lenguaje inclusivo (en el texto constitucional)". Agrega: "Creo que el perfeccionamiento de la estructura y la organización del texto es algo a evaluar inicialmente: escoger el orden que va a tener, la organización de los artículos, si esto va a estar dividido en capítulos".
Tammy Pustilnick (INN), en tanto, valora que la comisión "pueda proponer la fusión de artículos que versen sobre un mismo tema", y Francisca Arauna (Pueblo Constituyente) afirma que han "identificado normas repetidas. Es probable que se reduzca la cantidad de artículos; por supuesto siempre cuidando el contenido", explica.
Hasta el cierre de esta edición, según el consolidado de normas publicado por el sitio de la Convención, el borrador ya tiene más de 360 artículos, por lo cual muchos convencionales ven Armonización como una oportunidad para rebajar la cantidad de normas.
Por su parte, Ruggero Cozzi (Independientes-RN-Evópoli) asevera que a lo largo del texto "existe una enorme ambigüedad en el uso del concepto 'público'. ¿Lo público es sinónimo de estatal? Para la izquierda lo público representa solo al Estado. Aclarar ese significado es fundamental", dice.
Cosa de plazos
Este miércoles pasó al borrador de nueva Constitución “el derecho a las tierras, territorios y recursos” de los pueblos indígenas. La norma establece que “la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”. ¿Cuándo comenzará a regir?
Rosa Catrileo (mapuche) cuenta que en los próximos días los pueblos originarios conversarán sobre una norma transitoria que establezca "un mandato al legislador para regular esto, y fijar mecanismos para materializarlo. Hemos pensado en una comisión de catastro u otro órgano", asegura.
Otro tema relevante es
cuándo comenzarán a funcionar la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados, aunque para pensar en el detalle de las transitorias hay que esperar a lo que decida hoy el pleno.
Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo), integrante de la comisión de Transitorias, afirma que si pasa al borrador la Cámara de las Regiones, es partidario de que los senadores "recientemente electos terminen su mandato, y creo que el actual Congreso tiene que dictar gran parte de las normas que implementen este proceso constituyente".
Jeniffer Mella (Frente Amplio), de la misma comisión, sobre la Cámara de las Regiones, dice que como colectivo "estamos revisando si (el cambio) va a ser el 2026 o al término de este período del Senado". Además de esto, deberán proponerse medidas para cambios regionales. En este caso, Mella postula que una opción para avanzar hacia las asambleas regionales es a través de “algunas regiones como piloto".
Algo en lo que por ahora pareciera haber acuerdo es respetar los actuales períodos legislativos, y que en general se hagan cambios graduales. Sin embargo, Tomás Laibe (Colectivo Socialista) considera importante —lo dice a título personal— que la nueva Corte Constitucional, que reemplazará al actual Tribunal Constitucional, se comience a implementar entre cuatro y seis meses luego de aprobada la nueva Constitución. Menos específica en el plazo, pero clara en la meta, Carolina Vilches (Mov. Sociales Constituyentes) dice que dentro de las transitorias que los "ecoconstituyentes" desean impulsar está la derogación del actual Código de Aguas.
Por último está el tema de las garantías constitucionales. Chahin pone un ejemplo: "La única manera de poder implementar los cambios en salud sin generar un colapso en el sector público es que se haga con una gran gradualidad, es decir, no menos de 7-10 años. Pero no soy el llamado a fijar el plazo", acota
