Alcaldesa Daniela Peñaloza junto a parlamentarios de la zona e integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara.
Municipalidad de Las Condes.
Un fuerte debate en torno a la seguridad municipal se ha abierto en las últimas semanas a raíz del incremento en la violencia y hechos delictuales que afectan a distintas comunas del país.
Uno de los detonantes de ese impulso se generó tras el doble asalto a la tienda Sarika Rodrik del sector de Isidora Goyenechea en Las Condes, donde la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), hizo un llamado expreso a las autoridades del Ministerio del Interior a iniciar una mesa de trabajo con los alcaldes para abordar estas demandas.
Pero el llamado no quedó ahí. Este lunes, Peñaloza se reunió con parlamentarios del distrito y de la comisión de Seguridad de la Cámara, para
entregarles un documento -elaborado junto a Libertad y Desarrollo- que busca ser la base para la elaboración de un proyecto de Ley con dos ejes clave.
El primer objetivo, "es poder descomprimir la labor que hoy realiza Carabineros, para que su contingente pueda estar 100% en las calles y en la prevención del delito", y la segunda "es poder entregar más atribuciones a los municipios en materia de seguridad y poder entregarles herramientas legales de autodefensa a los inspectores municipales", detalló la alcaldesa esta mañana.
Asimismo, Peñaloza reiteró el llamado a la ministra del Interior, Izkia Siches y a los subsecretarios de Prevención del Delito e Interior, para reunirse a conversar "y ver cómo podemos ser un real complemento a la labor que hacen nuestras policías. Mientras tanto, confío en nuestros parlamentarios, que van a presentar estas mociones de ley".
Detalle de la propuesta
Una de las propuestas centrales del documento apunta a revisar la Orden General del 8 de octubre de 2018, que define funciones específicas que debe cumplir los funcionarios policiales en cuanto a procedimientos y vigilancia preventiva. La idea, es que Carabineros "puedan enfocar su oferta de vigilancia preferentemente hacia la prevención y, de esta manera, dicha función no esté sometida al cumplimiento previo de otras tareas".
Así, algunos de los espacios de cooperación propuestos para liberar la carga de trabajo de Carabineros son: fiscalizaciones periódicas a establecimientos de interés (botillerías, restaurantes, bares, ferias libres, juntas de vecinos, terminales rodoviarios, entre otros), donde el funcionario municipal pueda advertir a la autoridad policial de la existencia de ilícitos donde se requiere su presencia.
A ello, se suma la vigilancia de ingreso y salida de escolares de los colegios; la vigilancia de enclaves con situación de tránsito vehicular compleja; y la vigilancia de servicios extraordinarios de baja complejidad.
La propuesta también apunta a una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la que permita "autorizar a los municipios a celebrar convenios de cooperación y coordinación con Carabineros, en cuya virtud se permita que funcionarios municipales, de planta o contrata, puedan colaborar al desarrollo de diversas tareas que corresponden a la institución, como son las de tránsito o administrativas; y coordinar de mejor forma el uso de los recursos para generar acciones conjuntas en materias donde se comparten atribuciones".
Asimismo, en el contexto de la discusión sobre el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, se plantea que bajo su alero, "se permita la constitución de grupos de trabajo estratégico para maximizar el uso de la información entre organismos del Estado, tales como las policías, los municipios, Aduana, Servicio de Impuestos Internos, entre otros".
